La defensa de Jonathan Andic rechaza que otra unidad de Mossos analice los indicios del caso

La defensa de Jonathan Andic ha presentado un recurso contra la decisión de la jueza de Martorell de aceptar la petición de la fiscal de incorporar a la unidad central de personas desaparecidas de los Mossos d’Esquadra en la investigación por la muerte de Isak Andic, de la que está acusado su hijo. El abogado Cristóbal Martell firmó el 18 de junio un escrito en el que advierte que ese análisis técnico operativo de los elementos indiciarios, que el ministerio fiscal quiere encargar a la citada unidad, no cabe en este procedimiento y que las valoraciones que se le quieren encargar corresponden exclusivamente a la autoridad judicial. Y asegura que lo que pretende en realidad la fiscal es encargar una pericial de inteligencia, que tampoco tiene cabida en esta causa.

Esta unidad de los Mossos especializada en desapariciones de naturaleza criminal irrumpió en la fase de instrucción de la muerte del fundador de Mango en mayo, de la mano de la fiscal especial del tribunal del jurado, Teresa Yoldi. En un escrito solicitó a la jueza de Martorell Raquel Nieto su incorporación para que, a partir de su experiencia en casos basados en pruebas indiciarias, elaboraran un informe a modo de relato con todo lo que los investigadores habían reunido hasta este momento. La fiscal conoce bien a esa unidad porque trabajó con ellos algunos de los casos que han terminado con condena ante un tribunal popular. Los cadáveres de Piedad Moya y Diego Vargas nunca aparecieron, pero Yoldi logró condenas en ambos y contó en la sala en los juicios con la narración de los informes del sargento Pere Sánchez, responsable de la unidad. Y eso es lo que busca la fiscal, garantizar la presencia de ese sargento en la sala, pensando en un hipotético juicio contra Jonathan Andic. “Es su apuesta segura, esos policías le dan confianza técnica”, indica una fuente conocedora del trabajo de Teresa Yoldi.

La juez accedió a la petición de la fiscal de que unos mossos ajenos al caso elaboraran un informe “técnico” con los indicios

Cristóbal Martell en este último recurso vuelve a poner el dedo en lo que él entiende como subjetivación por parte de la policía en la valoración de la prueba. En esta ocasión sus argumentos se centran en recordar que la valoración de la prueba es facultad judicial que no se puede delegar en un cuerpo policial.

Martell advierte que la fiscal no concreta cómo ha de desarrollarse la intervención de esa unidad de Mossos, ni cuál sería el objeto concreto a analizar. En cualquier caso, añade, no le corresponde a la policía judicial realizar análisis de elementos indiciarios porque las valoraciones de las pruebas corresponden “exclusivamente” a la autoridad judicial, que no necesita “auxilio policial”, al menos en este caso para ese análisis.

Aquí echa mano de jurisprudencia y del magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena, que en una sentencia del 2021 ya advirtió que invitar a la policía a realizar valoraciones jurídicas sobre unos hechos constituye una “extralimitación funcional carente de toda cobertura jurídica”.

La valoración de la prueba, recuerda Martell, corresponde al Tribunal no a policías por muy expertos que sean en investigaciones fundamentadas en indicios y no en pruebas directas. Vuelve el abogado a citar a Marchena cuando advierte de que la inclusión de valoraciones sobre los hechos en atestados policiales supone “una extralimitación funcional que, por más extendida que esté su práctica, nunca podrá ser aceptada”. Y añade, también de puño y letra de Marchena, que “el agente instructor deslice valoraciones personales acerca (…) del crédito que merezca el denunciante (o el denunciado añadimos nosotros), desborda el espacio funcional que nuestro sistema reserva a los agentes de la autoridad”. Porque los policías, insiste Martell haciendo suyas nuevamente las palabras del magistrado del Supremo, “deben acoger hechos, no valoraciones personales acerca de la credibilidad o las contradicciones”.

Este escrito que entronca con el recurso que presentó contra las medidas cautelares dictadas en el auto de prisión de Jonathan Andic y que está pendiente de resolución en la Audiencia de Barcelona. Las valoraciones policiales sobre la prueba constituyen “reflexiones extravagantes perfectamente prescindibles”, añade.

Acabar advirtiendo que lo que realmente pretende Teresa Yoldi es una pericial de inteligencia, figura que Martell define como “novedosa y de naturaleza híbrida”, que no está exenta de polémica por el uso distorsionado que algunos juristas entienden que se está realizando últimamente.

El abogado de la defensa recuerda que hay un cierto consenso para aceptar esas periciales de inteligencia, pero en procesos complejos como son las investigaciones por terrorismo o crimen organizado, donde en ocasiones son necesarios conocimientos muy concretos sobre el funcionamiento de esas estructuras criminales. Pero “la investigación de un accidente con resultado de muerte, calificado provisionalmente de homicidio (…), dista de ser un proceso complejo que precise para la valoración de la prueba (…) a un analista policial”.

Para finalizar, Martell recupera un trabajo del magistrado del Tribunal Constitucional Ramón Sáez Valcarcel precisamente sobre las periciales de inteligencia en las que ya advertía que “frente a la parcialidad de la policía se alza como valor constitucional y deber profesional la imparcialidad del juez”.

A la espera de la decisión de la jueza con este recurso, toda la atención recae en la resolución al recurso de apelación que Martell presentó contra las medidas impuestas por la jueza en el auto de prisión de Jonathan Andic. El resultado de la sala novena, dirigida por el magistrado Andrés Salcedo Velasco, será importante porque dará pistas sobre la validez incriminatoria que otorga el tribunal a los indicios recogidos por los mossos y que tanto la fiscal como la instructora han asumido en sus distintos escritos.

Tras la primera ronda de testificales en los juzgados de Martorell, siguen pendientes de ser citados a declarar los otros cinco testigos propuestos por la fiscal. Tres altos cargos de Mango, entre ellos el CEO, Toni Ruiz, y dos mossos de la unidad de montaña que participaron el 14 de diciembre de 2024 en el rescate del cuerpo de Isak Andic en Montserrat.