Por amplia mayoría, pero sin la unanimidad que suele caracterizar al gobierno multicolor del Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) formado por el PSC, ERC, Junts y En Comú Podem. La Societat General d’Aigües de Barcelona, perteneciente al grupo Veolia, ha conseguido este martes la luz verde política del AMB para gestionar el agua en ocho municipios durante 25 años, en un concurso público que asciende a más de 1.000 millones de euros. Y en la votación, que ha aprobado la clasificación de las ofertas y es el penúltimo paso antes de la adjudicación, han surgido las discrepancias.
El PSC y Junts han votado a favor, pero los comunes lo han hecho en contra. Además, ERC ha optado por la abstención, de la misma manera que dos consellers metropolitanos de Junts que representan a Sant Cugat del Vallès, la mayor ciudad dentro del macroconcurso: el alcalde Josep Maria Vallès y Cristina Paraira. En la oposición, Vivim Montcada ha votado a favor, el PP se ha abstenido, y Compromís i Acord per Torrelles, Vox y Junts per Tiana han votado en contra. Pese a los diferentes puntos de vista en el seno del gobierno, la votación ha sido clara en una administración donde el PSC tiene mayoría: 60 consellers a favor, 18 abstenciones y 12 votos en contra.
Veolia consiguió la mejor puntuación técnica y económica, pero en este último punto presentó una oferta un 60% más baja de los precios marcados en el ámbito de las inversiones. Dicha situación obligó al AMB a pedir informes complementarios a la empresa, que finalmente la administración metropolitana ha avalado técnica y políticamente.
Según fuentes consultadas por este diario, la Societat General d’Aigües de Barcelona alegó que el 30,5% de la rebaja irá a cargo de empresas subcontratistas y aportó documentación donde sus firmas colaboradoras asumían las condiciones. El 29,5% restante, agregó la firma vinculada a Veolia, se costearía a cargo de su modelo económico, adjuntando el informe de una consultora en el que reza que la estrategia es viable. Además, recalcó que la baja es únicamente en la partida de inversiones y no en el conjunto del contrato.
Estos fueron algunos de los argumentos que convencieron técnicamente al AMB, que en nota de prensa ha aseverado que las justificaciones de la oferta ganadora “acreditan la eficiencia económica derivada de las economías de escala que permite la gestión conjunta del servicio”.
Preocupación ante posibles litigios
“Siempre hemos defendido la gestión pública directa y un estudio del 2022 concluyó que era la mejor opción”, ha dicho para argumentar su voto contrario Guille López, conseller metropolitano de En Comú Podem, que forma parte del gobierno del AMB. López ha mostrado su preocupación por la posibilidad de que la licitación “acabe en los tribunales”.
Una preocupación compartida por Isaac Salvatierra, de Junts per Tiana, que ha asegurado que las justificaciones presentan “dudas”. “Entre la gestión pública y la privada existía un camino intermedio, una empresa mixta”, ha remarcado el alcalde de Tiana, otra de las localidades del concurso junto a Cervelló, Corbera de Llobregat, la Palma de Cervelló, Molins de Rei, Ripollet, Sant Andreu de la Barca y la citada Sant Cugat del Vallès.
Para Belén García, del PSC, se trata de un debate “ya muy estudiado”. La también alcaldesa de Sant Joan Despí ha reconocido que comparte la preocupación de que el proceso se pueda alargar. “Por eso hemos hecho un trabajo técnico muy cuidadoso para que no haya ningún impedimento de tipo legal”, ha remarcado la socialista, que ha recordado que esta licitación está avalada por un “estudio de viabilidad que no recibió ninguna impugnación”.
Ahora el AMB requerirá documentación a Veolia para que la firma acredite la solvencia técnica y económica. Según la administración metropolitana, “una vez presentada y verificada esta documentación, y siempre que cumpla los requisitos establecidos, la propuesta de adjudicación del contrato se someterá a consideración del Consell Metropolità”. Será la última votación.
Este concurso público ha tenido voces críticas desde el ámbito asociativo y empresarial. A las puertas del edificio del AMB, la asociación Aigua es Vida, partidaria de la gestión pública del agua, ha tildado la tramitación de “irregular”. “El único informe que analiza los modelos concluye que la gestión pública es lo más idóneo”, ha dicho su portavoz, Dante Maschio, que también ha reclamado acceso a toda la documentación de la licitación.
Anteriormente, Aiguamet, unión temporal de empresas formada por Aqualia y Global Omnium, cuestionó los criterios para validar la oferta ganadora y pidió por carta a los consellers metropolitanos “máximo rigor técnico, seguridad jurídica, transparencia y garantías económicas”.
Ver comentarios 3
Buen análisis, ayuda a entender el contexto de la noticia.
Se agradece el rigor y las fuentes contrastadas.
Excelente trabajo de la redacción, como siempre.