Una nueva esperanza para los pequeños municipios rurales

Los pueblos pequeños respiraron satisfechos el 16 de julio del 2025 cuando el Parlament de Catalunya dio luz verde a la ley del Estatut de Municipis Rurals, una valiosa herramienta que establece una larga lista de acciones para evitar la pérdida de habitantes, ganar de nuevos y mejorar su calidad de vida. Este es un instrumento largamente reivindicado que ya ha dado sus primeros pasos, pero que presenta lagunas sobre la aplicación de algunas medidas previstas en el mismo; en concreto, aspectos que hacen referencia a la creación de vivienda en las 593 poblaciones con menos de 2.000 empadronados que hay en Catalunya.

Los alcaldes volvieron a felicitarse, el pasado 5 de mayo, después de que el Govern rubricara el decreto ley de medidas urgentes en el ámbito urbanístico y de la contratación en municipios rurales. Una de las grandes losas que frena la llegada de nuevos habitantes y el asentamiento de los jóvenes que se quieren emancipar en estos destinos es la gran dificultad para encontrar una primera residencia. Una de las prioridades del estatuto es dar respuesta a este déficit, así como reducir la burocracia en ayuntamientos que disponen de escaso personal y recursos limitados. Tal como apunta Joan Solà, alcalde de Riner (Solsonès) y presidente de la asociación Micropobles, semanas después de la aprobación del decreto ley han visto que “es muy difícil trasladar a la realidad la norma; el fondo es bueno, pero quedan muchas indefiniciones que hacen que los técnicos no vean el camino a tomar para poder actuar en el ámbito urbanístico”. El texto validado por el Govern da respuestas a las demandas, en el sentido de que flexibiliza el planeamiento al amparar la construcción de vivienda principal en lugares donde hasta el momento estaba prohibido, como almacenes, granjas, corrales y otras edificaciones de carácter agrícola, en suelo no urbanizable. También incorpora una nueva figura, el POUM rural, pensado para permitir a los ayuntamientos crecimientos moderados, una tramitación más fácil y una evaluación ambiental simplificada. Pero una cosa es la teoría y otra, llevarla a la práctica.

Los alcaldes destacan la sensibilidad del Govern, pero piden más celeridad

Micropobles nació en el 2008 para dar voz a los 484 municipios de menos de mil habitantes, el 51% del total de Catalunya, pero cuya población solo representa el 2,5% del global. Reducir los trámites administrativos y poner los medios para disponer de más vivienda han sido dos de sus principales caballos de batalla.

“El decreto ley plantea acciones que chocan con otras leyes o que colocan a los ayuntamientos en situaciones de vulnerabilidad técnica, por eso se acordó por unani­midad que se tramitara como proyecto de ley”, precisa Carme Ferrer, presidenta del Fòrum de Petits Municipis de l’Associació Catalana de Municipis (ACM) y alcaldesa de Senan, localidad de la Conca de Barberà que cuenta con 47 empadronados. Ferrer considera que deben repensarse puntos del decreto, como el que establece la creación de inventarios de edificaciones en suelo no urbanizable susceptibles de ser recuperadas como primera residencia si forman parte de un conjunto habitado. Ferrer, Solà y también Jaume Gilabert, alcalde de Montgai y portavoz de la plataforma Eines de Repoblament Rural, coinciden en que el Govern ha mostrado más sensibilidad hacia sus demandas y que ha puesto en marcha algunas medidas, pero que es necesaria mas celeridad.

“La mayor carencia en Montgai es la vivienda. Tenemos internet; dos escuelas, una en cada núcleo; buenas carreteras... Si tuviéramos diez casas más, estarían ocupadas”, señala Gilabert.

A pesar de los ritmos pausados de la Administración, Ferrer hace un balance positivo de lo conseguido y valora los cambios que debe imprimir el Mecanismo Rural de Garantía, otra herramienta incluida en el estatuto que prevé una suerte de discriminación positiva hacia estos pueblos en futuras legislaciones.