“¿España no es país para jóvenes?”

La ofensiva contra el sistema actual de pensiones es constante y no ceja en su empeño a pesar de que los sucesivos informes oficiales y la propia Comisión Europea avalan el sistema. La acometida se basa, por un lado, en tacharlo de insostenible en el medio o largo plazo; y por otro, en calificar de desigualdad y falta de equidad la respuesta que da a unos, los jubilados, respecto al trato que reciben otros, los jóvenes. La tesis más radical es que, con el actual sistema de reparto, que supone que los trabajadores actuales paguen a los pensionistas actuales, pronto lo recaudado no dará para pagar a todos; y que, además, es un diseño sesgado en favor de las generaciones mayores. Por tanto, no sería ni sostenible ni justo.

Respecto a la sostenibilidad del sistema, las dudas son razonables, pero sin diagnóstico seguro y con puntos a favor del engranaje actual. La población española es cada vez más envejecida, y cuando se ha garantizado a los pensionistas que mantendrán el poder adquisitivo, con una adaptación automática de la paga a la inflación del año anterior, surge el interrogante de si hay garantías de que el sistema aguante o simplemente se ha aplazado el problema unas generaciones para que estalle en otro momento. Sin embargo, el dispositivo ha recibido la aprobación de la Airef, aunque sea a regañadientes y criticando la manera como le han marcado realizar el examen; y de la propia Comisión Europea.

Lo cierto es que Bruselas dio luz verde a una reforma de las pensiones en 2023 que, en lugar de reducir los gastos, que es la fórmula más usada para restablecer el equilibrio, los aumentó compensándolo con un incremento también de los ingresos. Se realizó a través del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que supone una cotización adicional a la Seguridad Social que se empezó a aplicar el año 2023, y que irá aumentando gradualmente hasta el 2029, cuando quedará establecida en un 1,2% de la base de cotización. Una segunda fuente de ingresos adicional es la cuota de solidaridad, un extra que pagan los trabajadores que superan la base máxima y que, en este caso, no cuenta para el cálculo de la pensión. De ahí, el calificativo de solidario.

Las generaciones más jóvenes son electoralmente menos atractivas frente a unos mayores perseverantes en acudir a las urnas

El planteamiento del Gobierno con la reforma de las pensiones fue el de asegurar que se mantuviera el poder adquisitivo de los pensionistas y, a partir de este punto de arranque, buscar fórmulas para financiarlo. Bruselas desconfió de la viabilidad del sistema hasta el final y no dio su aprobación hasta que se añadió una cláusula automática de salvaguarda que asegura una reacción si se detectan desviaciones. En concreto, se examina cada tres años si se sobrepasa un determinado nivel de gasto neto (13,3% del PIB), y en caso de que se supere, fuerza ajustes, en forma de recortes de gasto o aumento de cotización. El primer examen lo ha superado.

La segunda gran crítica a las pensiones es la que contrapone el estado del bienestar que proporciona a los mayores con la precariedad en que viven los jóvenes. Es la tesis del enfrentamiento generacional, de que España es un país ideal para viejos y poco apto para jóvenes. Es la que mantiene el economista José Ignacio Conde Ruiz, de Fedea y la Universidad Complutense de Madrid, cuando señala que el sistema político español está sesgado estructuralmente hacia las generaciones mayores y con un estado del bienestar diseñado para una realidad que ya no existe.

Defiende que el problema es político. Básicamente, que los mayores son más numerosos y más perseverantes en acudir a las urnas, con lo cual la oferta política se desvive para conseguir su apoyo, dejando en segundo lugar otras generaciones más jóvenes, que son electoralmente menos atractivas. Pierden gancho electoral porque representan un porcentaje cada vez más reducido del censo, su nivel de participación electoral es menor, tienen una agenda política más heterogénea y, por tanto, difícil de enfocar, y, por último, su tendencia a informarse más por las redes sociales que por los medios tradicionales les da menos visibilidad para los partidos. Para corregirlo, las fórmulas propuestas van desde dar voto a los jóvenes a partir de los 16 años hasta una adaptación del estado del bienestar a la nueva longevidad.

Es la tesis de un estado del bienestar desenfocado por el cambio en la estructura social y que no tiene soluciones fáciles. En una sociedad en que la búsqueda de culpables con argumento de trazo grueso es lo que funciona, cargar la comprensible frustración juvenil contra los baby boomers es muy tentador. Ante este problema real, unos plantean recortar pensiones, como supuesta fórmula mágica para arreglar el resto de problemas; y en el otro extremo, otros prefieren mirar hacia otro lado ante las dificultades de una generación a la que se prometieron resultados si se esforzaba, y estos resultados no llegan.

Es un dilema que ejemplifica una conversación a la que asistí recientemente. Cuando uno de los contertulios, ya jubilado, planteaba que se recortaran las pagas de los pensionistas, la suya incluida, para favorecer a los jóvenes, recibió la réplica inmediata de otro, en este caso cercano al retiro, que reclamó que la cotización de toda su vida laboral no se le podía recortar ahora. Es el choque intergeneracional endiablado, que frecuentemente se simplifica con unos reclamando recortes a las pensiones y otros exigiendo que se conserven los derechos adquiridos. Unos pueden recordar que la pensión media de jubilación se queda en 1.573 euros, mientras que otros pueden apuntar a las máximas, que llegan a los 3.359 euros y que también tienen garantizado el mantenimiento del poder adquisitivo.

En definitiva, una sociedad en la que conviven unos jóvenes frustrados por el incumplimiento de una promesa, la de que el esfuerzo tiene recompensa, y que deambulan con la losa de la vivienda encima; y unos mayores que, ya sin margen de maniobra, quieren preservar como oro en paño su jubilación a prueba de IPC.