Los cinco interrogantes del caso Maricarmen sobre el acuerdo para que vuelva a su casa

El caso de Maricarmen se ha convertido en un símbolo contra la especulación inmobiliaria para evitar  más desahucios de personas vulnerables. El tema ha movilizado al Sindicato de Inquilinas cuyos activistas han  tomado la Puerta del Sol, con unas 350 tiendas de campaña. En el Congreso se trabaja a contrarreloj en las negociaciones políticas entre los distintos grupos parlamentarios para que mañana el Consejo de Ministros apruebe un real decreto que evite este y otros tipos de desahucios. Y mientras tanto, Maricarmen sigue ingresada en el Hospital Gregorio Marañón sin saber cuál será su nueva residencia.  Esta tarde se celebra una reunión a las 16 horas entre las partes implicadas y los mediadores de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS) para ver si se alcanza un acuerdo. Toca dirimir de quién son las competencias sobre el caso Maricarmen.

¿Quién acude a la reunión de esta tarde?

Por parte de Maricarmen, acude su abogada Beatriz Duro, su primo Vicente y un representante del Sindicato de Inquilinas. Por parte de Urbagestión sus gestores y un abogado. Mientras que  por parte del Ayuntamiento  los técnicos mediadores del programa SIA (Servicio de Intermediación De Alquiler).

¿Qué pretende el Ayuntamiento con esta mediación?

El objetivo de la reunión es que la abogada de la octogenaria y  la empresa propietaria de la vivienda alcancen un acuerdo en virtud de las condiciones que contempla el programa SIA (Servicio de  Intermediación de Alquiler) del Ayuntamiento para alquilar una vivienda. Entre las exigencias de dicho programa figura que el alquiler no exceda el 40% de los ingresos del inquilino. Si Maricarmen cuenta con una pensión de 1.350 euros, el precio máximo para cumplir las condiciones del programa municipal de alquiler sería que la empresa acepte dejar la renta de alquiler mensual a Maricarmen en 540 euros, cifra muy similar a la que la mujer de 87 años pagaba hasta la semana pasada, que rondaba los 500 euros.

¿Pueden las partes firmar un acuerdo fuera de las condiciones impuestas por el Ayuntamiento?

Sí. Las partes pueden alcanzar otro acuerdo fuera del programa SIA que implique un mayor precio de la renta mensual. En ese caso, Maricarmen cuento “con muchos apoyos privados”, según su letrada, para hacer frente al pago de su alquiler mensual, pero hay que describir y detallar en el nuevo contrato quién y cómo se hacen cargo de dichos pagos.

¿Por qué el Ayuntamiento y el Ministerio de Vivienda no pueden adquirir la vivienda?

El consistorio cuenta con el programa Reviva y el Ministerio de Vivienda con el programa estatal Casa 47. Ninguno de los dos programas permite adquirir casas con inquilinos dentro. La viviendas adquiridas deben estar libres de cargos y el piso de la calle Alcalde Sainz de Baranda, número 46, donde vivía Maricarmen, cuenta con una hipoteca. Y, por último, si un organismo público comprase la vivienda tiene que adjudicarla a las personas que hay en sus respectivas listas de espera. No  pueden adjudicar sus viviendas a dedo.

¿De quién es la responsabilidad política?

El Gobierno central tiene la obligación de legislar para que este tipo de desahucios con personas vulnerables no se repitan. Los servicios sociales del Ayuntamiento de la capital son los que deben hacerse cargo de la mujer para encontrarle “una solución habitacional”, tras consumado el desahucio. Y la Comunidad de Madrid puede colaborar con los servicios municipales ofreciendo residencias de titularidad pública. 

El quid de la cuestión es que Maricarmen quiere seguir residiendo en una vivienda. No en un geriátrico. Los servicios sociales dictaminaron la semana pasada que “debe vivir en una residencia por “su grado de dependencia”. Si no se alcanza un acuerdo esta tarde entre las partes implicadas, el problema seguirá en el tejado de los servicios sociales municipales.