El PP de Juanfran Pérez Llorca ha dado este martes un nuevo paso en la asunción de una de las principales exigencias de Vox para aprobar los Presupuestos de la Generalitat de 2026. Después de aceptar el lunes la incorporación del principio de “prioridad nacional” en materia de acceso a la vivienda, los populares han respaldado ahora las enmiendas de la formación de Santiago Abascal que trasladan ese mismo criterio al ámbito de las ayudas sociales y de la Renta Valenciana de Inclusión (RVI).
La comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda de Les Corts ha aprobado las enmiendas gracias a la mayoría de siete votos que suman PP y Vox frente a los seis representantes de PSPV y Compromís, una correlación de fuerzas que se ha repetido durante toda la sesión y que evidencia la sólida sintonía parlamentaria entre ambos grupos en la tramitación de las cuentas autonómicas.
El acuerdo supone que el proyecto presupuestario incorpore el compromiso de tramitar una nueva Ley de la Renta Valenciana de Inclusión que introduzca el principio de prioridad nacional, “adecuado a la legalidad vigente”, con el objetivo de que la asignación de los recursos públicos beneficie prioritariamente a quienes acrediten un “arraigo real, duradero y verificable” en la Comunitat Valenciana.
Las enmiendas aprobadas no se limitan a anunciar una futura reforma normativa. También contemplan que ese principio se aplique en la puesta en marcha de la nueva regulación, en la adaptación de los actuales beneficiarios al nuevo marco jurídico y en la ampliación de potenciales perceptores de la prestación, siempre bajo ese requisito de arraigo verificable.
Además, el PP ha apoyado otra de las iniciativas impulsadas por Vox que introduce un nuevo apartado específico dedicado a la “crisis demográfica y del ámbito familiar”. En él se prevé la creación de ayudas dirigidas a las familias valencianas para facilitar la crianza y manutención de los hijos, así como subvenciones destinadas a sufragar actividades extraescolares, todas ellas igualmente vinculadas al principio de prioridad nacional.
La sesión de este martes estuvo marcada por un nuevo enfrentamiento entre los dos bloques parlamentarios. Antes del inicio del debate, el síndic de Vox, José María Llanos, recordó que la incorporación de este criterio forma parte del pacto presupuestario alcanzado con el PP y mostró su satisfacción porque los populares estén cumpliendo los compromisos adquiridos.
Durante el debate, según informa EFE, Vox defendió que una gestión “correcta” de los servicios sociales exige garantizar un “arraigo real, duradero, efectivo, estable y verificable”, una condición que calificó de “sentido común”. La formación también destacó que, gracias a sus enmiendas, el tiempo mínimo de residencia exigido para acceder a la Renta Valenciana de Inclusión pasará de doce meses a tres años.
Junto a estas modificaciones, Vox consiguió sacar adelante otras propuestas de contenido presupuestario. Entre ellas figura duplicar la partida destinada a cooperación internacional, que pasa de 300.000 a 600.000 euros; crear una línea dotada con 2,5 millones de euros para el retorno de menores extutelados; impulsar nuevas políticas de maternidad y familia mediante ayudas por importe de 3,5 millones de euros, así como otra partida de 700.000 euros destinada a actuaciones relacionadas con la dependencia y las personas con discapacidad.
Se duplica la partida para el retorno de los menores extutelados
Desde el PP se defendieron unas cuentas que calificaron de “trabajadas y realistas” y que, según sus representantes, constituyen “los presupuestos más sociales de la historia”. Los populares rechazaron las acusaciones de la oposición y sostuvieron que las cuentas sitúan “a la persona en el centro”, al tiempo que acusaron a PSPV y Compromís de intentar trasladar “el falso mensaje de que se recortan las políticas sociales”.
Las críticas llegaron con dureza desde la oposición. El PSPV anunció que combatirá la incorporación de la prioridad nacional “hasta las últimas consecuencias” y no descartó acudir a los tribunales al considerar que este criterio vulnera principios básicos de igualdad en el acceso a las prestaciones públicas.
El PP respondió calificando esa amenaza de “brindis al sol” y retó a los socialistas a denunciar también a los alcaldes de su propio partido que, según sostienen los populares, ya aplican criterios similares en determinadas convocatorias municipales.
Compromís fue todavía más contundente. Durante su intervención acusó al PP de haberse plegado “a los designios de Vox” y cargó contra las enmiendas de la formación de Abascal, que definió como “literatura barata”. La coalición valencianista sostuvo que Vox ha convertido la prioridad nacional en una “obsesión” destinada a alimentar el enfrentamiento social y llegó a calificar a la formación de “peligro público”.
La votación de este martes confirma que el acuerdo presupuestario entre PP y Vox va mucho más allá de un apoyo puntual a las cuentas de la Generalitat. Las sucesivas enmiendas aprobadas muestran cómo las principales reivindicaciones ideológicas de Vox han ido incorporándose al texto presupuestario, primero en materia de vivienda y ahora también en el acceso a las ayudas sociales, reforzando el perfil político de unos Presupuestos que siguen generando una intensa confrontación en Les Corts.
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Buen análisis, ayuda a entender el contexto de la noticia.
Se agradece el rigor y las fuentes contrastadas.
Excelente trabajo de la redacción, como siempre.