El ejemplo de ‘Worth’

Me atrevo a recomendarles Worth, la película sobre Estados Unidos y el Fondo de Compensación a las Víctimas del 11 de Septiembre que la Administración Bush confió al abogado demócrata Kenneth Feinberg para indemnizar a las familias de las víctimas. La finalidad era alcanzar un acuerdo extrajudicial con ellas, y la consecución mayoritaria pugnó con la rigidez de los criterios que se debían aplicar. Salvadas las distancias y el respeto a las víctimas y sus familiares, tomemos que la excepcionalidad de una situación desgraciada puede verse reparada con soluciones apolíticas de carácter extraordinario.

También en el mundo del derecho mercantil llevamos dos años de continuo salvamento, intentando salir de la zozobra muchas empresas y particulares, incluso con la implantación, por el camino, de un nuevo texto regulador de las situaciones de insolvencia. Por razones de economía nacional y social, entre otras medidas se han prorrogado los plazos para exigir la presentación de los libros en el juzgado, los efectos de los preconcursos presentados, la renegociación de convenios de acreedores aprobados, la paralización a la solicitud de concursos a instancia de acreedores… y el pasado verano el Gobierno presentó un anteproyecto de ley para implantar la última directiva de la UE sobre situaciones de insolvencia, antes de cumplir un año el último texto legal de aplicación.

La iniciativa gubernamental, en general loable y moderna en mi opinión, ha despertado críticas de abogados, procuradores, administradores concursales y también de algunos magistrados. El ojo del huracán es la posible exoneración del crédito público con ocasión de la segunda oportunidad. El anteproyecto la niega, aplicando el criterio más severo del arco de posibilidades de la directiva europea y del llamado derecho comparado en la Unión Europea.

Los predicados y diatribas profesionales, en su mayoría interesados, han generado más de 600 enmiendas parlamentarias al anteproyecto, y opiniones autorizadas abonan que una vez aprobado este no entre en vigor hasta un año más tarde.

En mi opinión, de confirmarse la vacatio legis, de hecho se concedería a los procedimientos de insolvencia pendientes de presentación una oportunidad única para regularizar sus pasivos, incluido el crédito público. Y ante la esperada y provocada rambla de procedimientos de insolvencia, creo que Worth inspira que cabe una criba importante de las insolvencias mediante un procedimiento abreviado, dejando los mejores esfuerzos para aquellos en los que concurran responsabilidades de los gestores. De ser así, deberíamos todos coadyuvar sin excusas­.