El Parlamento de Japón ha aprobado este viernes la reforma de la ley de la casa imperial para mitigar la cuestión de la paulatina reducción de la familia imperial japonesa —en crisis hace años por la falta de herederos varones en la familia—, pero la modificación de la regla mantuvo el tradicional sistema de sucesión al trono exclusivamente por vía masculina, a pesar del apoyo público a la posibilidad de tener emperatrices de sangre real.
Esta reforma, la primera alteración sustancial de la ley desde 1947, introdujo solo dos cambios. Por un lado, permitir la adopción de varones solteros de 15 años o más procedentes de antiguas ramas de la familia imperial, que sean descendientes de antiguos emperadores por línea masculina, y, por otra parte, autorizar a las mujeres de la familia a conservar su estatus imperial incluso tras contraer matrimonio con personas ajenas a la realeza.
Hasta el momento, cuando una princesa japonesa se casaba dejaba de formar parte de la familia, pero ya no será así para asegurar el número de miembros de la familia imperial que llevan a cabo tareas oficiales. Sin embargo, la resolución de este viernes no ha abordado si estas mujeres o sus descendientes podrían acceder al trono al considerar prematuro explorar esa opción. Lo que sí está claro es que, por el momento, los maridos e hijos de estas princesas no tendrán estatus real.
A pesar de estos cambios históricos para la monarquía hereditaria más antigua del mundo, son tímidos e insuficientes si se comparan con la opinión de los japoneses. Pues al contrario de esta continuidad normativa en cuanto a la sucesión al trono femenino, la opinión pública nipona parece mostrarse más abierta al cambio. En mayo, una encuesta de Kyodo News reveló que el 83,0 % de los encuestados apoyaba permitir la sucesión a emperatrices de la familia imperial, mientras que el 13,1 % se oponía a la idea.
La coalición conservadora gobernante, liderada por la primera ministra Sanae Takaichi, ha sido objeto de críticas por parte de legisladores de la oposición debido a la insuficiencia de los debates parlamentarios sobre esta reforma y condenaron la negativa a considerar la posibilidad de que una mujer ocupe el trono imperial. “Agradezco profundamente la aprobación de la ley”, ha declarado Takaichi en sesión parlamentaria, subrayando que su propósito era “garantizar un número estable de miembros de la familia imperial”.
Por tanto, la solución principal a la crisis sucesoria que aporta esta modificación legal es que descendientes varones solteros de las 11 antiguas ramas familiares —que perdieron su estatus real tras el final de la Segunda Guerra Mundial— se integren en la actual familia imperial, compuesta por 16 miembros. Se dice que la monarquía hereditaria de Japón se remonta a más de 2.600 años atrás, incluyendo a los primeros emperadores cuya existencia es objeto de debate, así como a varias emperatrices que reinaron hace siglos. El trono se ha transmitido invariablemente a través de la línea masculina.
La primera vez que se puso en entredicho la ley sálica en el país fue ante la crisis de sucesión en los 2000. Fue un tema candente sobre la familia imperial por la falta de herederos varones. Antes del nacimiento en el 2006 del sobrino del actual emperador Naruhito, el príncipe Hisahito, —segundo en la línea sucesoria tras su padre, el príncipe Fumihito— no había un heredero claro al trono de crisantemo. En cambio, a la princesa Aiko de Japón, única hija del emperador Naruhito y la emperatriz Masako, no se la incluye en la línea sucesoria, igual que a las hermanas mayores de Hisahito, la princesa Kako y Mako Komuro, quien perdió su estatus real y se mudó a Nueva York al casarse en octubre del 2021.
El gobierno japonés había debatido en varias ocasiones sobre la ley sálica, sobre todo en esos años que había urgencia de garantizar un heredero, pero tras la llegada de Hisahito no se implantó ninguna nueva norma. Y esa marginación pública de las princesas japonesas al casarse con hombres ajenos a la familia imperial fue incluso criticada en un informe de varias organizaciones no gubernamentales.
Hasta que a principios del 2025 se produjo un choque entre la ONU y Japón tras emitir un informe el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer que afirmaba que la ley sucesoria japonesa discrimina a las mujeres por no permitirles ascender al trono, entre otras cuestiones.
El anterior primer ministro, Shigeru Ishiba, anunció que se aseguraría de que las aportaciones voluntarias japonesas al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) no se usen para ninguna actividad del comité sobre discriminación a la mujer que emitió esos juicios. “La elegibilidad para ascender al trono no está incluida en los derechos humanos fundamentales, por lo que limitar la sucesión a los varones no es discriminatorio”, añadió entonces el ministerio de Exterior nipón, señalando que es un asunto interno.
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Buen análisis, ayuda a entender el contexto de la noticia.
Se agradece el rigor y las fuentes contrastadas.
Excelente trabajo de la redacción, como siempre.