Por un SMI territorial

Establecer un salario mínimo en el mercado laboral tiene una función económica (evita salarios a la baja a partir de un umbral y garantiza un poder adquisitivo al trabajador) y también social (protege a los colectivos laborales más vulnerables y ayuda a reducir las desigualdades). La gran mayoría de países europeos tienen establecidos salarios mínimos legales. También Japón, donde se fija por regiones y adaptado en cada territorio de acuerdo con los costes de la vida, el nivel salarial global y las situaciones específicas regionales. Incluso en Estados Unidos, donde hay un salario mínimo a nivel federal ( 7,25$/hora) que los estados pueden aumentar en su territorio (más de 30 estados lo hacen) y también en las áreas metropolitanas con el fin de ajustar los mínimos salariales a costes de la vida muy diferenciados. En muchas de estas áreas el salario mínimo supera al doble del salario mínimo federal.

En España, tras sucesivos aumentos (sobre todo desde el 2018), el SMI está establecido en 1.221 euros por 14 pagas y es único para todo el Estado. Vivas en Catalunya o en las regiones más pobres como Murcia y Extremadura, no se aplica (no se puede aplicar) otro SMI que el general del Estado, aunque el costes de la vida sea muy diferente. Por ejemplo, en Extremadura el gasto anual medio de una persona en el 2023 era de 11.100 euros y en Catalunya de 13.600, siendo las diferencias más notorias en vivienda (1.500 euros, 47% más gasto en Catalunya), alimentación (300 euros, un 16% más en Catalunya) y enseñanza (200 euros, un 220% más en Catalunya). Si de la comparación por comunidades autónomas se pasara a escalas económicas más bajas, como las zonas metropolitanas, la diferencias se dispararían debido a la gran incidencia del gasto en vivienda. Si a nivel catalán supone la tercera parte del gasto medio por persona, es fácil deducir que el Área Metropolitana de Barcelona dejaría esta proporción en ridículo.

El gasto anual medio de una persona en Extremadura en el 2023 fue de 11.100 euros mientras que en Catalunya fue de 13.600 Coste de la vida

Que el SMI, un punto de referencia para la fijación de salarios en el mercado no intervenido y para la negociación colectiva, sea el mismo en Barcelona, en Guimerà o en Almendralejo no tiene sentido por dos motivos. El primero es que, si bien la política de mercado único aplicada al caso hace muy ventajoso trabajar en tareas de salarios bajos en zonas pobres y coste de la vida más bajo (tiene potencial de efecto redistributivo del trabajo hacia las zonas más pobres), en la práctica el traslado a estas zonas está sujeto a que se creen muchos puestos de trabajo, cosa dudosísima. El segundo motivo es que no tiene sentido que una iniciativa política en curso en Catalunya proponiendo un SMI territorial que tome en consideración el coste de la vida, reciba enmiendas a la totalidad que imposibilite su discusión en el Parlament. Quizá los actores del bloqueo (izquierda y derecha de obediencia española) piensen que se tiene que debatir en Madrid. Si es así, que se pongan pronto, porque la medida es necesaria. Solo hay que mirar al país federal más liberal del mundo.