Gasto público descontrolado

Gobernar no consiste en gastar, sino en gestionar bien para que ingresos y gastos cuadren al cierre del ejercicio. Sin embargo, la mayoría de los ministros —si no todos— recurren al gasto público para resolver sus problemas, hasta llevar la situación a un punto insostenible. Así lo ha denunciado Inés Olondriz, presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef).

Los datos ofrecidos son contundentes. El Gobierno ha incumplido ampliamente las reglas financieras pactadas con la Unión Europea. El gasto público ha crecido durante el 2026 un 6,4%, muy por encima del 3,5% que había sido fijado. Esto obligaría en teoría a hacer un ajuste por valor de 10.000 millones de euros, lo que con toda probabilidad no se hará porque estamos en año electoral. No se trata de algo puntual porque se hayan tenido que financiar muchos gastos extraordinarios e imprevisibles. La realidad es que tampoco se cumplieron en el 2024 ni en el 2025 y no se cumplirán en el futuro. Las desviaciones que se están produciendo condicionan muy seriamente los próximos ejercicios. Es una hipoteca que estamos dejando para las futuras generaciones, lo cual supone una insolidaridad generacional tremenda.

El gasto público ha crecido durante el 2026 un 6,4%, muy por encima del 3,5% que había sido fijado. Esto obligaría en teoría a hacer un ajuste por valor de 10.000 millones Desfase

El incumplimiento de las previsiones de gasto público, sumado a la ausencia de presupuestos durante toda la XV Legislatura, genera una profunda incertidumbre económica y debilita la calidad institucional. Así lo ha señalado el mundo empresarial, que ha reclamado de forma reiterada la convocatoria de nuevas elecciones generales para poner fin a esta situación. Según dicen, es necesario abrir una nueva etapa en la que se respeten los compromisos adquiridos y el mandato constitucional.

Es cierto que algunos gastos aprobados en los últimos meses están justificados: 6.800 millones para afrontar las consecuencias de la guerra de Irán; 6.200 millones para reforzar la dependencia; 7.000 millones para poner en marcha el plan estatal de vivienda; otros 7.000 millones para asumir la subida del Salario Mínimo en la Administración; 10.000 millones para cumplir los compromisos de inversión en defensa adquiridos con la OTAN; y las ayudas destinadas a los damnificados por la DANA, los incendios, las riadas y otros desastres.

Lo que no está justificado es la gran cantidad de dinero público que se destina a ayudas y subvenciones sin que esté claro ni su objetivo ni su utilidad. No existe control ni auditorías externas que analicen la calidad del gasto. Hay que evitar por todos los medios que los recursos públicos terminen por motivos ideológicos en organizaciones que solo sirven para mejorar la vida y la hacienda de sus promotores.

La idea que el dinero público no pertenece a nadie está muy arraigada en la clase política española, lo que explica el derroche y el nepotismo que estamos visualizando en los casos de corrupción que se están investigando. La creación de puestos de trabajo públicos innecesarios se ha puesto de manifiesto en dos casos polémicos, como la sentencia contra el hermano del presidente Pedro Sánchez y los contratos laborales facilitados por el exministro José Luis Ábalos a sus amantes.

El despilfarro del gasto combina mal con la corrupción. Si además se le añade la voracidad fiscal y la pérdida de poder adquisitivo de la clase media no es de extrañar el desgaste que está sufriendo la izquierda en general y el Gobierno en particular.