Consumado a la fuerza el desahucio de Maricarmen. La vecina de 87 años del barrio madrileño de Retiro se ha enfrentado este miércoles al cuarto y definitivo intento de desahucio de la casa donde ha vivido durante más de siete décadas. La autoridad judicial no le ha dado ni una hora para llevarse sus enseres. Y mucho menos 15 días para hacer una salida más calmada.
A las 13.05 horas de la mañana, la mujer ha salido en una camilla y se la han llevado en una ambulancia. Por ahora, se desconoce donde va a vivir a partir de hoy. De momento, la han traslado al hospital Gregorio Marañón por su delicada situación de la salud.
Las prisas han hecho que la autoridad judicial le haya dicho que “ya le mandarán las cajas donde vaya a vivir”. Ahora el Samur Social le está buscando una alternativa habitacional in extremis, ya que la mujer no sabe donde va a vivir los próximos días. Todo han sido negativas. Incluso su abogada Beatriz Duro ha pedido 15 días para ejecutar la salida de forma ordenada. No ha sido posible. A última hora, un primo le ofrecía ir a su casa de 50 metros, pero ella se ha negado.
La autoridad judicial tampoco ha admitido la última propuesta económica de que una persona anónima hacia frente a la diferencia de los pagos que la mujer no podía afrontar.
Actualmente la mujer, que nunca ha dejado de pagar sus rentas, desembolsaba 500 euros al mes por el alquiler y el objetivo de la propiedad era que pagase 1.650 euros, cuando su pensión es de 1.350 euros. A última hora, había aparecido esa donante anónima del mundo de la cultura que se había comprometido a pagar lo que a la mujer le faltaba para hacer frente al alquiler, pero Urbagestión, una socimi propietaria de la vivienda, y detrás de la cual hay un fondo de inversión, no ha aceptado esta propuesta, según su abogada Duro.
La comitiva judicial ha llegado a la finca hacia las 9. 30 horas de la mañana y ha negociado con la abogada Duro que no se llevase a cabo el alzamiento.
Ha habido mucha tensión y empujones ante la casa de Maricarmen a la espera de que la comisión judicial ejecutase este desahucio. La jueza Elena Cortina Blanco era la que podía haber dado la orden de parar el desahucio, según fuentes conocedoras de los hechos. Finalmente, se ha ejecutado.
Incluso los medios de comunicación han tenido durante toda la mañana problemas para llevar a cabo su trabajo por el cordón policial que se ha montado por la Policía Nacional por orden judicial. Desde anoche había activistas y vecinos ejerciendo presión en los alrededores de la finca para frenar el desahucio.
Ha habido mucha tensión y empujones ante la casa de Maricarmen a la espera de que la comisión judicial lo ejecutase. La mujer incluso se mueve con silla de ruedas y la han bajado en una camilla, tapada con una sabana.
Desde Delegación del Gobierno de Madrid se ha aclarado que su posición era contraria al desahucio y que la “Policía Nacional actúa bajo las órdenes de mandato judicial”. Pero los agentes han alejado a varias personas por las protestas de la finca.
Llevaba viviendo 70 años en el piso
El lanzamiento ha arrancado a las 7.30 horas de este miércoles en la que ha sido su vivienda durante 70 años, en el número 46 de la calle Alcalde Sainz de Baranda. La zona ha estado acordonada por la policía e incluso ha habido cargas policiales entre la gente que apoyaba a la anciana. Su abogada Duro ha declarado en RTVE que solo se podía frenar este desahucio si “una juez emitía una orden de última hora”. La secretaria de estado de Vivienda, Leire Iglesias, ha explicado que “se propuso al propietario adquirir la vivienda y una mediación con un alquiler justo, pero nunca hubo contraoferta económica”.
El caso de Maricarmen se ha convertido en uno de los símbolos de la lucha por el acceso a la vivienda en Madrid. El padre de Maricarmen firmó en 1956 un contrato de arrendamiento para esa vivienda. Tras su muerte, el contrato se subrogó en su esposa y, posteriormente, pasaría a Maricarmen.
Contrato de renta antigua
Ella se subrogó en las mismas condiciones, es decir, una renta que se actualizaba cada año en base al IPC, más otros gastos como el IBI, durante casi 20 años. El documento forma parte de los contratos conocidos como “de renta antigua”.
La mujer, con una discapacidad del 50%, logró que los tribunales le dieran la razón en primera instancia pero finalmente el Tribunal Supremo falló a favor del inversor.
La afectada se ha enfrentado a su cuarto intento de desahucio desde que la propiedad del edificio pasara en 2018 a Urbagestión, empresa que, según denuncian los colectivos de apoyo, trató de incrementar el alquiler de la inquilina en un 275%, hasta 2.750 euros.
Apoyo del Sindicato de Inquilinas
El Sindicato de Inquilinas asegura haber trasladado diversas propuestas a las administraciones para resolver el conflicto, entre ellas la adquisición pública de la vivienda o reformas legislativas que refuercen la estabilidad de los contratos de alquiler. Sin embargo, denuncia que no ha recibido respuesta a estas iniciativas.
Desde la organización sostienen que ni el Ayuntamiento de Madrid, ni la Comunidad de Madrid, ni el Gobierno central han ofrecido hasta el momento una alternativa habitacional a Maricarmen, más allá de una residencia privada con un coste de más de 1.200 euros, “una barbaridad” para la pensión de la mujer.
La organización recuerda además que Naciones Unidas ha requerido al Estado español que adopte medidas para evitar el desahucio y garantice una solución habitacional adecuada. “Maricarmen está cansada pero tiene fuerzas para seguir adelante”, apuntan desde este colectivo.
Vivienda urge a Almeida y Ayuso a intervenir
Por su parte, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha urgido al Ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid a intervenir ante el desahucio y ha respaldado el requerimiento de Naciones Unidas para suspender cautelarmente el desalojo. La portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha solicitado también que “se frene el desahucio”.
Por un lado, Vivienda ha criticado al Ayuntamiento por no haberse pronunciado sobre su situación de vulnerabilidad “pese a tener desde hace meses una solicitud sobre la mesa”, mientras que, por otro lado, ha cargado contra la Comunidad de Madrid por no “ofrecer una alternativa habitacional” a la mujer o concederle “un complemento de rentas para que pueda asumir el coste del alquiler”.
Al respecto, fuentes municipales apuntan a que los servicios sociales del Ayuntamiento mantienen un seguimiento continuo de su situación. “El Ministerio de Vivienda miente. Los servicios sociales municipales emitieron el correspondiente informe de vulnerabilidad en octubre de 2025 a petición del juzgado”, indican.
En este sentido, subrayan que la afectada “es usuaria de diferentes prestaciones sociales municipales”, como el servicio de ayuda a domicilio. Además, recalcan que desde el Consistorio se han puesto a su disposición “diferentes recursos de alojamiento”, pero que la mujer “ha manifestado expresamente su rechazo cuando se le ha ofrecido plaza”.
Samur Social tras el lanzamiento va a ofrecerle atención en el marco de la emergencia social.
Fernando de los Santos de Sindicatos de Inquilinos ha declarado tras el desahucio: ¿”Dónde va a vivir Maricarmen sus últimos años de vida?” Y ha exigido responsabilidades al Gobierno estatal y al autonómico y municipal para frenar este tipo de actuaciones.
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Buen análisis, ayuda a entender el contexto de la noticia.
Se agradece el rigor y las fuentes contrastadas.
Excelente trabajo de la redacción, como siempre.