Vox ha logrado introducir por primera vez el principio de “prioridad nacional” en un texto presupuestario de la Generalitat Valenciana. El PP aceptó ayer una de las principales exigencias planteadas por la formación de Santiago Abascal para respaldar las cuentas autonómicas de 2026 al incorporar este criterio a un programa de ayudas para facilitar el acceso a la vivienda de jóvenes en municipios afectados por la despoblación.
La enmienda fue aprobada durante la comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda de Les Corts gracias a la mayoría que suman PP y Vox. La modificación afecta al programa de Función Social de la Vivienda, dependiente de la Vicepresidencia Primera y Conselleria de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, y altera tanto los objetivos como las líneas de actuación previstas para favorecer el acceso a la vivienda en el medio rural.
En concreto, el nuevo texto establece que estas políticas deberán desarrollarse “incorporando el principio de prioridad nacional, adecuado a la legalidad vigente”, con el propósito de “procurar la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable en la Comunitat Valenciana”, con el objetivo de garantizar “la relación efectiva y afectiva del solicitante a la región”.
La misma redacción se incorpora a la principal línea de actuación del programa, que prevé la creación de ayudas para que los jóvenes puedan acceder a una vivienda en municipios rurales con problemas de despoblación. Aunque el alcance inmediato de la enmienda queda circunscrito a este programa concreto, la incorporación expresa del concepto de “prioridad nacional” supone un significativo paso político, ya que el PP asume por primera vez una de las principales banderas ideológicas de Vox en materia de acceso a recursos públicos.
La formación que dirige Santiago Abascal había convertido esta cuestión en una de las condiciones para apoyar los presupuestos de la Generalitat. Horas antes del inicio de la comisión parlamentaria, Vox volvió a advertir de que no respaldaría las cuentas si el PP no aceptaba las enmiendas relacionadas con este principio. Finalmente, los populares dieron su visto bueno, evidenciando la estrecha sintonía que ambos partidos mantienen durante la negociación presupuestaria.
La jornada parlamentaria confirmó esa coincidencia. PP y Vox aprobaron mutuamente todas las enmiendas debatidas durante la mañana y rechazaron las presentadas por PSPV y Compromís, reproduciendo en todas las votaciones la mayoría de siete diputados frente a seis de la oposición. El presidente de la comisión, el socialista Toni Gaspar, llegó a resumir la situación con una expresión: “sincronía total”, según recoge la agencia EFE.
La decisión provocó una inmediata reacción del PSPV. Su secretaria general, Diana Morant, aseguró que la Comunitat Valenciana será “la primera” en aprobar unos presupuestos que incorporan la prioridad nacional y acusó al Gobierno valenciano de haber asumido “por completo la agenda fascista de Vox”.
La también ministra sostuvo que las enmiendas aceptadas por el PP reflejan “las obsesiones” de Vox, entre ellas las relacionadas con la igualdad y la acción sindical. En este sentido, denunció que con el respaldo de populares y Vox desaparecen de las cuentas autonómicas los planes de igualdad impulsados por los sindicatos.
Morant fue todavía más allá al afirmar que el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, “acepta las enmiendas racistas de la ultraderecha sin rechistar” porque su prioridad es mantener el apoyo parlamentario de Vox y, con ello, su continuidad al frente del Consell. A su juicio, el jefe del Ejecutivo valenciano busca además satisfacer las exigencias de la dirección nacional del PP.
La líder socialista vinculó también este acuerdo con el anterior pacto de gobierno entre PP y Vox tras las elecciones autonómicas y sostuvo que la Comunitat Valenciana vuelve a convertirse en un laboratorio político de los acuerdos entre ambas formaciones. “Seguimos teniendo un gobierno negacionista que compra todos los postulados fascistas para mantenerse en el sillón”, afirmó.
Aprovechó además su comparecencia para anunciar que el Consejo de Ministros aprobará este martes la aportación anual del Gobierno a la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), una institución cuya financiación ha sido objeto de controversia durante la negociación presupuestaria. Morant contrapuso ese respaldo del Ejecutivo central a lo que calificó como la política de “la motosierra” impulsada por PP y Vox.
Desde Vox defendieron que la prioridad nacional responde al “sentido común” y negaron que suponga excluir a ningún ciudadano. Según la formación, el objetivo es priorizar a quienes acrediten un vínculo efectivo con la Comunitat Valenciana a la hora de acceder a determinados recursos públicos.
Por su parte, el PP evitó presentar la modificación como una cesión política y enmarcó el acuerdo dentro del proceso de negociación de unas cuentas que, según defendió, pretenden mejorar la gestión de los recursos públicos y responder a las necesidades de los valencianos. Durante el debate parlamentario, los populares insistieron en que mantienen una actitud de diálogo para sacar adelante unos presupuestos que consideran imprescindibles para la estabilidad de la Comunitat Valenciana.
Con la aprobación de esta enmienda, Vox no solo asegura una de sus principales reivindicaciones para respaldar las cuentas de 2026. También consigue introducir en un documento oficial de la Generalitat un concepto que hasta ahora el PP había evitado incorporar de forma expresa y que previsiblemente marcará buena parte del debate político durante la tramitación definitiva de los presupuestos y su posterior desarrollo.
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Buen análisis, ayuda a entender el contexto de la noticia.
Se agradece el rigor y las fuentes contrastadas.
Excelente trabajo de la redacción, como siempre.