Bruselas investiga si España concedió una ayuda de Estado ilegal al indemnizar a un grupo de renovables

La Comisión Europea ha anunciado este martes la apertura de una investigación para determinar si la indemnización de 23,5 millones de euros pagada por España al grupo de ingeniería japonés JGC Holdings Corporation por los recortes a las energías renovables de 2013 constituye una ayuda de Estado ilegal. Bruselas sospecha que el laudo arbitral que obligó a España a compensar a la firma dio a la compañía una ventaja económica respecto a otros competidores.

Este caso tiene su origen en el cambio del régimen de apoyo a las fuentes de energía renovables impulsado 2007, una medida que el Gobierno español nunca llegó a notificar a las autoridades comunitarias. Seis años más tarde, el ejecutivo decidió modificarlo y en este caso el nuevo régimen sí fue aprobado por la Comisión. Aun así, Bruselas avisó entonces que cualquier indemnización que tuvieran que conceder los tribunales arbitrales a los inversores por esta modificación podría constituir una ayuda de Estado. Por lo tanto, correspondía a la Comisión autorizar estas compensaciones.

Bruselas asegura que era su competencia autorizar compensaciones a los inversores por las modificaciones de la norma

Aunque el grupo japonés JGC –que recurrió al arbitraje del Tratado sobre la Carta de la Energía– es quien había invertido en renovables españolas, esta firma no terminó recibiendo la cantidad correspondiente a la indemnización. En 2021, un tribunal condenó a España a pagar 23,5 millones de euros más intereses por este caso, pero el país abonó esta cifra a Blasket Renewables Investment, un fondo estadounidense al que JGC cedió los derechos del laudo y que ha intentado ejecutarlo en Países Bajos, Estados Unidos y Bélgica.

La Comisión Europea mantiene que la competencia para conceder ayudas de Estado es exclusivamente suya y que el tribunal arbitral, al conceder la indemnización, sustituyó su visto bueno. Bruselas también investigará si el pago discrimina a otros inversores y distorsiona la competencia en el sector renovable. Si la Comisión finalmente concluye que se trata de una ayuda de Estado ilegal, podría obligar a España a recuperar el dinero del beneficiario.