El robo de cable de cobre llega a los cargadores de coches eléctricos

Día sí y día también, el robo de cobre está provocando serias incidencias en la red ferroviaria catalana. Solo de enero a junio de este año se registraron 152 asaltos, el doble que el año pasado. La semana pasada los Mossos detuvieron a seis personas a punto de actuar en las vías de tren y la situación ha llegado al punto de que el Ministerio de Transportes ha aprobado una partida extraordinaria de 17 millones para adquirir 70 kilómetros de cable y paliar el efecto de los robos en la R3 (que conecta área metropolitana con el Pirineo pasando por el Vallès Oriental y Osona), una de las más castigadas. Y el fenómeno se extiende. Los ladrones de cobre han convertido las electrolineras en otro de sus objetivos.

“De momento no está afectando a un porcentaje de cargadores muy alto pero sí que nos preocupa porque tiene un impacto muy negativo en la experiencia de los usuarios, genera mucho ruido entre ellos y porque, lógicamente, quieren una fiabilidad en el servicio”, mantiene Pol Olivella, responsable de movilidad eléctrica de Endesa, uno de los operadores afectados por el robo de cobre.

Los operadores están probando fundas anticorte en las mangueras, GPS y marcas forenses

Durante los últimos años, Endesa ha registrado 33 incidentes vandálicos en Catalunya, un tercio de los contabilizados en España, principalmente en la provincia de Barcelona (14 casos) y Tarragona (diez casos).

Los ladrones buscan cargadores de alta potencia porque el grueso de cobre es mayor, aparcan el vehículo fuera del área de control de las cámaras de vigilancia –en el caso que la electrolinera las tenga– y normalmente se mueven en pareja o en grupos de tres. No importa el operador. Tampoco si la electrolinera está en un polígono comercial o en otra ubicación, aunque sí las prefieren alejadas de zonas habitadas. El robo apenas dura un minuto. Las cámaras de seguridad han grabado varios. Mientras uno de los asaltantes se cuelga de la manguera, el otro la corta con una cizalla lo más cerca posible de la máquina, para llevarse la máxima longitud de cable. Cada centímetro cuenta cuando venden el material robado.

“Hace apenas un mes, fui a la estación de carga de Zunder en l’Ametlla del Valles, los ocho conectores estaban cortados, me desplacé hasta Granollers y tampoco funcionaban... En quince días repusieron las mangueras de l’Ametlla del Vallès y las volvieron a cortar todas”, explica Albert Sagarra, delegado de la Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos (AUVE) en Barcelona y Catalunya, donde la entidad cuenta con unos 3.000 representados. “Cada punto no operativo es una oportunidad perdida, se convierte en un problema para los usuarios y el daño es muy grave proporcionalmente hablando; por lo poco que los ladrones ganan con el cobre de cada manguera causan un prejuicio muchísimo mayor”, insiste Sagarra. Según los cálculos de la entidad, a los operadores los entre tres y cuatro metros de mangueras que roban les cuestan unos 600 euros, “y por lo que sabemos los ladrones sacan unos 50 euros, en el mejor de los casos, unos 90”, explica.

Cada robo deja sin servicio la electrolinera vandalizada entre una semana y quince días. “Cada vez hay que pedir mangueras nuevas y los operadores no siempre tenemos stock disponible; cuando las tenemos, hay que montarlas... pueden pasar fácilmente dos semanas”, reconoce Olivella. En el caso de Endesa, las últimas incidencias las han registrado en los puntos de carga del Gros Mercat de Figueres, en el Eurospar de Llançà, en las Franqueses del Vallès y en el Gros Mercat de l’Hospitalet de Llobregat. Hace unas semanas en un hub de carga de otro operador en el centro comercial Parc Vallès de Terrassa cortaron seis de las 14 mangueras recién instaladas y que todavía no se habían estrenado.

Desde hace meses los operadores están probando y evaluando medidas para reducir los robos. Por ejemplo, se empiezan a instalar las fundas anticorte. En la doblemente saqueada electrolinera de l’Ametlla del Vallès, el operador ha instalado ya estas fundas con cables de acero y recubiertas con una lona especial que las hace mucho más resistentes no solo a los cortes de cizalla, sino también a los cortes con sierra radial porque se enreda con los hilos de la lona.

“También se están aplicando otros sistemas, como recubrir las mangueras con una marca forense que facilita localizar el material o dispositivos GPS”, explica Sagarra. Reponer cada una de las mangueras con estos sistemas de seguridad supone una inversión de entre 3.000 y 4.000 euros. Y a estos costes hay que sumar la pérdida de ingresos por cada día que el punto de recarga está fuera de servicio, que los operadores estiman en unos 150 euros diarios.

Olivella mantiene que la red de recarga es ahora mucho más extensa y a pesar de los robos, “los usuarios siempre pueden ir a otro cargador a 20 o 30 kilómetros”, aunque advierte que si los robos van a más podrían comprometer la sostenibilidad del negocio, “porque estamos en un proceso inicial, necesitamos más coches eléctricos y más puntos de carga y si este sobrecoste va a más puede perjudicar la implantación”, mantiene.

A su vez, Sagarra advierte que en ocasiones los ladrones no se limitan a una sola electrolinera. “Ahora se están dando casos de rutas y cortan mangueras en varios puntos de una misma zona, lo que causa serios problemas a los conductores de coches eléctricos”. Los usuarios se organizan en grupos en las redes sociales también para informar de los problemas que se encuentran en la red de electrolineras. En el tema de robos en ruta, el más sonado es el que se registró entre Palencia y Burgos. “Fueron parando en todas las estaciones de carga, hasta que se dio el aviso a la Guardia Civil y los agentes esperaron a los ladrones en la siguiente electrolinera, donde los detuvieron”, explica Sagarra.

Según el último barómetro de la electromovilidad de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC), correspondiente al segundo trimestre de 2026, del total de 11.940 puntos de recarga de acceso público de Catalunya (56.682 en toda España), 3.628 (17.821 en total) están fuera de servicio, o bien porque están en mal estado, averiados, o porque aún no han podido conectarse a la red de distribución eléctrica. Las cifras para el estudio se han extraído de la información proporcionada por los propios usuarios.

Además de pedir más medidas de seguridad, Sagarra también reclama a los Mossos d’Esquadra que en el robo de cable de cobre diferencien los casos que se registran en la red ferroviaria de los de los cargadores porque consideran que proporcionalmente el daño que causan estos robos es mayor.