Andorra pone filtros a la inversión extranjera

Andorra abrió en el 2012 su economía a la inversión extranjera para atraer capital y diversificar su actividad. Catorce años después, ya no todo vale. El debate ahora gira no solo alrededor de cuánto dinero es capaz de captar el país, sino de qué inversión le interesa. Sin cerrar la puerta al inversor de fuera, el Principado ha empezado a seleccionar con más cuidado quién entra, qué proyecto presenta y, sobre todo, qué actividad económica deja.

La ley de crecimiento sostenible y derecho a la vivienda, conocida como ley ómnibus, ha dado al Gobierno andorrano nuevas herramientas para ejercer ese control, reforzar el seguimiento de los proyectos y proteger el interés general en ámbitos considerados estratégicos como el sector inmobiliario, la banca, las telecomunicaciones o la energía. Un año después de su entrada en vigor, el nuevo marco empieza a dejar resultados visibles: las solicitudes denegadas han pasado de 21 en el 2023 a 89 en el 2025. También, y solo en los cuatro primeros meses de este 2026, ya se habían rechazado otras 39 solicitudes. “No se trata de frenar la inversión, sino de seleccionar mejor qué inversión queremos para el país”, defiende Conxita Marsol, ministra de Presidencia, Economía, Trabajo y Vivienda de Andorra.

El número de solicitudes bajó un 26,6% en el primer trimestre, pero su importe creció un 11,7%

Una filosofía que comparte, con matices, la Confederació Empresarial Andorrana (CEA). Su presidente, Gerard Cadena, parte de una posición abiertamente favorable al capital exterior: “Para nosotros, tan andorrana es una empresa fruto de la inversión extranjera como una fruto de la inversión local, siempre que genere riqueza, cree puestos de trabajo y aporte valor”. A su juicio, las cifras muestran que la ley ha tenido hasta ahora “un impacto localizado, no general” y ha servido para priorizar inversiones con actividad real y limitar la creación de sociedades instrumentales orientadas únicamente a obtener la residencia.

Tampoco los primeros datos apuntan a una retirada del capital extranjero. En el primer trimestre del 2026 se presentaron 307 solicitudes de inversión extranjera directa, frente a las 418 del mismo periodo del año anterior, un 26,6% menos. Su importe, sin embargo, aumentó de 117,2 a casi 131 millones de euros, un 11,7%. Menos proyectos, por tanto, pero por más dinero. Para la ministra de Presidencia, Economía, Trabajo y Vivienda, Conxita Marsol, esa evolución encaja con el objetivo de atraer una inversión “de más nivel, más calidad y mayor valor añadido”, que además sea complementaria con la actividad que ya existe en el país.

Un total de 843 operaciones inmobiliarias se llevaron a cabo en 2025 frente a las 542 del año anterior

La gran novedad, sin embargo, no está únicamente en quién consigue entrar, sino en lo que ocurre después. La ley ómnibus y su posterior reglamento han convertido la autorización en el inicio de un proceso de seguimiento. Las inversiones extranjeras directas sujetas a autorización disponen de 18 meses desde su formalización para demostrar que desarrollan una actividad económica efectiva. Para acreditarlo deben, entre otros requisitos, presentar cuentas, identificar a sus beneficiarios efectivos, disponer de una cuenta bancaria operativa en Andorra y demostrar que el proyecto empresarial se está ejecutando.

La nueva ley busca limitar las sociedades sin actividad real que buscan solo la residencia

El endurecimiento llega en un momento muy diferente al que vivía el país cuando decidió abrir su economía. Cadena considera prematuro determinar si los filtros actuales serán suficientes, pero sostiene que Andorra tiene hoy más margen para escoger. “En el 2012 Andorra no era un país homologado, todavía estábamos en las listas de paraísos fiscales y no teníamos unos impuestos homologados. Ahora todo esto ha cambiado y Andorra es un país muy atractivo y, por tanto, puede ser y debe ser más selectivo”. La incógnita, sostiene, es hasta qué punto las nuevas herramientas conseguirán incentivar la inversión productiva y reducir la creación de empresas sin actividad real.

El inmobiliario es el ámbito donde las restricciones han resultado más visibles, pero no el único destino del capital extranjero. Cadena recuerda que una parte importante de esta inversión se ha dirigido históricamente al ladrillo, igual que ocurre con el capital local, pero reivindica también su papel en la transformación de otros sectores. A su juicio, la entrada de inversores extranjeros, combinada con la iniciativa local, ha contribuido a mejorar la oferta turística y a desarrollar negocios vinculados a actividades digitales, consultoría o creación de contenidos.

En los cuatro primeros meses del año se denegaron 39 solicitudes de inversión

En el ladrillo, las cifras muestran hasta dónde ha llegado el cambio. La inversión extranjera formalizada en promociones inmobiliarias pasó de 91,9 millones de euros en el 2022 a solo 459.000 euros en el 2025. Eso no significa que haya desaparecido el interés extranjero por los inmuebles: en conjunto, la inversión foránea inmobiliaria alcanzó los 514,3 millones en el 2025, con 843 operaciones, frente a los 379,2 millones y 542 operaciones del año anterior. La ley limita las compras y la promoción extranjera y reserva esta última fundamentalmente para proyectos de alquiler sometidos a requisitos específicos, entre ellos que el 50% de la superficie útil se destine a alquiler asequible. Un requisito que en muchos países se ha convertido en un imprescindible.