Tras la mediación con técnicos del Ayuntamiento, Maricarmen y Urbagestión han alcanzado un acuerdo para que la mujer de 87 años vuelva a su casa del madrileño barrio del Retiro, cuando salga los próximos días del hospital Gregorio Marañón, donde lleva hospitalizada seis días. Casi cuatro horas de negociación han servido para firmar un acuerdo que tiene que validar la propia implicada.
La Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid, a través de su servicio de intermediación de alquiler, ha ofrecido algunas de sus herramientas, como un seguro de impago, una póliza multirriesgo de hogar y asesoramiento técnico legal.
Pagar menos del 40% de los ingresos
Un requisito imprescindible para firmar el contrato bajo el programa municipal es que los ingresos de la unidad familiar del inquilino sean inferiores a 8 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem). Según el Sindicato de Inquilinas de Madrid, la pensión de Maricarmen es de 1.450 euros mensuales; si se cobra como es habitual en 14 pagas, la cuantía anual alcanza 20.300 euros.
En este caso, Maricarmen cumple holgadamente el requisito del Iprem. No obstante, la segunda condición que establece el programa municipal es que el esfuerzo para pagar el alquiler no supere el 40% de los ingresos netos. De esta forma, el cálculo atendiendo a la pensión de Maricarmen queda en una renta máxima mensual de 676,67 euros.
La empresa ha cedido en sus pretensiones económicas y ha dado un giro importante. Ha disminuido, ahora sí, el importe que tendrá que pagar Maricarmen para dar una solución a una persona mayor y vulnerable, tras la repercusión social, política y mediática de este desahucio.
Según publicó el Sindicato de Inquilinas en junio, la primera subida propuesta por Urbagestión ascendía a una cuantía mensual de 2.650 euros, que posteriormente se rebajó a 1.650 euros. Así, la cuantía límite fijada por el Ayuntamiento estaría 1.000 euros por debajo de la última oferta planteada por la propiedad.
Por parte de la mujer han acudido al encuentro su abogada Beatriz Duro, un representante del Sindicato de Inquilinas -que inicialmente no se le dejaba entra a la reunión, pero que finalmente sí ha podido acceder a la reunión- y su primo Vicente, en representación familiar. Por parte de la empresa sus gestores y la parte legal. Y por parte del Ayuntamiento, los técnicos del servicio de mediación.
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Buen análisis, ayuda a entender el contexto de la noticia.
Se agradece el rigor y las fuentes contrastadas.
Excelente trabajo de la redacción, como siempre.