Con los votos a favor del PSC, Junts, ERC y Comuns esta tarde se ha aprobado la ley del tercer sector social de Catalunya, que reconoce la labor de las entidades y avala su papel en la atención de los colectivos vulnerables. Los diputados del PP, de la CUP y de Vox se abstuvieron y Aliança Catalana se pronunció en contra. Esta norma se entiende como un espaldarazo a un sector que aglutina más de 3.000 organizaciones sin ánimo de lucro con 120.000 trabajadores que acompañan a dos millones de personas en riesgo o en situación de exclusión.
Al término de la sesión parlamentaria, la consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, manifestó que la ley permite avanzar en la “construcción, conjuntamente con el tercer sector, de un estado del bienestar justo” y que ahora se dispone de “herramientas de gobernanza más fuertes”.
La ley regulará las funciones de las entidades y definirá los instrumentos de colaboración con las administraciones públicas. Los presidentes de la Taula del Tercer Sector, Xavier Trabado, y de La Confederació, Jordi Roman, valoraron que a partir de ahora podrán participar de manera activa en el diseño de políticas en este ámbito. “No hay nadie que pueda decir que no quiere verse con nosotros: haya quien haya en el Govern estará obligado a verse con el tercer sector”, afirmó Roman.
En este sentido, el texto aprobado ayer concreta la puesta en marcha del denominado consejo de diálogo civil como un espacio estable de interlocución y participación entre el Govern y el tercer sector para reflexionar sobre las acciones públicas en este ámbito.
La nueva norma refuerza los mecanismos de colaboración entre la administración y el tercer sector y establece la concertación social como forma preferente de relación entre ambas partes. El texto no determina una dotación económica concreta ni regula los mecanismos de provisión o gestión de los servicios, aunque incorpora herramientas para reforzar la estabilidad financiera, como el plan de impulso y promoción de las entidades. También avanza en el reto de consolidar condiciones laborales equiparables de manera progresiva a las de la función pública. Tal como recordó Roman, la cuestión económica se abordará en la futura ley de instrumentos de provisión de servicios sociales, que se está tramitando en el Parlament.
Drets Socials considera relevante que la nueva regulación contemple la creación de un censo público de entidades con el objetivo de “reforzar la transparencia, el reconocimiento institucional y la seguridad jurídica del conjunto del sector”.
Una amplia representación de organizaciones catalanas acudió ayer al Parlament para celebrar una nueva ley calificada de histórica. Pero ahora toca desplegarla sin demoras para que las entidades ganen estabilidad y sostenibilidad, condiciones para poder mantener sus proyectos. También tienen la mirada puesta en los otros dos proyectos de ley de este sector, el citado de instrumentos de provisión del sistema público de servicios sociales y el de la economía social y solidaria.
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Buen análisis, ayuda a entender el contexto de la noticia.
Se agradece el rigor y las fuentes contrastadas.
Excelente trabajo de la redacción, como siempre.