Ortega intensifica su dictadura en Nicaragua con el anuncio de que no habrá más elecciones

A un año de terminar su actual mandato, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ha anunciado que no habrá más elecciones en el país para evitar que sus opositores “atrapen el Gobierno”. De esta forma, el autócrata sepulta definitivamente la democracia y confirma sus planes de perpetuarse en el poder, el cual comparte con su esposa, Rosario Murillo, forjada como él en el movimiento sandinista.

“Se acabó la historia de que los partidos puestos por los yanquis, puestos por los somocistas, vuelvan a llegar al Gobierno. Jamás, jamás”, aseguró Ortega la noche del domingo, en un acto multitudinario celebrado en Managua para conmemorar el 47 aniversario de la revolución sandinista. “¡Que se olviden! Aquí ⁠no volverá a haber elecciones”, sentenció el mandatario, que también anunció que trabajará con el Parlamento y las instituciones correspondientes para aprobar las leyes que permitirán imponer “un muro” a los grupos de la oposición –o, en palabras del dictador, a los “golpistas” y “vendepatrias” –.

Ortega, de 80 años, es el líder más longevo de América: lleva gobernando Nicaragua desde el 2007. En todo este tiempo, ha sometido al país a una profunda involución democrática que ha derivado en la dictadura actual. El deterioro institucional se aceleró a partir del 2018, cuando el exguerrillero reprimió con gran dureza una oleada de protestas antigubernamentales. Más de 300 personas murieron entonces por la acción de las fuerzas del orden, según estimaciones de diversos organismos de derechos humanos. 

Cuatro años después, el dirigente asumió su actual mandato –el cuarto consecutivo– tras imponerse en unos comicios a los que no se presentó la oposición, hostigada y criminalizada por un régimen que también persigue con ahínco a las oenegés, la prensa y la Iglesia católica.

En plena carrera para consolidar su dictadura, el año pasado, Ortega hizo que el Parlamento aprobara una reforma de la Constitución que finiquitó la separación de poderes del Estado y otorgó un poder total al presidente y su mujer –que también vieron cómo su mandato se extendía de cinco a seis años–. Tanto la ONU como la Organización de Estados Americanos, Estados Unidos y la Unión Europea expresaron su rechazo a ese cambio legislativo, pero las palabras de condena no sirvieron para detener las ambiciones del líder nicaragüense, que ahora se muestra dispuesto a traspasar una nueva línea roja al eliminar de raíz cualquier posibilidad de alternancia política.

Y todo eso sucede mientras la represión interna continúa. Según datos recientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en Nicaragua hay cerca de 50 presos políticos, 11 de los cuales están en paradero desconocido. Asimismo, el régimen ha despojado de su ciudadanía a casi 550 personas y ha clausurado más de 5.600 organizaciones no gubernamentales, 29 universidades y 58 medios de comunicación. 

Triste balance para un gobernante que dedicó su juventud a derrocar a otra dictadura, la de la familia Somoza. Nada queda ya de aquella utopía sandinista: el sueño revolucionario hace tiempo que derivó en pesadilla totalitaria.