Caso DGAIA: entre bomberos no se pisan la manguera

La Generalitat se vio obligada a dinamitar hace un año la dirección general de Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) tras el enésimo escándalo en la tutela de menores y por irregularidades millonarias en la gestión. El caso de una niña de 12 años tutelada por la Generalitat que fue violada por una red de pederastas durante más de un año se juntó con el demoledor informe de la Sindicatura de Comptes que revelaba el uso fraudulento del dinero público. 

Por todo ello se creó una comisión de investigación en el Parlament que concluyó hace un par de semanas con un resultado decepcionante y que confirma la poca utilidad de este tipo de comisiones. El Parlament constató el desaguisado absoluto de la DGAIA, pero no se permitió que nadie asumiera ninguna responsabilidad ni técnica ni política. Dicho coloquialmente, echaron una palada de tierra sobre el asunto y pelillos a la mar.

Este lamentable final político se explica porque los principales partidos han gobernado este servicio público en algún momento. Y, claro, entre bomberos no se pisan la manguera. Así se dieron por buenas las medidas anunciadas sin resolver uno de los principales problemas de este asunto. Me refiero a quién decide la retirada de la custodia de un menor.

La política ha querido enterrar una pésima gestión que sí seguirá investigando la justicia

A pesar de las peticiones de la Síndica de Greuges o del Col·legi d’Advocats de Barcelona de que esta drástica decisión recaiga en un juez, la Generalitat mantiene la retirada de la custodia en manos de administrativos. Y ahí pervive la suspicacia. Hay un gran tinglado montado con la tutela de menores que alimenta a mucha gente. Este sistema es muy goloso porque los que gestionan los centros de menores reciben entre 4.000 y 6.000 euros por cada plaza. Pero si la custodia cae en el despacho de un juez, el ansia de llenar las plazas deja de ser una prioridad y prevalece el interés del menor y su familia.

Es cierto que se han creado comités de retirada de tutelas y que ahora, por fin, se escucha a las familias afectadas. Pero todavía la última palabra la tiene un funcionario de la Generalitat y no un juez con los graves problemas que provoca. Sirva de ejemplo el último caso conocido. Se trata de la reciente condena a la DGAIA por la violación de un menor de ocho años que tenía tutelado hace tres años. La Generalitat se negó en dos ocasiones a que el niño fuera llevado a los juzgados para ser explorado de las agresiones que sufría y que detectaron las monitoras del centro donde estaba recluido. Finamente, fue un juez quien, tras la denuncia de los padres del menor, ordenó devolver el niño a sus progenitores porque la retirada de la custodia dictada por un funcionario de la Generalitat había sido desproporcionada.

¿Qué escondía esa retirada desproporcionada? ¿Por qué no quisieron llevar al niño violado al juzgado? ¿Quizás para no perder los miles de euros de asignación mensual? Incluso el Defensor del Pueblo ha alertado de que no se puede consentir que haya violaciones de menores en centros públicos de acogida.

Enterrada la vía política sin que nadie asuma responsabilidades, queda abierta la investigación de la Oficina Antifrau para determinar si hay responsabilidades en los pagos indebidos de más de 160 millones de euros en el mencionado conglomerado de la atención a los menores, entre otras irregularidades. La última noticia que publicamos hoy, es que la Fiscalía Anticorrupción abre una investigación para ir más allá de donde la política no ha querido llegar. 

Esperemos que esta vía judicial tenga más recorrido y que fuerce transformaciones más profundas que el mero cambio de nombre de la dirección general y del maquillaje en los procedimientos de retirada de custodia. El nuevo conseller del ramo Raúl Moreno puede dar ese paso. En caso contrario, será cómplice de toda esta situación que conoce perfectamente porque ha estado en la cocina de la gestión los últimos dos años.