El tinglado de la tutela de menores se desmonta

Julio de 2022. Laura vive sola en una habitación de un hostal de Barcelona con su hijo de cinco años. Su situación económica es precaria y subsiste gracias a un trabajo que la obliga a estar unas horas fuera de casa. Durante su jornada laboral pide a una vecina que cuide del niño mientras está ausente porque en verano no hay colegio.

El niño es muy movido y un caluroso día se le escapa a la vecina. Al rato, una patrulla de los Mossos d’Esquadra encuentra al menor deambulando solo por la calle. Después de preguntarle dónde vive, se dirigen a su “domicilio” y, al no encontrar a la madre, lo entregan a la Direcció General de Atenció a la Infància i la Adolescència (DGAIA) de la Generalitat. Allí, un funcionario, sin mediación de un juez como extrañamente sigue estableciendo la norma, decide retirar la custodia a la madre y otorga la tutela a la administración. Horas después ingresa en un centro de menores a 40 kilómetros de la ciudad. La madre desesperada pide ayuda para recuperar al menor y el único apoyo que recibe es poder visitar al niño una hora a la semana.

¿Realmente había tantos miles de malos padres y madres en Catalunya?

Un mes después, el niño participa en una actividad del centro de tutela en la playa, los monitores se despistan y el menor casi muere ahogado. Sobrevivió después de cuatro días ingresado e intubado. Casi tres años más tarde, Laura pudo recuperar a su hijo gracias a la ayuda de una entidad de apoyo a las numerosas familias que desgraciadamente sufren este tipo de situaciones.

Hace justo un año, se destapó el horrible caso de una niña de 12 años tutelada por la Generalitat que había sido violada reiteradamente por un hombre en Barcelona quien también la ofrecía a otros pederastas. Este depravado aceptó la semana pasada una condena de 83 años de cárcel por el execrable delito. Este último episodio de otros tantos no explicados, dinamitó la DGAIA y destapó un descontrol enorme en la gestión de los menores en Catalunya gracias a la denuncia de un empleado de esta administración pública y a un demoledor informe de la Sindicatura de Comptes. 

Aquel dictamen económico sacó a la luz un opaco tinglado que movía millones de euros públicos de forma poco controlada y que se sostenía por qué oficialmente se daba prioridad a la retirada de la tutela de menores a miles de padres y madres hasta llegar al llamativo punto que en 2024, el número de niños y adolescentes custodiados por la Generalitat (8.977) superaba al de presos en las cárceles catalanas (8.594). ¿Tantos malos padres y madres hay en Catalunya?

Detrás de esta anomalía social había una explicación económica. La Generalitat paga entre 4.000 y 6.000 euros al mes por la tutela de un menor y ese dinero lo cobra el conjunto de entidades que trabajan por encargo del Govern en estos quehaceres. Por tanto, promover la tutela pública de menores llegó a ser un buen negocio para algunos, naturalmente, bajo el amparo de la legalidad.

Tras el escándalo descubierto el año pasado, la Generalitat decidió refundar la DGAIA y rebautizarla como DGPPIA (Direcció General de Prevenció i Protecció de la Infància i la Adolescència). En estos últimos doce meses se ha empezado a desmontar discretamente el mencionado tinglado porque ahora se prioriza evitar que los menores acaben bajo la tutela pública invirtiendo en la prevención, en la ayuda a las familias con profesionales que van a sus casas con atención las 24 horas, ofreciéndoles abogados gratis, incorporando expertos externos para que no sea un solo funcionario quien tome la decisión de retirar la custodia. Así se evitan suspicacias y las garantías de transparencia son mayores. 

También se han incorporado especialistas del ámbito de la salud pública para dar prioridad al retorno de los menores a las familias con mayor celeridad, siempre que se pueda. Y, finalmente, se ha creado una figura que escuchará a los niños y velará por sus derechos. El objetivo es evitar el desamparo ayudando a las familias y de esta manera, empezar a vaciar los centros de acogida.

Es decir, si lo que sufrió Laura en 2022 sucediera ahora, la gestión debería ser muy diferente. Antes de quitarle a su hijo y acusarla de mala madre, alguien analizaría por qué ese niño estaba solo y seguramente, se concluiría que el problema de esta mujer se podría resolver con la ayuda de un canguro para su hijo durante su jornada laboral en verano. Con toda seguridad, el coste de esta medida sería muy inferior a los 4.000 euros mensuales que la Generalitat pagó a las entidades que tutelaron al niño durante casi tres años en un centro.

Este nuevo método de evitar la retirada de la custodia siempre que se pueda es bueno para las familias y malo para quienes han sacado tajada legal del anterior sistema. Esperemos que el nuevo rumbo lleve la nave a buen puerto y nadie tenga la tentación de boicotearlo.