Vivienda: ¿qué ciudad queremos?

Decida lo que decida en las próximas horas Pedro Sánchez, condicionado por la respuesta social al grave problema de la vivienda, seguimos sin establecer en el marco del debate que agita las calles una pregunta a la que aún no hemos dado respuesta: ¿Qué ciudad queremos? Porque lo que se ha hecho hasta ahora ha sido poner parches o paños calientes a una realidad que está no solo expulsando a ciudadanos de sus viviendas e impidiendo a decenas de miles acceder a una, con dramas viralizados como el de Mari Carmen. Hablamos de cómo la voraz acción de la especulación inmobiliaria, escultora de la ciudad para el turista, está cambiando tanto nuestro ecosistema urbano que soy de los que paseo por mi ciudad y, en ocasiones, me siento un extraño. En otras palabras, la agresividad del modelo no solo castiga hasta la tragedia a quienes no alcanzan a tener siquiera una habitación, está destrozando la identidad que nos define como miembros de una comunidad.

Porque una ciudad no es únicamente un conjunto de edificios, apartamentos y negocios. Es también una red de relaciones, de comercios, de vecinos que se conocen, de colegios, de mercados, de plazas y de calles que tienen una memoria. Cuando todo eso empieza a desaparecer para ser sustituido por una economía pensada para quien llega con capacidad de gasto y se marcha después de unos días, la ciudad deja de ser un lugar para vivir y empieza a convertirse en un producto que consumir, como señala Jorge Dioni. Y cuando vivir en ella se convierte en un privilegio reservado a quienes pueden pagar cada vez más, lo que se rompe no es solamente el mercado residencial: se rompe el contrato social de la propia ciudad.

Por eso quienes más conciencia han tomado de este profundo malestar son aquellos que viven en las grandes ciudades, en Nueva York, en Berlín, en París, como ejemplos; y ahora en Madrid, Barcelona, València, Sevilla; y que necesitan vivir en ella (este apunte es fundamental). Porque es en las grandes ciudades donde se escenifica el problema con mayor crudeza, con barrios reconvertidos en salas de fiesta para turistas de calzón corto y mirada vidriosa, para nómadas de bolsillos llenos que pueden pagar alquileres de 2.000 euros sin ver perjudicado su ritmo de vida, para franquicias que cierran negocios centenarios que conformaron una mirada que ha desaparecido, para un transporte público orientado al traslado de visitantes en detrimento de los ciudadanos que pagan con sus impuestos ese servicio, para negocios de nuevo cuño del gusto de quienes okupan la ciudad durante unas horas o días (miren cómo ha aumentado la prostitución) o para restaurantes temáticos que han abandonado completamente la liturgia de la gastronomía local.

Y cuando vivir en ella se convierte en un privilegio reservado a quienes pueden pagar cada vez más, lo que se rompe no es solamente el mercado residencial: se rompe el contrato social de la propia ciudad

Y hay algo todavía más preocupante: la ciudad empieza a expulsar precisamente a quienes deberían garantizar su funcionamiento. El joven que no puede alquilar, el profesional cuya nómina es insuficiente, la pareja que retrasa indefinidamente la decisión de tener hijos, el trabajador que necesita desplazarse cada día desde municipios cada vez más alejados con un transporte público insuficiente, el sanitario, el profesor, el periodista, el camarero, el funcionario. Todos ellos forman parte de esa población que hace posible que una ciudad funcione, pero que cada vez tiene más dificultades para vivir en ella. ¿Qué sucederá cuando una parte creciente de quienes sostienen nuestras ciudades ya no pueda permitirse residir en ellas? No es una pregunta retórica. Es el principio de una transformación profunda.

Son los jóvenes los que han salido a la calle, pero no se equivoquen, el problema afecta a todas las generaciones y a personas de toda ideología. Creen algunos protegidos por las siglas de algún partido que el problema no va con ellos ni con sus intereses, pero la respuesta en las grandes ciudades también tendrá precio a sus propuestas. Porque este malestar no se resuelve con discursos, ni señalando exclusivamente a unos u otros responsables, ni prometiendo soluciones que después no llegan. Exige decidir si la vivienda es un bien sometido únicamente a las reglas de un mercado cada vez más tensionado o si las administraciones están dispuestas a intervenir de verdad para garantizar que las ciudades sigan siendo lugares donde vivir protegiendo los derechos de quienes buscan donde vivir y de quienes ofrecen su vivienda; sin demonizar a una de las dos partes.

Y aquí llegamos al fondo de la cuestión. No basta con construir algunas viviendas públicas, limitar determinados alquileres o anunciar nuevos planes cada vez que las calles se llenan. Hace falta abrir una profunda reflexión entre todos los actores políticos, económicos e institucionales (una quimera en el actual ecosistema polarizado en el que vivimos) una política urbana y metropolitana que mire mucho más allá de la próxima elección, a largo plazo, y que tenga el valor de enfrentarse a intereses económicos poderosos. Hace falta decidir qué actividades queremos en nuestros barrios, qué turismo podemos asumir, qué vivienda necesitamos y, sobre todo, quién tiene derecho a seguir viviendo en la ciudad en la que nació, trabaja o ha construido su vida.

Si no existe esa vocación de cambiar las cosas, si seguimos administrando el problema en lugar de afrontarlo, la respuesta acabará llegando por sí sola. Pero será una respuesta mucho más dura: ciudades cada vez más caras, más desiguales, más turísticas y menos habitables; ciudades llenas de gente durante el día y vacías de vecinos por la noche; ciudades en las que quienes tienen dinero podrán vivir y quienes las sostienen tendrán que marcharse, cabreados y dispuestos a dar una respuesta contra el sistema, que es lo que está sucediendo.