¿Qué pasará con los 2,7 millones de personas pendientes de la renovación del alquiler?

El mercado de la vivienda de alquiler en España vive una situación inédita de inseguridad jurídica después de la derogación por parte del Congreso de los Diputados del real decreto-ley del Gobierno que permitía una prórroga extraordinaria y obligatoria de hasta dos años en los contratos de arrendamiento. 

La mayoría parlamentaria tumbó este martes el decreto que entró en vigor el 22 de marzo y que hasta ayer miércoles ha permitido que los inquilinos pudieran solicitar la prórroga de sus contratos de alquiler amparándose en la medida del Gobierno. En esta tesitura se encuentran unos 2,7 millones de personas que viven en pisos cuyos arrendamientos acaban antes de diciembre del 2027.

¿Qué pasará con los inquilinos que se habían acogido a un decreto que ya no es aplicable? ¿Y qué pasa con quienes han pedido acogerse pero su contrato finaliza después de que el decreto haya decaído? Fernando H. Valls, redactor de Economía de La Vanguardia, responde a estas y otras preguntas en el vídeo que precede a este texto durante una conversación con el vicedirector del diario, Enric Sierra.

Tras consultar con diversos expertos y catedráticos en Derecho Civil, Valls explica que la situación solo podría estar clara para los que pidieron la prórroga de un contrato de alquiler que vencía antes de ayer miércoles. Las dudas legales aparecen con los inquilinos que solicitaron esa prórroga pero su contrato de arrendamiento finaliza a partir del 29 de abril. Estas personas “están en un limbo legal y un escenario inédito”, como ha reconocido la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez.

“Nunca hasta ahora en la España democrática se había derogado un real decreto-ley con una medida tan importante como la prórroga de los contratos de alquiler de vivienda”, señala Fernando H. Valls. Según los expertos consultados, los inquilinos que habían enviado un burofax a su casero pidiendo la prórroga no tendrán derecho a ella si el contrato todavía no ha llegado a su fin. 

Esta circunstancia comportará irremediablemente una “avalancha” de demandas judiciales y los jueces dictaminarán quién tiene razón. Incluso el propio ministerio de Vivienda ha puesto a disposición el teléfono 047 para aclarar dudas a los afectados. Valls afirma que “se ha entrado en un terreno de inseguridad jurídica brutal tanto para los inquilinos como para los propietarios de las viviendas”. 

Una consecuencia práctica de esta inseguridad jurídica será la retirada de pisos de alquiler del mercado porque los propietarios no tendrán certezas sobre lo que puede ocurrir y no querrán entrar en disputas legales que pueden durar años.

¿Quién asume la responsabilidad de haber metido en este lío monumental a miles de inquilinos y caseros sabiendo que el real decreto-ley no tenía mayoría en el Congreso y, por tanto, decaería? Fernando H. Valls explica, en el vídeo que precede a este texto, la discusión interna entre PSOE y Sumar en el Gobierno de coalición y los matices que unos y otros tienen ante este conflicto.