Andorra avanza hacia su gran salto europeo

El próximo 19 de octubre, Andorra firmará en Bruselas el acuerdo de asociación con el que quiere profundizar en su relación económica con la Unión Europea. Más de una década después de iniciar las negociaciones, el texto ya está cerrado y cuenta con el visto bueno de los 27 estados miembros. La fotografía en la capital europea, sin embargo, no pondrá fin a este proceso. Ahora se abre la última etapa y la más incierta: después de las distintas fases de ratificación, someter el acuerdo a un referéndum entre los ciudadanos de Andorra. Cuando faltan poco más de dos semanas para la rúbrica, queda por resolver la incógnita definitiva sobre el futuro del pacto: ¿qué decidirán los andorranos cuando acudan a las urnas?

Este debate ha dividido al país entre quienes auguran que el acuerdo diversificará la economía andorrana y permitirá reducir la dependencia de sectores como el turismo y las finanzas, y quienes alertan de una cesión de soberanía y sus posibles efectos sobre el mercado de la vivienda o la inmigración. En líneas generales, el acuerdo de asociación con la UE supondrá la integración de Andorra en el mercado interior europeo, lo que implica la libre circulación de bienes, servicios, personas y capitales, aunque con algunos periodos transitorios para sectores como la banca o el tabaco para adaptarse a la realidad de este microestado. El pacto sustituirá el actual marco de relaciones con la UE, basado principalmente en el acuerdo aduanero de 1990. A cambio de las nuevas ventajas –en el plano más cotidiano, los andorranos podrán disponer de la Tarjeta Sanitaria Europea o acogerse a las tarifas universitarias comunitarias–, el Principado deberá incorporar buena parte de la normativa europea y reforzar sus mecanismos de supervisión.

Para el secretario de Estado para las Relaciones con la UE del Govern andorrano, Landry Riba, el acuerdo es la herramienta definitiva que el país lleva buscando desde hace más de dos décadas para abrir una economía excesivamente concentrada en pocos sectores. “Cuando estas actividades sufren dificultades, la economía en su conjunto se resiente. Hemos hecho muchos esfuerzos para diversificar, pero no lo hemos conseguido de manera significativa”, defiende. El alto cargo del Ejecutivo también destaca la seguridad jurídica que aportará la homologación de la normativa andorrana con la del mercado interior europeo, al que el país podrá acceder.

“Decir que sí a este acuerdo es esencial para un país pequeño como el nuestro”, insiste Jaume Bartumeu, abogado y antiguo cap de Govern d’Andorra, que en 2010 pidió por primera vez a la Comisión Europea que iniciara estas conversaciones. En su opinión, es necesario un “paraguas europeo” para protegerse en tiempos de crisis y pone como ejemplo la pandemia de la covid. En este sentido, incide en la importancia que tiene el pacto para el sistema financiero andorrano –“pequeño, pero robusto”– al no contar con un banco central ni un prestamista de última instancia.

El pacto con la UE abre Andorra a su mercado interior para incrementar las opciones de negocio

Desde la Confederació Empresarial Andorrana (CEA), su presidente Gerard Cadena se muestra favorable al acuerdo y considera que reforzará la capacidad de las compañías andorranas para internacionalizarse: “A menudo hemos visto como empresas del país tenían que crear una filial o representación en un Estado de la UE para vender sus productos o servicios”. Aun así, reconoce que adoptar la normativa comunitaria también supondrá un “esfuerzo” en ciertos casos y aventura procesos de concentración en algunos sectores.

Cerni Escalé es el líder de Concòrdia, el principal partido de la oposición en Andorra, y su candidato a cap de Govern en las próximas elecciones generales. La formación –a la que la última encuesta de Andorra Recerca i Innovació (AR+I) sitúa por delante del resto con un 37,9% de la intención de voto– se opone al acuerdo de asociación con la UE. Entre sus principales objeciones está la pérdida de soberanía que, a su juicio, comportaría el pacto y el peso que tendría Europa en la toma de decisiones del Principado. “En caso de desacuerdo sobre la incorporación de futuras normas, después de llevarlo a la comisión conjunta, sería el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) quien decidiría”, sostiene el político andorrano.

El economista Miquel Puig, a quien Concòrdia encargó un estudio sobre el acuerdo, también cree que este “no aportará nada bueno a Andorra” y destaca el impacto que tendrá sobre profesionales liberales, como los abogados o los asesores fiscales, que podrían verse desplazados por las grandes firmas comunitarias a causa del efecto de las economías de escala. En lugar de pensar en diversificar, añade este experto, el país debería potenciar su especialización, pero sin dejarse llevar por las “ganancias fáciles” de la construcción desmedida y un turismo masivo basado en trabajadores poco cualificados. “Tener cuatro oficios por si te falla uno no funciona en este caso”, opina.

Más allá del debate político, el país pirenaico llega a esta encrucijada europea con un crecimiento del PIB del 3,9% en 2025 –por encima de sus vecinas Francia y España y de la media de los 27–, un superávit de 88,3 millones de euros y una tasa de paro del 1,3%. Los servicios representan más del 80% de su economía y las actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y técnicas concentran el 45% del valor bruto añadido (VAB) en este mismo sector. Por otra parte, el comercio, el turismo, el transporte y la información generan el 31% del VAB de los servicios. Aun así, el sector que empuja ahora mismo el crecimiento de su PIB es la construcción, que ya representa cerca del 9% de la actividad económica. En paralelo, Andorra ha protagonizado uno de los procesos de crecimiento demográfico más intensos de Europa en las últimas décadas. El país ha pasado de poco más de 9.500 habitantes durante la década de 1960 a superar por primera vez los 90.000 este año.

Los detractores del acuerdo advierten de la cesión de soberanía y el impacto en inmigración y vivienda

De hecho, la llegada de nuevos residentes al país es uno de los puntos que más recelos ha generado alrededor del acuerdo de asociación con la UE. Este abre la puerta a la libre circulación de personas entre Andorra y los estados miembros, pero permite al Principado mantener un sistema de cuotas propio para regular la entrada de ciudadanos comunitarios. A grandes rasgos, se fija un mínimo de permisos que Andorra deberá reservar para estos, calculado a partir de la media de los permisos concedidos durante los últimos cinco años. Esta fórmula divide a los recién llegados entre residentes económicamente activos, pasivos y temporeros, y fija porcentajes diferentes para cada uno, de entre el 7% y el 2,5%.

Para Cerni Escalé, líder de Concòrdia, con este sistema Andorra perderá la facultad de filtrar los perfiles de los migrantes según las necesidades específicas del país. “Hasta ahora también teníamos una inversión de 50.000 euros que se requería a los trabajadores por cuenta propia (como los youtubers ), que no es compatible con el derecho europeo y no podremos pedir”, añade. Puig también considera que este cambio “no conviene” al país porque añadirá presión a la crisis de la vivienda. En el cierre de 2025, el precio por metro cuadrado de un piso en Andorra era de 4.547 euros, una cifra similar al coste medio en la ciudad de Barcelona.

Ante estos argumentos sobre inmigración, el secretario de Estado para las Relaciones con la UE, Landry Riba, asegura que las nuevas cuotas mínimas son “muy conservadoras” y se sitúan por debajo de los permisos que Andorra ha concedido habitualmente hasta ahora sin el acuerdo. Como ejemplo, señala que en 2023 el país autorizó 2.033 nuevas residencias a ciudadanos comunitarios, mientras que, con la fórmula pactada, la cuota mínima exigible habría sido de 386. “Precisamente, el acuerdo busca atraer sectores que no requieran muchos recursos humanos ni espacio físico”, apunta Riba, con el objetivo de evitar que se agrave el colapso demográfico y la tensión sobre los servicios públicos del país.

Uno de los principales estudios sobre el impacto del acuerdo es el que elaboró en 2024 Andorra Recerca + Innovació (AR+I) junto a la consultora KSNET, un análisis que proyecta a 25 años vista sus efectos sobre más de 50 variables. El informe compara el mejor escenario posible sin acuerdo con el peor escenario posible con el pacto en vigor. Su modelo concluye que el PIB sería un 0,7% superior en 2030, un 3% en 2040 y un 4,8% en 2050 gracias al acuerdo. La mayor apertura al mercado de la UE también impulsaría las exportaciones: un 7,2% en 2030, un 16,6% en 2040 y un 20,1% en 2050. “A medio plazo, en 10 o 12 años, a ningún sector le iría peor que en el statu quo, salvo las actividades profesionales”, apunta Yvan Lara, investigador de AR+I y coordinador del trabajo. Jorge Díaz Lanchas, profesor de la Universidad Pontificia Comillas-ICADE y coautor del informe, remarca que, en el plano macroeconómico, el acuerdo se traduciría en un repunte de los salarios, gracias a mejores tasas de empleo y contratación, una inflación más contenida y un aumento de la productividad de hasta el 0,5%.

Los andorranos se beneficiarían de las ventajas de la libre circulación de personas con estados miembros

En cualquier caso, la futura relación de Andorra con la UE se decidirá en las urnas del referéndum. Según la última encuesta publicada por AR+I en junio, el 46,4% de los ciudadanos se decanta por el no al acuerdo, frente al 35,5% que opta por el sí. Además, un 15,5% se declara indeciso y el 65% afirma sentirse poco o nada informado sobre el texto. Sin embargo, Lara llama la atención sobre la relación entre el grado de información y la intención de voto: el 52,5% de quienes se consideran poco o nada informados votaría en contra del pacto, mientras que entre las personas que se sienten muy o bastante informadas el sí alcanza el 51,7%.

Desde Concòrdia, su líder, Cerni Escalé, critica que la votación se haya dilatado tanto en el calendario, sobre todo ante la celebración de las elecciones generales previstas para la primavera de 2027. Riba asegura que la intención del Govern es alejar la consulta de los comicios e insiste en la importancia de un voto informado. “No se trata de convencerles de que el acuerdo será bueno para Andorra, sino de que la gente pueda decir sí o no desde el conocimiento y no desde la visceralidad”, sentencia el portavoz andorrano en las negociaciones con la UE.