Una jueza sentencia contra el ERE de Leitat y dispara el coste del proceso

La justicia tumba parte de las salidas por el ERE que ejecutó en el 2024 el centro tecnológico Leitat, en la que participan en la directiva la patronal Cecot y la sociedad pública Acció, entre otras. Unos sesenta trabajadores interpusieron una demanda alegando que el proceso se dio sin informar de manera correcta en la negociación. Ahora se les da la razón y se declara su despido nulo, según una sentencia del Juzgado de lo Social nº1 de Terrassa fechada el pasado 6 de julio y dictada por la jueza Rosa Milán Hernández, a la que ha tenido acceso La Vanguardia. La decisión, recurrible, puede tener un impacto millonario.

La cuestión se remonta al 2024, cuando el Leitat pactó un ERE para 115 trabajadores. Este se focalizó en los empleados provenientes del centro de I+D de Esteve llamado WeLab que Leitat había adquirido en el 2020 y que se decidió cerrar al no lograr los resultados esperados. En el ERE se dieron defectos de forma, defendían los demandantes, con falta de información en la negociación de la situación económica de Leitat. Por ejemplo, se confundían y mezclaban cifras de las estructuras de fundación y la asociación en sí. La jueza señala por ejemplo una aportación de 10,8 millones como “donación” de la fundación a la asociación. “Esto demuestra que existía una caja única, hicieron ver que tenían pérdidas ficticias” en el ERE, expone Tirso Gracia, socio director de Galibier Legal, que junto a su equipo ha defendido a cerca de la mitad de demandantes. Los trabajadores de WeLab “eran personas con mucha antigüedad y salarios altos”, lo que ha elevado el impacto.

Además de la nulidad la sentencia insta a la readmisión, pero Gracia señala que no sería posible ya que el centro ya no existe. Lo que se producirá ahora es un nuevo cálculo de la indemnización para añadir los años que han transcurrido desde el ERE. El abogado calcula un “impacto teórico” de entre 17 y 18 millones de euros para el Leitat, repartidos entre salarios de tramitación, Seguridad Social y diferencias indemnizatorias. La cuantía se puede doblar porque la nulidad es extensible a todos los despedidos (115), aunque no demandaran, por lo que se pueden superar los 30 millones en un caso máximo.

El Leitat depende en buena parte de subvenciones, por lo que el coste podría asimilarlo con más recursos públicos, se afirma desde Galibier Legal. La sentencia se puede recurrir. Fuentes de Leitat señalan que “se actuó correctamente en el procedimiento, de acuerdo con toda la legalidad vigente”, que recibió el visto bueno de Treball y fue aprobado por la plantilla. La entidad analiza la sentencia y qué actuaciones llevar a cabo.