La medida entró en vigor el 14 de diciembre del 2018 después de que el acuerdo del pleno municipal de Barcelona se publicara en los boletines oficiales. Todas las nuevas construcciones y grandes rehabilitaciones de la ciudad tienen desde entonces la obligación de reservar un 30% de sus promociones a pisos de precio asequible. Se esperaba que la cartera de vivienda social cosechara 330 hogares al año gracias a esta normativa, pero en casi ocho años, según ha admitido el gobierno del PSC en el pleno municipal de julio, solo se han generado 34.
La cifra la ha aportado la teniente de alcalde de Urbanismo, Laia Bonet, durante la discusión de una proposición del PP que planteaba derogar la norma para volver a negociarla con el sector privado. Los populares y Vox se han quedado solos apoyando la propuesta, que ha obetnido la abstención de Junts y el voto contrario de PSC, BComú y Esquerra. Socialistas y posconvergentes estaban destinados a entenderse desde el momento en el que quedó demostrado que la iniciativa privada se había llevado sus grúas a otros municipios del entorno metropolitano. Las posiciones no estaban alejadas, pero en febrero del 2025 empezaron a distanciarse, hasta el punto de que el alcalde Collboni, hace un año, ya dijo que lo mejor era olvidarse del tema hasta el próximo mandato.
“Hay una cosa peor que equivocarse, y es seguir aplicando una política por orgullo ideológico”, ha sostenido ayer Daniel Sirera, líder del PP, que en su proposición instaba a redactar una nueva normativa que refleje la colaboración público-privada.
Damià Calvet (Junts) ha admitido que hay que modificarla “para hacerla útil” y ha lanzado un órdago al gobierno: “Estamos ante las últimas oportunidades de rectificar”. “Tenemos que hacer lo posible para reformarla en este mandato, no renunciamos y batallaremos para tener un 30% claramente efectivo”, ha respondido Bonet. Mucho flirteo sutil y descarga de culpas, pero lo cierto es que, aunque Junts ya tenga candidato a la alcaldía –podía ser una de las razones para no conceder ni una gota de agua al PSC–, por ahora no hay previsto gesto ni movimiento por ninguna de las dos partes.
Junts y PSC se dan una última oportunidad para negociar, pero ninguno de los dos grupos parece dispuesto a dar el primer paso Diálogo en barbecho
Durante el pleno también se ha hablado de la serie de incidentes vinculados a obras públicas. Recuerden: los socavones de Sant Gervasi (tuneladora de la L9) y Vallbona (obras de Rodalies) y la llamarada de gas de Sants (proyecto de accesibilidad del metro). Collboni, a preguntas del PP, ha reiterado sus “disculpas” a los vecinos afectados, sobre todo los de la zona alta, muchos de los cuales llevan más de dos semanas sin poder volver a casa, y ha lanzado un dardo al Govern: “No son admisibles los errores de empresas o Administraciones que alteran la vida de la gente”.
También se ha aprobado este viernes, con el voto de BComú y ERC (PP y Vox, en contra), una proposición del PSC para instar al Congreso de los Diputados a modificar la ley de arrendamientos urbanos que permita “regular o moderar los incrementos de los alquileres comerciales”. La iniciativa no convence a Barcelona Oberta (la unión de ejes comerciales y turísticos de la ciudad), que ha compartido “plenamente la preocupación por preservar el comercio local”, pero discrepa de que la mejor solución sea “intervenir o regular los alquileres comerciales”. “Necesitamos más confianza y más incentivos”, receta la entidad.
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Buen análisis, ayuda a entender el contexto de la noticia.
Se agradece el rigor y las fuentes contrastadas.
Excelente trabajo de la redacción, como siempre.