Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que concluye que se vulneró el derecho fundamental a la libertad sindical de un delegado de la Policía Local de Canet de Mar (Maresme) ha vuelto a abrir un doble frente político en el municipio en base a la ausencia de responsabilidades internas tras el fallo judicial y la controversia sobre utilizar recursos públicos en la defensa jurídica de cargos policiales personados en el procedimiento, sin ser parte acusada.
La resolución judicial concluye que la denegación para poder asistir de forma telemática a una reunión sindical celebrada el 25 de abril de 2025 vulneró el derecho fundamental a la libertad sindical del agente y delegado sindical, que se encontraba de baja laboral. El tribunal revocó parcialmente una sentencia anterior y consideró que la actuación administrativa vinculada a la convocatoria realizada desde la concejalía de Seguridad Ciudadana, encabezada por Àngels Isart, no estaba motivada, era arbitraria y carecía de justificación para impedir, sin respuesta ni argumentación, la participación telemática solicitada por el representante sindical.
El TSJC reprocha especialmente que no se ofreciera explicación alguna para denegar la conexión remota, pese a existir precedentes con el mismo delegado, que ya había participado telemáticamente en otra reunión sindical y sin que el Ayuntamiento acreditara motivos técnicos. La sentencia concluye que esa omisión acabó limitando de manera injustificada el ejercicio de la representación sindical.
Aunque el fallo judicial abre la puerta a un recurso de casación, no consta públicamente que se presentara impugnación alguna y el plazo legal previsto habría expirado hace meses, sin comunicación municipal sobre un eventual recurso.
No ha trascendido investigación interna
Pese a la gravedad que supone una resolución judicial que declara vulnerado un derecho fundamental en el ámbito municipal, no ha trascendido ninguna investigación interna ni actuación formal del Ayuntamiento para depurar responsabilidades políticas o administrativas.
La cuestión ha sido puesta sobre la mesa por el PSC de Canet de Mar, que ha registrado una instancia reclamando explicaciones al gobierno municipal sobre si piensa activar los mecanismos previstos en el Código de Conducta de los Altos Cargos del Ayuntamiento, si la sentencia ha sido trasladada a la comisión de seguimiento correspondiente y qué actuaciones piensa adoptar ante una resolución judicial de estas características.
En una nota de prensa, el grupo municipal socialista, que lidera la concejal Marian Gómez, sostiene que el caso no puede despacharse como una polémica política o laboral ordinaria, sino que afecta a derechos fundamentales constitucionalmente protegidos y a principios de integridad, ejemplaridad y respeto institucional recogidos en el propio código ético municipal.
La oposición reclama además conocer lo que ha costado económicamente el procedimiento y las decisiones que ha adoptado el consistorio a raíz de la sentencia. La resolución judicial deja abre además otra controversia política, el coste económico de la representación jurídica asumida durante el litigio, incluyendo las derivadas de que el jefe de la policía y el sargento se presentaron voluntariamente en la causa, sin ser parte acusada, y contrataran un abogado y un procurador de forma privada. Una contratación que cabe esclarecer si corrió a cargo de las arcas municipales.
La sentencia refleja que el Ayuntamiento de Canet de Mar fue defendido por un letrado de la Diputació de Barcelona, mientras que un sargento y un inspector de la Policía Local comparecieron como codemandados en el procedimiento, pese a no figurar como denunciados ni ser destinatarios directos de la acción judicial, centrada únicamente en la decisión administrativa sobre la reunión sindical.
La oposición ha solicitado aclaraciones sobre si la asistencia jurídica y representación procesal de estos comparecientes fue sufragada con recursos públicos, cuál fue el coste asumido y bajo qué criterio se autorizó. Hasta el momento no se han hecho públicas explicaciones institucionales detalladas sobre esta cuestión. Al cierre de esta noticia, el Ayuntamiento de Canet no ha respondido a la petición de contraste que se ha realizado.
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Buen análisis, ayuda a entender el contexto de la noticia.
Se agradece el rigor y las fuentes contrastadas.
Excelente trabajo de la redacción, como siempre.