La política expansiva de Sánchez

Es momento de apretarse el cinturón, pero Pedro Sánchez apuesta por reforzar la política expansiva que ha marcado sus ocho años de gobierno. Así quedará reflejado en el proyecto presupuestario que, previsiblemente, el Gobierno debería enviar al Parlamento antes del 30 de septiembre, como establece la Constitución.

El presidente quiere evitar lo ocurrido al canciller Friedrich Merz, cuyo partido, la CDU, ha sufrido una derrota electoral histórica en los recientes comicios locales de Mecklemburgo-Pomerania Occidental, tras otro revés igualmente contundente en Sajonia-Anhalt. La principal beneficiada ha sido la extrema derecha de AfD, que incluso superó a la socialdemocracia. El aumento de la inflación, la gasolina, los tipos de interés y la vivienda han generado un clima de malestar aprovechado por los partidos más radicales.

Los gobiernos saben qué ajustes exige la economía, pero el verdadero dilema es cómo aplicarlos sin asumir un elevado coste electoral Coste electoral

El llamado austericidio siempre ha dado malos resultados electorales. La clase media trabajadora pierde poder adquisitivo desde la pandemia de la covid y no quiere oír hablar de sacrificios, menos aún si se destinan a defensa o a la ayuda militar a Ucrania. En España, el Gobierno de coalición progresista parte de una posición muy desfavorable según todas las encuestas, debido a la política migratoria, especialmente tras la regularización de más de un millón de inmigrantes sin papeles y el desbordamiento masivo de la frontera de Ceuta. A ello se suman los casos de corrupción y un calendario judicial amenazante para el presidente del Gobierno­.

En este escenario, Sánchez no puede permitirse que la carestía de la vida provoque protestas en las calles. Es tiempo de reivindicaciones, y tanto los agentes sociales como sus socios del bloque de investidura lo saben. El primer conato ha sido el de los agricultores, a quienes se ampliaron de inmediato las ayudas y subvenciones al gasóleo y los fertilizantes; después llegarán la pesca y el transporte en general. A los pensionistas se les garantiza el poder adquisitivo y la mejora de las pensiones más bajas, pese al déficit y la deuda de la Seguridad Social. También reclamarán médicos, sanitarios, funcionarios y muchos otros colectivos. Como dice la sabiduría popular, el que no llora, no mama.

Sin embargo, la realidad es difícil. Los principales motores externos del crecimiento de la economía española empiezan a debilitarse. Desde el conflicto en Oriente Medio, la factura energética de España acumula un sobrecoste adicional de 8.800 millones de euros. La subida de los tipos de interés hará que el pago de intereses de la deuda del Estado supere los 40.000 millones. También se han agotado los 25.000 millones anuales que recibíamos de la UE mediante las ayudas Next Generation. Además, ya no es posible mantener la llegada de más de medio millón de inmigrantes al año, que impulsaban el consumo y la producción.

El fuerte aumento de la inflación ha situado a nuestros socios europeos al borde de la estanflación, por lo que no cabe esperar más ayudas. Los países frugales han rechazado de plano la propuesta del vicepresidente económico, Carlos Cuerpo, de flexibilizar las reglas fiscales y el presupuesto de la Unión Europea. En esta coyuntura, los economistas ortodoxos recomiendan reducir el gasto y pedir más austeridad a la población para afrontar el encarecimiento de las importaciones, en especial las energéticas. En realidad, todos los gobiernos saben qué deben hacer; lo que desconocen es cómo aplicarlo sin perder las elecciones.