El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha dado este lunes inicio a un nuevo curso marcado, como el anterior, por el desafío legal de un presidente, Donald Trump, obsesionado con concentrar más poder en el ejecutivo e invadir las competencias del Congreso y los tribunales. A menos de un mes de las elecciones legislativas, cuyo resultado en el Senado determinará la capacidad de Trump de nombrar a nuevos jueces en caso de muerte o jubilación, los nueve magistrados han escuchado hoy los alegatos iniciales del caso más importante sobre el cambio climático que ha llegado al Supremo en las últimas dos décadas.
El alto tribunal deberá resolver la disputa entre el condado de Boulder (Colorado) y las gigantes energéticas Exxon Mobil y Suncor Energy, empresas acusadas de haber engañado a la población sobre los daños producidos por sus combustibles fósiles. En caso de posicionarse a favor del demandante, los jueces sentarán precedente sobre la capacidad de los gobiernos locales de exigir responsabilidades a las empresas por sus daños causados, una decisión que podría ir más allá del impacto medioambiental.
El resultado de las elecciones al Senado determinará la capacidad de Trump de nombrar a nuevos jueces para el Supremo
En el 2018, el condado de Boulder presentó una demanda contra estas dos compañías, en la que las acusaba de saber y ocultar desde hacía décadas que los combustibles fósiles iban a dañar el medio ambiente, aumentando el riesgo de inundaciones, así como el calor extremo y los incendios forestales. Tres años después, el incendio Marshall arrasó el condado, lo que dio más argumentos a Boulder, que desde entonces exige una compensación por los costes asociados a los efectos del cambio climático.
Este es el primer caso de los 28 que han aceptado tomar los nueve jueces del Supremo en este curso judicial, aunque probablemente terminen escuchando más del doble, pues la acción de gobierno de Trump, a base de órdenes ejecutivas, se ha caracterizado por un choque constante con la separación de poderes.
Entre los ya admitidos, se encuentra un caso esencial para la política migratoria de la Casa Blanca: la posibilidad deportar a inmigrantes a terceros países, lejanos al lugar de origen, sin garantías de que vayan a poder desarrollar una vida digna y segura. El Supremo permitió la semana pasada seguir llevando a cabo esta práctica –que ha llevado a decenas de miles inmigrantes a El Salvador, Eswatini, Liberia o Sudán del Sur–mientras estudia una resolución definitiva al caso.
Otro caso que llegará próximamente al Supremo es relativo a la Segunda Enmienda de la Constitución. Concretamente, el alto tribunal deberá decidir si los estados pueden prohibir los rifles semiautomáticos tipo AR-15, causantes de la mayoría de tiroteos masivos en el país. El caso enfrentará el derecho a portar armas de este tipo, simbólicas para los defensores de la Segunda Enmienda, con la potestad de estados como Illinois y Connecticut, que ya legislaron para prohibirlas.
El Supremo todavía no ha decidido si aceptará otro caso que podría ser muy relevante en este nuevo curso: la ley de Texas que obliga a las escuelas públicas a colgar en sus aulas los Diez Mandamientos. El Supremo podría decidir si esta polémica ley, impugnada por tribunales inferiores, es inconstitucional, en base al precedente de un fallo similar en 1980 contra el estado de Kentucky, o por lo contrario crear nueva jurisprudencia en defensa de la expresión religiosa cristiana.
A pesar de la mayoría conservadora en el Supremo, y del hecho que tres de los magistrados fueron nombrados por el propio Trump en su primer mandato, el presidente ha criticado con fuerza al alto tribunal en el último año. Entre otros fallos de gran relevancia, tumbaron este verano gran parte de la política arancelaria del presidente, al dictaminar que había invadido la autoridad del Congreso al decretar impuestos sobre la importación en base a declaraciones de emergencia nacional.
Recientemente, estos jueces también bloquearon un decreto con el que Trump trató de restringir y supervisar a nivel federal el voto por correo; rechazaron su intento de evitar la compensación millonaria a la escritora Jean Carroll, quien logró su condena por abuso sexual y difamación; tumbaron su intento de eliminar el derecho a la ciudadanía por nacimiento, y han bloqueado repetidamente una serie de mapas electorales ventajosos para los republicanos de cara a las legislativas.
Trump carga contra los tres jueces a los que designó en su primer mandato: “Les di el trabajo de sus vidas y votan siempre contra mí”
Sin embargo, estos mismos magistrados también han otorgado al mandatario importantes victorias en los últimos años, desde la derogación de las protecciones federales al aborto, pasando por una menor regulación armamentística y medioambiental, hasta el fallo con el que en el 2024 otorgaron una amplia inmunidad al presidente por los delitos cometidos durante su mandato.
En el último año, el Supremo también ha permitido a Trump poner fin a las protecciones temporales para cientos de miles de migrantes venezolanos y haitianos, ha validado su política de limitación del asilo, ha anulado las restricciones legales que impedían al presidente destituir a los responsables de agencias independientes, ha desmantelado un pilar de la ley del derecho al voto contra la discriminación racial o le ha permitido seguir adelante con la construcción de su nuevo salón de baile en la Casa Blanca.
Aun así, ninguna de esas decisiones ha evitado el enfado que lleva Trump encima con los miembros del Supremo, especialmente con los tres jueces a los que él designó durante su primer mandato: Brett Kavanaugh, Amy Coney Barrett y Neil Gorsuch. En una entrevista publicada esta semana en la revista Time, el presidente, que se ha referido en el pasado a ellos como “antiamericanos”, dijo que lamentaba haberlos elegido: “Les di el trabajo de sus vidas, y votan siempre contra mí”, denunció. Los jueces del Supremo tienen un cargo vitalicio para evitar, precisamente, la dependencia del gobierno y garantizar así la separación de poderes. Sin embargo, en la práctica, el presidente Trump está utilizando su trono en la Casa Blanca para presionarlos.
Este curso judicial también estará marcado por el posible relieve de alguno de los magistrados del Supremo. Uno de los seis jueces de la mayoría conservadora, Samuel Alito, dijo en una entrevista a CBS News emitida este lunes que se está planteando su retirada debido a su edad, de 76 años. “Es algo en lo que creo que alguien de mi edad tiene que pensar cada año”, afirmó, sin dar señales definitivas sobre si este podría ser su último curso judicial. En caso de que lo sea, su sustituto deberá ser confirmado por el Senado, controlado hoy por los republicanos, una situación que podría cambiar si ganan los demócratas en las legislativas del próximo 3 de noviembre.
Ver comentarios 3
Buen análisis, ayuda a entender el contexto de la noticia.
Se agradece el rigor y las fuentes contrastadas.
Excelente trabajo de la redacción, como siempre.