Los Mossos d’Esquadra iniciaron su despliegue en Barcelona el 1 de noviembre de 2005. El exalcalde Pasqual Maragall era por aquel entonces presidente de la Generalitat y su sucesor, el también socialista Joan Clos, gobernaba al otro lado de la plaza Sant Jaume. La policía autonómica asumía a las 0.00 horas de aquel día las competencias plenas en materia de seguridad, orden público e investigación criminal en la capital catalana. Las funciones de los Mossos d’Esquadra y de la Guardia Urbana de Barcelona quedaron fijadas en un convenio que, a pesar de la profunda transformación social y del funcionamiento de los cuerpos policiales, se ha mantenido intocable hasta ahora. Esa anomalía va a quedar corregida en breve. Generalitat y Ayuntamiento tienen ya acordado el nuevo convenio que revisa y pone al día la relación, no siempre fluida, entre las dos policías.
El nuevo convenio, del que se dio cuenta y recibió el visto bueno provisional en la reunión de la comisión bilateral Generalitat-Ayuntamiento de Barcelona celebrada la semana pasada, fue comunicado ayer a los grupos municipales. Veinticuatro horas antes se produjo otra reunión, esta vez entre el teniente de alcalde de Seguridad, Albert Batlle, y el presidente del grupo de Junts, Jordi Martí Galbis. Esta formación ya había logrado en julio del 2024 que la comisión de Presidencia aprobara un ruego para la elaboración de un nuevo convenio. Los independentistas han visto aceptadas diversas de sus propuestas y con el PSC conforman ya una mayoría que permitirá la aprobación del convenio en comisión, la próxima semana, y posteriormente en el pleno del Ayuntamiento.
El documento que actualiza el vigente desde 2005 cuenta con el apoyo de Junts, que facilitará su aprobación
A grandes rasgos, el nuevo convenio marco actualiza las bases de la coordinación entre ambos cuerpos, que en los últimos tiempos ya ha ido avanzando en la práctica, pero que no se habían plasmado negro sobre blanco. Esta mejora en la coordinación policial se concreta, sobre todo, en todo lo referido a los sistemas de información, el acceso a las bases de datos y a los sistemas de videovigilancia.
El convenio brinda a la policía local una mayor implicación y capacidad en la recepción de denuncias en las oficinas de atención ciudadana. Asimismo, otorga a la Guardia Urbana más competencias en materia de investigación de delitos y en la asistencia y protección a las víctimas de violencia de género. Se espera que con las nuevas responsabilidades asumidas por la Guardia Urbana se agilice la respuesta policial en algunas incidencias que hasta ahora dependían en exclusiva de los Mossos d’Esquadra. Estos, a su vez, pueden mejorar su función de policía judicial y seguridad ciudadana. Así, por ejemplo, ambos cuerpos deberán avisar de forma inmediata a la Mesa de Coordinación Operativa, situada en la calle Lleida, en casos de manifestaciones, altercados de orden público, robos de vehículos, avisos de colocaciones de explosivos o amenazas terroristas, siniestros o incendios, accidentes graves de transporte público y ocupaciones”, señala el nuevo texto.
Una cuestión que ha sido objeto de debate desde que los Mossos se desplegaron en Barcelona hace más de 20 años, el de su posible implicación en la lucha contra las actitudes incívicas, sigue aparcado y no parece que vaya a haber cambios en este sentido, a pesar de que tanto Ayuntamiento como Generalitat admiten que el incivismo repercute en muchas ocasiones en la percepción de inseguridad en el espacio público.
Aunque el convenio vigente no lo recogía, en los años transcurridos desde la llegada de los Mossos a Barcelona, la Guardia Urbana se ha ido integrando en el Sistema de Información Policial de Catalunya, la red de Emergencias (RESCAT), la Unidad Regional de Instruccin de Atestados o el 112.
El momento en el que se produce la renovación del enlace entre Mossos d’Esquadra y Guardia Urbana no es casual. Llega cuando las administraciones responsables en materia de seguridad y justicia han puesto el foco en el problema de la multirreincidencia con una serie de decisiones en los ámbitos policial y de tribunales que tratan de atacar este fenómeno que amenazaba con alcanzar una dimensión insostenible. En este sentido, y a pesar de la coincidencia en las últimas semanas de una serie de crímenes de fuerte impacto mediático y ciudadano, tanto Ayuntamiento como Generalitat echan mano de las estadísticas y destacan la reducción del número de hecho delictivos en Barcelona (unos 11.000 menos en el 2025 respecto al 2024), según el balance que hicieron público el pasado mes de febrero en la última reunión de la Junta Local de Seguridad. Por esas fechas, el gobierno que preside el alcalde Jaume Collboni ya admitió que la aprobación del documento que actualiza las relaciones entre ambas policías era inminente.
Una de las medidas para combatir la multirreincidencia ya cuenta con la Guardia Urbana también como policía judicial, una prerrogativa que incorporará el nuevo convenio. La policía local está adscrita adscrito desde hace tres meses a la Fiscalía de Barcelona para agilizar los trámites y derivar a los delincuentes multirreincidentes por la vía penal correspondiente. Hasta la fecha una de las principales problemáticas que afrontaban los juzgados era que cuando llegaban los acusados a un juicio leve por un hurto era en ese momento cuando el juzgado, al repasar sus antecedentes penales, se percataba de que acumulaba más de tres delitos de hurto y debía ser derivado a un juzgado distinto, a uno de lo penal, con lo que el retraso se dilataba aún más.
En el mismo sentido, la Guardia Urbana también se ha incorporado –es la primera policía local de España en hacerlo – al SIRAJ, el Sistema de Registros Administrativos de Apoyo a la Administración de Justicia que permite conocer de antemano los antecedentes criminales de un arrestado.
Una de las principales novedades que contiene el nuevo marco de colaboración es que se establece la posibilidad de interponer una denuncia en cualquier comisaría policial independientemente de quien tenga asignadas las competencias, salvo aquellos casos en los que se precise una atención especializada. Así un robo con violencia puede ser denunciado en dependencias de la Guardia Urbana a pesar de que la investigación la acaben dirigiendo los Mossos. En este hipotético caso será la Guardia Urbana la que se encargue de vehicular la denuncia a la policía catalana sin que tenga que hacerlo el afectado. Quedan excluidos aquellos casos en los que se necesita la intervención de equipos especializados de los Mossos como los delitos contra la vida o que afecten gravemente la integridad física o moral de las personas, los ilícitos contra la libertad sexual para los que se necesita una atención especializada para la recogida de la denuncia, cualquier otro delito tipificado con penas graves. También quedan excluidos aquellos casos en los que se denuncia una desaparición inquietante para los que se requiere una actuación específica.
Ver comentarios 3
Buen análisis, ayuda a entender el contexto de la noticia.
Se agradece el rigor y las fuentes contrastadas.
Excelente trabajo de la redacción, como siempre.