El debate sobre la nueva propuesta de ordenanza de civismo y convivencia del Ayuntamiento de Lleida, que recoge, entre otras normativas, que “está prohibido llevar cualquier prenda vestimenta u otra indumentaria que oculte el rostro en los espacios públicos”, en clara alusión al burka, vuelve a retrasarse por el aluvión de recursos recibidos por el consistorio.
El alcalde, el socialista Fèlix Larrosa aseguró en abril que se debatiría en el pleno de junio. El debate se retrasó inicialmente al pleno de julio y ahora vuelve a retrasarse a septiembre, según ha avanzado a La Vanguardia la concejal de Seguridad, Cristina Morón “por el enorme número de alegaciones.
La prohibición no se aplicará “en los lugares de culto ni en los espacios donde sea habitual ir con el rostro cubierto en atención a las costumbres sociales aceptadas o cuando se haga en el ejercicio de un derecho fundamental” y se enmarca en civismo y derecho de las mujeres, y no en la seguridad dijo Larrosa en abril, cuando anunció la propuesta.
El PP ha presentado 76 enmiendas “para prohibir el burka sin excepciones, proteger a los menores y garantizar el descanso vecinal”.
El portavoz del PP y jefe de la oposición en Lleida, Xavier Palau señala los retrasos en la aprobación inicial sobre la ordenanza significa “que no existe consenso y es una cuestión importante para el presente y futuro de la ciudadanía y la ciudad”. “La prueba _añade es que el famoso pacto por el civismo ha sido un desastre porque tiene muchas menos adhesiones de las que inicialmente tenía previsto el alcalde”.
Para la portavoz de ERC, Jordina Freixanet, Lleida necesita actualizar sus políticas de convivencia, pero no necesita un maquillaje de la ordenanza del 2007 que en lugar de resolver situaciones de conflicto, vuelve a poner en debate cuestiones más que tratadas y que desde un punto de vista de competencias el ayuntamiento tiene poco recorrido.
“Lleida no necesita que el gobierno convierta a la ciudad en un gran catálogo de prohibiciones y sanciones. La propuesta del gobierno sigue confundiendo convivencia con orden y control, y no da suficiente peso a la prevención, la mediación, la reparación y la acción comunitaria”.
Con este argumento ERC pide que se retire el texto y se elabore una nueva ordenanza, “con una diagnosis rigurosa, garantías jurídicas y un verdadero acuerdo de ciudad”.
La concejal y portavoz de Junts, Violant Cervera ha insistido en que Junts per Catalunya está en contra del burka. “Creemos _afirma_reemos que ninguna mujer sale a la calle con la cara completamente tapada, creemos que es indigno y que la mejor manera de regularlo es por cuestiones de seguridad, no puedes ir con un casco o con un pasamontañas, tampoco con un burka”.
Para ella la cuestión no es estar en contra o a favor del burka sino quién tiene las competencias para regularlo. En este contexto ha recordado que Junts ya presentó una iniciativa en el Congreso para que se pudiera prohibir el burka por cuestiones de seguridad que fue rechazada por el PSOE, por ERC y por Sumar.
“Rechazamos la idea de que si se prohíbe el burka estas mujeres se quedarán encerradas en casa, eso sería un secuestro, las mujeres no pueden quedarse encerradas en casa por cuestión religiosa ni de vestimenta” ha afirmado.
Respecto a las enmiendas que harán a la ordenanza, de las que ha dicho que su grupo tiene pendiente valorar, Cervera plantea que la prohibición “tiene que ir regulada a través de cuestiones de seguridad. “No obstante, si desde Secretaría General se considera que este redactado es el correcto creemos que se ha de añadir, como mínimo la posibilidad de que se modifique, según la legislación vigente porque si en algún momento se puede regular a través del Congreso, también sea aplicable en las ordenanzas de civismo de Lleida”, ha concluido.
La portavoz de VOX, Glòria Rico, ha recordado que en abril ya apuntó que Larrosa se había apropiado de una moción que el VOX presentó en marzo, su portavoz.
El Comú, que ha presentado una enmienda a la totalidad, reclama una revisión a fondo del texto para hacer una ordenanza más clara, mejorar la proporcionalidad de las sanciones, reforzar las acciones de prevención, mediación y reparación de daños,
El grupo denuncia que la ordenanza plantea un modelo basado en el ‘punitivismo’, con multas desproporcionadas y una regulación poco clara que puede acabar afectando especialmente a personas en situación de vulnerabilidad.
“El tratamiento de cuestiones como la pobreza, la prostitución o determinadas formas de vestir genera un sesgo social peligroso y que ayuda muy poco a la convivencia, y que esta ordenanza no puede convertirse en una herramienta para castigar situaciones de desigualdad” , ha argumentado la concejala, Laura Bergés.
Ver comentarios 3
Buen análisis, ayuda a entender el contexto de la noticia.
Se agradece el rigor y las fuentes contrastadas.
Excelente trabajo de la redacción, como siempre.