Las denuncias por consumir alcohol en la calle caen un 62% y se disparan los cursos para evitar la multa

Un plazo demasiado corto y unos resultados excesivamente volátiles y sorprendentes, pero sirve como primera foto fija de la situación. Los cuatro primeros meses de aplicación de la nueva ordenanza de Civismo, que entró en vigor el 15 de febrero, muestran un cambio de tendencia, más policial que social, con más ojo en todo aquello que perturbe la convivencia o el descanso vecinal. Tal y como ha detallado este miércoles el Ayuntamiento, las denuncias por consumo de alcohol en la calle han caído un 62%, mientras que conductas que tienen que ver con un mal uso del espacio público -o sea, muy en sintonía con el Pla Endreça- se han multiplicado por mucho. En global, los expedientes abiertos hasta el 30 de junio han caído un 32,7%.

Montserrat Surroca, comisionada de Convivencia, ha compartido los datos con toda la cautela posible. “Apuntan algunas tendencias, pero el periodo es relativamente corto como para extraer conclusiones claras”, ha admitido. Respecto al 2025, el presente ejercicio tiene dos diferencias importantes. Primero, que ahora se han registrado muchas más manifestaciones, la mayoría vinculadas a las protestas del sector educativo. Segundo, la enorme cantidad de eventos de peso, sobre todo la visita del Papa. Ambos elementos han quitado mucho tiempo a la Guardia Urbana, que ha podido esmerarse un poco menos en la persecución de las conductas incívicas.

El periodo comparado es relativamente corto como para llegar a alguna conclusión, pero permite intuir alguna tendencia nueva Nueva normativa

Las infracciones por consumo de alcohol en la calle han pasado de 18.015 a 6.830, un 62,1% menos. Una barbaridad con una explicación económica y otra legislativa. Esta es una de las sanciones que más se ha encarecido con la revisión de la ordenanza. La situación más grave de todas (en estos cuatro meses se han interpuesto 42 denuncias de este tipo) puede terminar con una multa de hasta 1.500 euros si se incita a beber a menores de edad. Si el prontopago salía antes por 25 euros (casí salía a cuenta a tenor del precio de los cubatas en las discotecas), ahora asciende a 150 euros. Ahora hay que pensárselo un poco más para convertir el espacio de todos en una barra de bar.  

Hay, sin embargo, un imperativo legal que también explica una reducción tan drástica del número de expedientes abiertos. La ley de seguridad ciudadana de 2015 (la conocida como 'ley mordaza') obliga a especificar la perturbación de la tranquilidad ciudadana. Es decir, ahora los agentes tienen que demostrar en su escrito que esa actitud está generando una molestia, cosa que tiene distintas tipologías: el descanso vecinal, grupos de como mínimo tres personas (o sea, el botellón) u ocupación de la vía pública.

Por contra, las denuncias por realizar las necesidades fisiológicas en la calle han aumentado un 15,2% (de 2.722 a 3.136), y escupir en la calle ha generado el doble de sanciones, pasando de 182 a 363. También se ha disparado la persecución de las conductas que tienen que ver con ensuciar (+310%) o hacer un uso inadecuado (+1.018%) de la vía pública. Según Benito Granados, intendente mayor de la Urbana, este incremento responde al deseo del Ayuntamiento de perseguir, dentro de la filosofía del Pla Endreça, “todas aquellas conductas que más pueden generar molestias a los ciudadanos o que no permitan que luzca el esfuerzo que hace el Consistorio en la limpieza de la ciudad”. También crece la venta ambulante (13%) o la práctica del nudismo o seminudismo (+233%)

En todos estos meses, los expedientes de medidas alternativas a la sanción económica han aumentado un 169,8%, pasando de 96 a 259 expedientes. El Ayuntamiento saca pecho por la voluntad de “combinar la sanción con herramientas orientadas a la responsabilización y el cambio de conducta”, pero mucho tendrá que ver que el pago reducido pase del 75% al 50% del total de la multa y que salga más caro que nunca orinar o beber en la calle.