El conflicto por el cierre de Can Bofí Vell ha terminado en los tribunales. La cooperativa Suara, que gestionaba el albergue municipal para personas sin hogar, ha presentado una demanda contra el Ayuntamiento de Badalona (Barcelonès Nord) por reclamar el pago de los servicios que prestó y que todavía no ha cobrado. La entidad ha confirmado a La Vanguardia que recurrió a la vía judicial después de agotar las vías de negociación administrativa y no obtener del consistorio un calendario concreto de pago.
La decisión judicial vuelve a poner sobre la mesa el controvertido final de Can Bofí Vell, que dejó de funcionar en abril del 2024 en medio del debate sobre las políticas municipales de atención a las personas sin hogar. Guanyem Badalona ha aprovechado ahora la demanda de Suara para cargar contra el gobierno de Xavier García Albiol, al que acusa de haber mantenido durante más de dos años una deuda con una entidad del tercer sector mientras el equipamiento sigue cerrado.
La formación de Dolors Sabater sostiene que el gobierno municipal optó por no pagar aunque la Comisión Jurídica Asesora había emitido un dictamen sobre el expediente y acusa al ejecutivo del PP de haber abocado a Suara a acudir a los tribunales. Guanyem considera que esta situación puede acabar encareciendo el coste para las arcas municipales con intereses y costas judiciales.
Suara, por su parte, se limita a confirmar la existencia del procedimiento. “Hemos tenido que recurrir a la vía judicial para reclamar el pago de los servicios prestados”, señala la cooperativa, quien explica que tomó esta decisión después de no obtener un calendario concreto de pago. La entidad no ha querido valorar el fondo de la disputa porque el procedimiento judicial está en curso.
El Ayuntamiento ofrece una versión radicalmente distinta a la que plantea Guanyem. El gobierno municipal niega que haya habido una paralización deliberada del expediente y atribuye el retraso a la situación contractual de Can Bofí Vell y, sobre todo, a la presión extraordinaria que han soportado los Servicios Sociales durante los últimos meses.
Según el consistorio, los servicios reclamados corresponden a una actividad que se prestaba desde 2021 sin un contrato válido que permitiera tramitar su pago con normalidad. Esta circunstancia, sostiene el Ayuntamiento, no fue resuelta por los gobiernos anteriores y seguía pendiente cuando Albiol asumió la alcaldía en junio de 2023.
El gobierno municipal reprocha así a Guanyem que reclame ahora una solución inmediata a un problema que, según su versión, ya arrastraba al consistorio antes del actual mandato. “Pocas lecciones”, señala el ejecutivo local, que defiende que no esconderá el expediente pero tampoco aceptará que se convierta en un arma de confrontación política.
El Ayuntamiento atribuye el retraso de los últimos meses a tres frentes que habrían concentrado una parte importante de los recursos de los servicios sociales. El primero es el desalojo del B9, que afectó a más de 200 personas y obligó al consistorio a desplegar dispositivos de atención, valoraciones de vulnerabilidad y numerosas actuaciones administrativas y jurídicas.
El segundo es el extraordinario incremento de los expedientes de regularización y arraigo derivados de los nuevos procedimientos impulsados por el Gobierno español. Y el tercero, la puesta en marcha del Servicio de Ayuda a Domicilio, un dispositivo que el consistorio considera esencial y que también ha requerido una importante dedicación técnica, económica y jurídica.
El gobierno asegura que Suara acabará cobrando
El gobierno de Xavier Garcia Albiol insiste en que esta acumulación de trabajo explica el retraso pero no significa que el expediente esté detenido. Como prueba, señala que el pleno del 6 de julio aprobó inicialmente una modificación presupuestaria que incorporaba el crédito necesario para afrontar, entre otras obligaciones, el pago de las facturas de Suara.
La batalla política se produce mientras Can Bofí Vell sigue sin prestar el servicio para el que había sido concebido. Guanyem acusa al ejecutivo de Albiol de haber renunciado a un recurso de atención a las personas sin hogar y califica su actuación de “aporofobia institucional”. El gobierno municipal rechaza esta lectura y centra su discusión en la situación administrativa de las facturas y en la gestión del expediente.
El consistorio asegura que Suara acabará cobrando lo que legalmente corresponda por los servicios efectivamente prestados, pero defiende que el pago debe realizarse de acuerdo con el procedimiento establecido. Ahora será la vía judicial la que deberá esclarecer las reclamaciones de la cooperativa y las eventuales consecuencias económicas del conflicto.
Ver comentarios 3
Buen análisis, ayuda a entender el contexto de la noticia.
Se agradece el rigor y las fuentes contrastadas.
Excelente trabajo de la redacción, como siempre.