El gobierno valenciano ha mostrado este martes su rechazo a la política migratoria del Gobierno y expectante ante el posible traslado a la Comunitat Valenciana, y a otros territorios, de menores no acompañados que actualmente están en Ceuta tras la crisis migratoria del jueves pasado. “Dado que en Ceuta restaban 29 plazas y son 1.000, estamos a la expectativa, estamos esperando un problema”, ha señalado el portavoz del Consell, Miguel Barrachina en el arranque de la rueda de prensa posterior al ple del Consell.
El también conseller de Agricultura ha asegurado que la Generalitat Valenciana no tiene confirmación oficial de ningún traslado, pero sí que ha reconocido “vivir pendientes de esa situación”. El portavoz ha remarcado hasta dos veces que se han enterado de este posible traslado “lamentablemente” por la prensa.
Aunque no haya comunicación oficial desde el Ejecutivo central todavía -en los próximos días la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, se desplazará a Ceuta-, el gobierno valenciano insiste en la idea, otras veces repetida, de que el sistema de protección está “colapsado”. Y acusan de esta situación a la política migratoria del Gobierno de Sánchez que, según fuentes del gobierno valenciano, aboca a las comunidades autónomas a actuar sin planificación ni medios ni financiación. Es por eso que las mismas fuentes exigen al Gobierno que consensue con las comunidades cómo abordar la situación de los menores migrantes. Y no solo los de Ceuta, sino todos los que llegan a la Comunitat Valenciana, provenientes también de otros territorios como Canarias.
Ya en septiembre pasado la Generalitat Valenciana habló de la “imposible situación” que sufría el sistema valenciano de protección de menores ante el incremento de llegadas de menores no acompañados, presentando alegaciones al Gobierno para evitar los 571 traslados previstos desde Canarias. Sin embargo, en junio pasado el Gobierno aprobó un real decreto por el que actualizaba la capacidad ordinaria de los sistemas de acogida de menores migrantes no acompañados de las comunidades autónomas según su población y en la Comunitat Valenciana la cifra quedaba en 1.903.
El gobierno valenciano insiste en la idea, otras veces repetida, de que el sistema de protección está “colapsado”
La falta de recursos del gobierno valenciano para hacer frente a la situación es uno de los argumentos esgrimidos en otras ocasiones, al que ha hecho referencia también este martes la vicepresidenta primera Susana Camarero, anteriormente con competencias en menores, que ahora han pasado a la consellera de Servicios Sociales, Familia e Infancia Elena Albalat.
Camarero, al valorar las cifras de desempleo como responsable de la cartera de Empleo en el gobierno de Pérez Llorca, ha considerado que la regularización extraordinaria de migrantes impulsada por el Gobierno central ha frenado la tendencia de descenso del paro en la Comunitat Valenciana. Por ello, ha pedido un fondo de financiación extraordinario para que las comunidades autónomas puedan atender adecuadamente a las personas incorporadas mediante la regularización.
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Buen análisis, ayuda a entender el contexto de la noticia.
Se agradece el rigor y las fuentes contrastadas.
Excelente trabajo de la redacción, como siempre.