El Consorci d'Aigües de Tarragona despidió a su ‘compliance’ tras denunciar irregularidades

Fue contratado para vigilar el cumplimiento de la ley dentro de una de una poderosa institución. Era el compliance officer del Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT): corresponsable de su sistema de integridad. Alertó a sus jefes de irregularidades y riesgos penales y ahí empezó su calvario.

Denuncia que fue apartado de sus funciones y sometido a presión hasta pedir la baja por ansiedad. Acudió a la Oficina Antifrau de Catalunya (OAC), que lo reconoció como alertador de corrupción y le prometió protección frente a cualquier represalia de la empresa. No sirvió de nada. Después de conocer su denuncia en Antifrau, el CAT lo despidió , formalmente por “comportamiento inadecuado”, acusado de crear mal clima laboral, insinuaciones sexuales y homofobia.

Ninguna de estas acusaciones había emergido antes.

El trabajador, X., que pide mantener el anonimato, fue fichado en marzo de 2023. Abogado, su función consistía en detectar riesgos, prevenir conflictos de intereses y garantizar que la organización cumpliera la legalidad.

Seis meses después de incorporarse, trasladó al consejo de administración varias cuestiones que, a su juicio, debían corregirse: captaciones de agua del Ebro que superaban puntual pero frecuentemente lo permitido por la concesión; el aumento de municipios sin actualizar la concesión administrativa; y que el CAT paga a la Confederación Hidrográfica del Ebro y la Agència Catalana de l’Aigua por 94 hectómetros anuales cuando usa como máximo 77, con un sobrecoste que cifró en 32 millones de euros en una década.

Un juzgado investiga una parte del caso en el que están imputados dos altos cargos del consorcio

El CAT es un gigante público-privado que desde 1985 abastece de agua a cientos de miles de personas y a la industria del Camp de Tarragona. Su presupuesto en 2026 es de 50,3 millones. En su consejo de administración están los alcaldes de Tarragona y Reus, Rubén Viñuales y Sandra Guaita.

Según el relato de X., aquellas advertencias marcaron el inicio del deterioro de la relación con parte de la dirección.

En el verano de 2024, X. se ausentó algunos semanas del trabajo para acompañar a una familiar enferma que acabaría falleciendo en septiembre. A su regreso, el abogado volvió a alertar internamente sobre posibles irregularidades, esta vez relacionadas con una licitación anulada por el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic.

Entre otras cuestiones, advirtió al entonces presidente del consorcio, Joan Alginet, que no podía formar parte de la mesa de contratación por su condición de cargo electo.

El día siguiente, Alginet le comunicó a X. un cambio de funciones para integrarlo en la mesa de contratación, una posición que él consideraba incompatible con su papel de supervisor de cumplimiento normativo.

El 19 de septiembre de 2024 obtuvo la baja médica por ansiedad y estrés. No volvería a trabajar en el CAT. Un reciente informe forense judicial avala que fue sometido a un acoso que le causó severas secuelas psicológicas.

Un mes después acudió a la OAC, que abrió cinco investigaciones. X. asegura que decidió denunciar porque entendía que podía incurrir en responsabilidades penales si no actuaba.

Una de las investigaciones fue enviada a la fiscalía. El juzgado de instrucción penal 6 de Tarragona incoó un procedimiento doble: por prevaricación, en la concesión anulada por el Tribunal de Contractes, y por el presunto delito de acoso laboral contra X. Están imputados Alginet y Jesús Martín, director de servicios jurídicos. El caso está pendiente de la decisión de la jueza de abrir o no procedimiento oral.

Las otras denuncias se referían al caudal de agua del Ebro, a la falta de licitación del canal de denuncias, a la concentración de adjudicaciones en una constructora concreta –la propia OAC la definió “adjudicataria preferente”– y a la falta de transparencia sobre los salarios de altos cargos del consorcio. Antifrau las archivó, aunque hizo tres advertencias al CAT.

Antifrau reconoció a X. como alertador protegido en diciembre de 2024. Lo comunicó al consorcio el 13 de enero. Al día siguiente, un manifiesto firmado por cinco trabajadores (dos hombres y tres mujeres) fue publicado en el LinkedIn del CAT. Se describía a X. como “creador de un clima de terror”, “difamador”, “intoxicador”, “egocéntrico” o “vanidoso”.

El gerente, Josep-Xavier Pujol, remitió a Antifrau un informe en el que aseguraba que X. había “insultado, aterrorizado o faltado gravemente” a parte de la plantilla. Lo calificaba de “homófobo”, “machista” y “misógino”, y lo acusaba de insinuaciones sexuales y de haber provocado que varias trabajadoras evitaran coincidir con él.

“Desafortunadamente todos estos extremos han aflorado en el mismo momento y ante las acusaciones que nos hace”, escribió Pujol. Un miembro del comité de empresa alega que si nadie denunció antes esos comportamientos fue porque percibían que el compliance era un protegido por parte de la dirección. X. rechaza completamente las acusaciones y subraya que nada de todo eso emergió hasta después de sus denuncias en Antifrau.

Un informe forense judicial avala que fue sometido a un acoso que le causó severas secuelas psicológicas

No constan referencias a comportamientos homófobos o de acoso en las auditorías de responsabilidad corporativa. Es más, los cinco trabajadores que le acusan le habían enviado meses antes mensajes de apoyo personal y laboral, coincidiendo con la enfermedad y deceso de su familiar.

En un mensaje enviado en septiembre, el presidente del comité de empresa, M.P., que le denunciaría en enero, le dice: “Me sabe muy mal todo lo que está pasando. Si quieres hacer denuncia la puedo tirar adelante, no hace falta que sea ahora, cuando tu te veas bien o quieras. Que sepas que estoy a disposición para ayudarte en todo lo que pueda”.

Las cuatro personas que le acusarán de homofobia y acoso sexual le apoyan cariñosamente los meses anteriores: S.S. que es la jefa de finanzas del CAT y también la esposa de Jesús Martín, le escribe: “Te envío un abrazo bien fuerte y sentido”. Lo mismo que A.S., jefa de recursos humanos: “Te mando un fuerte abrazo”.

Una persona que ha trabajado en la entidad varios años afirma que el manifiesto contra X “no tiene ninguna credibilidad”. “Es una persona obsesivamente estricta y eso puede generar tensiones, pero de homofobia y acoso, nada en absoluto”, se indigna esta persona, que lo considera una construcción de la empresa.

Con las súbitas acusaciones, el CAT abre un expediente disciplinario a X. en febrero del 2025 y el 1 de marzo lo despide. Las acusaciones son la base de la defensa de Martín y Alginet en el procedimiento de Tarragona. Su principal baza es una acta de Inspección de Trabajo, que en octubre impuso una sanción de 7.000 euros al consorcio por no haber protegido a sus empleados frente a conductas machistas y homófobas atribuidas a X., hechos que el escrito considera “acreditados”. 

La inspección se basó únicamente en las declaraciones de empleados del CAT, entre ellos los cinco denunciantes. También del propio Jesús Martín, jefe de servicios jurídicos, que explicó que recibió quejas de la plantilla contra X. pero que las ignoró. Una de las supuestas víctimas, cuyo caso es citado dos veces en el informe, no fue entrevistada y ya no trabajaba en el consorcio.

X. no tuvo oportunidad de hacer alegaciones. 

Un informe de Antifrau ha concluido que la empresa hace “una interpretación interesada” del acta, recordando que Inspección del Trabajo no tenía como objeto determinar si los hechos denunciados eran ciertos, sino evaluar la actuación del CAT ante conductas que, de ser ciertas, podían vulnerar la dignidad de los trabajadores.

El CAT sostiene que detrás del conflicto existe un interés económico. En un correo remitido a este diario, la empresa asegura que X. reclama una indemnización laboral de 240.000 euros, además de otras cantidades vinculadas al procedimiento penal y una plaza fija en la administración pública.

X. mantiene que fue contratado para garantizar la integridad de una institución pública y que terminó siendo despedido, pagando un precio personal y profesional altísimo, precisamente por hacer su trabajo y advertir a sus superiores de irregularidades que podían poner al consorcio en apuros.