Si se mantiene la buena sintonía entre Pedro Sánchez y Juanma Moreno Bonilla —aunque algunos, a izquierda y derecha, ya intentan romperla—, la tragedia del incendio de Almería, con trece muertos, se está abordando con el rigor y la colaboración institucional que exige un Estado compuesto. Es decir, coordinando todos los recursos disponibles entre ambas administraciones y ofreciendo una imagen de unidad que transmita a los ciudadanos la determinación de las instituciones de arropar a las familias de las víctimas, rescatar y atender a los damnificados y reforzar, con rigor, los protocolos de prevención y emergencia necesarios ante una tipología de sucesos que, por efecto del cambio climático, será cada vez más recurrente en nuestra geografía. Sería deseable, por ello, que esa sintonía institucional exhibida ayer por ambos dirigentes se mantuviera en el tiempo.
Nada de eso sucedió cuando se produjo la dana de Valencia, que ayer sumó un nuevo fallecido, elevando la cifra de víctimas a 231. Bien al contrario, entre la Generalitat Valenciana y el Gobierno de España no ha existido, de facto —la comisión mixta no ha pasado de ser una escenificación, según admiten ambas partes—, ni coordinación ni una verdadera voluntad de colaborar en la reconstrucción. Tampoco para acompasar las ayudas a los afectados. Ni siquiera la hubo durante los primeros días, esas cuatro jornadas en las que cientos de miles de damnificados se sintieron completamente solos, sin alimentos, agua, medicinas o atención sanitaria urgente que aliviara la agonía que estaban padeciendo. Hay otro dato revelador: Pedro Sánchez y Carlos Mazón nunca mantuvieron una reunión para abordar la reconstrucción. Y el encuentro entre Sánchez y el nuevo president, Juanfran Pérez Llorca, solo se produjo a petición del dirigente valenciano. En la mayor tragedia causada por un fenómeno natural en España en décadas, el Estado compuesto evidenció hasta qué punto la polarización política podía conducir al fracaso institucional.
En tragedias como las de Almería o la dana, lo último que necesitan los ciudadanos es contemplar a sus responsables públicos atrapados por la retórica partidista, subordinando el sufrimiento de las víctimas al cálculo político
El dramático suceso de Almería, como ya ocurrió el año pasado con los incendios de Castilla y León, demuestra que es posible situar a las instituciones por encima de las diferencias políticas de quienes las gobiernan. Sin que ello implique renunciar a depurar todas las responsabilidades políticas y judiciales que puedan derivarse de la gestión de estas tragedias. Porque, en situaciones de esta magnitud, lo último que necesitan los ciudadanos es contemplar a sus responsables públicos atrapados por la retórica partidista, subordinando el sufrimiento de las víctimas al cálculo político. La dana mostró la peor versión de una dinámica que tendrá precio en las urnas en las próximas elecciones locales y autonómicas. Almería, por el contrario, ofrece una alternativa. Ojalá no sea solo un paréntesis.

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Buen análisis, ayuda a entender el contexto de la noticia.
Se agradece el rigor y las fuentes contrastadas.
Excelente trabajo de la redacción, como siempre.