El sector de la vivienda alerta que el decreto Maricarmen desincentivará la oferta

El sector de la vivienda y empresarial ha recibido los decretos Maricarmen con gran preocupación. Promotores, propietarios, agentes inmobiliarios y empresas alertan de que las nuevas medidas impulsadas por el Gobierno, aún pendientes de su convalidación en el Congreso, pueden retraer la inversión y reducir la ofertan, ya de por sí insuficiente. Y aunque comparten la necesidad de proteger a los hogares vulnerables, reclaman que las administraciones asuman esa responsabilidad en lugar de trasladarla, a su juicio, al propietario privado.

Desde la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE) se anticipa un cambio de destino de las nuevas promociones. Su presidente, Xavier Vilajoana, afirma que los empresarios trasladarán los proyectos concebidos para el alquiler hacia la compraventa a causa de la inseguridad jurídica. “Nuestros asociados nos están informando que planean llevar sus promociones destinadas al alquiler hacia la venta para evitarse problemas”, señaló ayer.

La patronal teme una sequía inversora en vivienda de alquiler, aunque apunta que su alcance dependerá también de la legislación de cada comunidad autónoma.

Vilajoana sitúa los decretos en una “vorágine legislativa” de parches que, a su juicio, compromete las soluciones futuras del mercado. Frente a ello, reclama reformar la ley del suelo para desbloquear miles de viviendas e impulsar la construcción.

“Una reforma de esta magnitud debería ser el resultado de un diálogo amplio”, consideran

Para la asociación de propietarios Asval, los decretos de vivienda suponen una “ruptura del ordenamiento jurídico español y de los principios constitucionales”. Por ello, anticipan un “destrucción de la oferta” y ponen el énfasis en la necesidad de edificar para paliar el déficit de vivienda que sufre el país, cifrado en 750.000 unidades para el periodo 2021-2025 por el Banco de España. La escasez superará el millón de viviendas para 2028. “El escudo social no puede ser el pequeño propietario particular”, añaden desde la entidad. Por ello, reclama retirar los decretos y elaborar un nuevo texto en el que participen las comunidades autónomas y os agentes del sector.

En la misma línea se manifiesta Foment del Treball. Su presidente, Josep Sánchez Llibre, acusa al Estado y a la Generalitat de impulsar una “socialización encubierta” del patrimonio de miles de personas que han ahorrado para comprar una vivienda y complementar sus ingresos.

Por su parte, Pimec pone el énfasis en dar seguridad jurídica y aumentar de forma efectiva la oferta. La patronal distingue el primer decreto de la renovación automática de contratos anunciada para el segundo. Advierte de que esta última puede desincentivar nuevos alquileres si impide prever la duración del compromiso o limita de forma desproporcionada la recuperación de la vivienda.

Sobre la protección frente a los desahucios, Pimec valora que la Administración deba, en los supuestos previstos, ofrecer una alternativa residencial o pagar o consignar la deuda en dos meses. Reclama, sin embargo, presupuesto y garantías de cobro. El reconocimiento legal de una deuda, subraya, no sustituye el pago efectivo.

También los API de Catalunya alertan de los efectos de la incertidumbre legal. “Compartimos el objetivo, pero cuestionamos el camino”, afirma Montserrat Junyent, presidenta del Colegio de API de Barcelona y de la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Catalunya. Si un propietario no sabe cuándo podrá recuperar su piso, argumenta la entidad, puede decidir no alquilarlo. Uno de los puntos que más cuestionan los agentes de la propiedad es la precipitación con la que se han redactado los decretos.

“Una reforma de esta magnitud debería ser el resultado de un diálogo amplio con todos los actores implicados y de una evaluación previa de los efectos de las medidas adoptadas hasta ahora”, insisten. Antes de añadir nuevas capas legislativas –continúan– hay que saber qué funciona y qué no.