“Alianza europea para deportar”

Los campos de deportación de migrantes fuera de la Unión Europea están cada vez más cerca de ser una nueva realidad. Cinco países de la Unión Europea –los Países Bajos, Dinamarca, Austria, Grecia y Alemania– han formado su propia alianza para estudiar dónde crear, de forma compartida, un nuevo “centro de retorno” de migrantes que copie el modelo de los creados por Giorgia Meloni en Albania. Todavía no tienen un lugar decidido ni quieren revelar los candidatos por miedo a que descarrilen las negociaciones, pero sí hay trabajos técnicos en marcha para encontrar tanto el modelo adecuado como los posibles terceros países dispuestos a acoger a migrantes comunitarios a cambio de privilegios en los tratos con la UE, como visados o preferencias comerciales.

La fórmula es similar a la de la “coalición de voluntarios” para defender a Ucrania en caso de un alto el fuego. En lugar de aportar soldados o tanques, en esta alianza para deportar se busca compartir contactos diplomáticos, una lluvia de ideas para el nacimiento de una de estas estructuras que en Bruselas ya se conoce como una “solución innovadora” para poner freno a la inmigración.

Aunque a priori parecía una aventura complicada de materializar, sobre todo por las dudas legales que despiertan estos centros, los políticos de estos países no quieren que se demore más y lo ven como un objetivo realizable a corto plazo. El ministro de Migración neerlandés, Bart van den Brink, ha asegurado que esperan dar más detalles sobre la concreción de este plan ya en otoño. La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, ha ido más allá al poner una fecha y decir que entre el 2026 y el 2027 nacerá el primer centro de deportación fuera de la Unión Europea. Pese a ser socialdemócrata, Frederiksen es una de las grandes defensoras de este sistema contra la inmigración.

Su posición es claramente popular en un Consejo Europeo con una mayoría de gobiernos conservadores. En la última cumbre europea en Bruselas, 19 países fueron más allá al firmar una carta que pedía a la Comisión Europea que apoye financieramente esos polémicos centros con fondos europeos. “Lideraremos personalmente el camino para que nuestras visiones se hagan realidad”, aseguraba la carta conjunta, publicada por el Gobierno italiano. “Alentamos a los estados miembros que estén dispuestos a buscar estas soluciones y a colaborar con posibles socios. Asimismo, alentamos a la Comisión a que siga apoyando a los estados miembros en estos esfuerzos, incluso con recursos financieros, e invitamos al Acnur, a la OIM y a otras organizaciones internacionales pertinentes a participar activamente en el proceso”, continuaba.

De momento, el Ejecutivo comunitario está esperando a que haya alguna propuesta concreta para posicionarse, y un portavoz respondió, preguntado por el tema, que “los próximos pasos están en manos de los estados miembros”. Pero, si la UE deja esta carpeta en manos de los Veintisiete, la dirección es clara, ya que los gobiernos también han acordado que trabajarán en el diseño de un instrumento financiero enmarcado en el próximo presupuesto comunitario –que se está negociando ahora– para financiar con fondos comunitarios esos centros de deportación en el extranjero.

Todo es posible gracias al reciente acuerdo entre el Consejo (los estados) y el Parlamento Europeo para el polémico reglamento de retornos que, entre otras cosas, avala que los estados miembros creen centros de detención y deportación de migrantes en terceros países como los que Italia ha construido en Albania. La Eurocámara, más escorada que nunca, celebró la luz verde al trámite final con un estallido de la ultraderecha, que coreó “send them back” (mandadlos de vuelta, en inglés) frente al estupor de la izquierda comunitaria, que respondió con “shame on you” (dais vergüenza) evidenciando la profunda división que genera la norma. Después, la presidenta de la Cámara, Roberta Metsola, condenó los cánticos “agresivos” y las grabaciones de vídeos hechas a otros diputados y prometió tomar “las medidas necesarias para garantizar que las escenas que presenciamos el mes pasado no se repitan jamás”.

El asunto preocupa al Consejo de Europa, el principal organismo europeo de control de los derechos humanos, quien ha enviado cartas a los ministros encargados de política migratoria de estos cinco países para advertirles de que los centros de retorno y otros acuerdos para trasladar a ciudadanos extranjeros a terceros países plantean “riesgos considerables para los derechos humanos”, incluidos los malos tratos y la detención arbitraria. El autor del documento, su comisario para los Derechos Humanos, Michael O’Flaherty, les presenta “cuatro medidas de salvaguardia”: una evaluación exhaustiva de los riesgos para los derechos humanos antes de emprender cualquier acción, que los planes estén sujetos a un seguimiento riguroso y se rijan por acuerdos jurídicamente vinculantes con garantías de derechos exigibles, y también se enfrenten al escrutinio parlamentario, judicial y público.

Mientras Alemania o Italia no tienen tantos miramientos, España y Francia han reiterado claramente a sus colegas europeos sus reticencias al proyecto. En la última cumbre comunitaria, no solo Pedro Sánchez indicó que es un “trampantojo, si se quiere, que simplemente malgastará recursos económicos, y Europa no tiene muchos”, sino que también el presidente francés, Emmanuel Macron, se mostró escéptico. “Respeto mucho a quienes quieren hacerlo, pero no estoy de acuerdo, ni desde un punto de vista pragmático ni de principios. Creo que no tiene nada que ver con la política europea”, sostuvo el líder francés. También expresó sus dudas sobre su eficacia: “Para empezar, nunca he visto funcionar un centro de retorno en un tercer país”.