Un millón de firmas en defensa de los glaciares: Argentina ultima la demanda colectiva más grande de su historia

La aprobación por parte del Congreso de Argentina de la modificación a la Ley de Glaciares -una normativa pionera en toda Latinoamérica que establecía la protección de los glaciares y del ambiente periglacial como reservas estratégicas de agua- ha desencadenado una histórica reacción social en defensa de estos ecosistemas. Más de 850.000 ciudadanos se han adherido a una demanda colectiva que intenta frenar la medida. Las organizaciones promotoras esperan llegar al millón de firmas, un apoyo popular sin precedentes.

Impulsada por el Gobierno del ultraliberal Javier Milei, esta reforma va a permitir proyectos mineros en áreas cercanas a los campos de hielo. “Se trata de una reforma que abre la puerta a la destrucción de las reservas estratégicas de agua dulce, desconociendo no sólo la evidencia científica sino también el marco jurídico nacional e internacional”, denuncia el abogado ambientalista Enrique Viale, uno de las caras visibles de esta lucha colectiva.

Si algo ha quedado claro a lo largo de estos años es que cuando tocan el agua, la sociedad responde. Y hoy esa respuesta toma una dimensión inédita

La nueva normativa otorga a las provincias la potestad de determinar las zonas periglaciales (cercanas a los glaciares) en las que se pueden permitir las actividades mineras.El Gobierno de Milei alega que esta modificación a la ley de glaciares es necesaria para contribuir al desarrollo económico del país a través del impulso a la minería, sector que ahora mismo registra fuertes inversiones, principalmente en litio, cobre y oro.

Para los partidos políticos opositores y para las organizaciones ambientales y sociales, la reforma va a generar un “irreparable daño” en ecosistemas que sustentan la vida de millones de personas. Los glaciares, ya en retroceso por la crisis climática, son vitales para la provisión de agua dulce y para toda la biodiversidad de la región.

Tan grande es el malestar social, que 870.000 argentinos y argentinas se han adherido a una inédita demanda judicial colectiva, “la más grande de la historia del país”, según la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y Greenpeace, las tres organizaciones que impulsan el documento.

“Lejos de cualquier lógica de derrota, lo que se abre ahora es una nueva etapa de lucha. Una etapa que no se limita al plano institucional, sino que lo desborda y lo potencia. En este marco, acabamos de lanzar una campaña para impulsar la demanda judicial colectiva más grande de la historia en defensa del agua y los glaciares, como una herramienta concreta para enfrentar este retroceso y sostener la pelea en todos los frentes posibles”, explica Viale.

Greenpeace recuerda que la reforma, aprobado por las dos cámaras legislativas -la Cámara de Diputados y el Senado- ha sido “rechazada y cuestionada por la comunidad científica nacional e internacional, asambleas ciudadanas, juristas y constitucionalistas, sectores eclesiásticos, organizaciones civiles, organismos de Naciones Unidas, universidades nacionales, referentes del deporte y la cultura, y la sociedad en general”.

Por el momento, las organizaciones aguardan la publicación de la norma en el Boletín Oficial, un paso formal que habilita la presentación judicial. “Si algo ha quedado claro a lo largo de estos años es que cuando tocan el agua, la sociedad responde. Y hoy esa respuesta empieza a tomar una dimensión inédita”, celebra Viale. Y agrega: “Estar cerca del millón de firmas no es un éxito simbólico sino una clara demanda ciudadana para que el Estado garantice el acceso al agua y la preservación de los ecosistemas frente a intereses extractivos de corto plazo”.

Un juez pide frenar la aplicación de la reforma

El rechazo social ya tiene un primer eco judicial. La semana pasada, el juez Claudio Vázquez, magistrado federal de la ciudad de Río Gallegos (Santa Cruz), ordenó frenar la nueva normativa. La resolución fue adoptada tras una acción de amparo ambiental presentada por el Gobierno municipal y el Concejo Deliberante (Poder Legislativo local) de la ciudad santacruceña de El Calafate, puerta de entrada al Parque Nacional Los Glaciares, donde está, entre otros, el monumental glaciar Perito Moreno.

La resolución judicial dispone la suspensión dentro del territorio de Santa Cruz de los efectos de la reforma a la ley aprobada por el parlamento. De acuerdo con el fallo, la suspensión rige hasta que se dicte una sentencia de fondo en la causa judicial.

El juez ha instado al Estado nacional que “se abstenga de aplicar, ejecutar o autorizar, en el territorio de la provincia de Santa Cruz, cualquier acto administrativo o decisión que tenga fundamento en la normativa cuya suspensión”. En su presentación judicial junto a legisladores provinciales y nacionales, las autoridades ejecutivas y legislativas de El Calafate han reclamado que la reforma aprobada por el Parlamento argentino sea declarada inconstitucional, en sintonía con el reclamo ciudadano.

El Gobierno de la provincia de La Pampa, una provincia del centro del país, también ha presentado un amparo colectivo contra la reforma de la ley. Sus autoridades piden plantean “inconstitucionalidad y la nulidad absoluta” de la norma impulsada por el Ejecutivo de Milei. En su reclamo judicial, La Pampa señala que, si bien no tiene glaciares en su territorio, se nutre de agua del río Colorado, que nace en un área glacial de la Cordillera de los Andes.

La batalla judicial por la protección de los glaciares tiene varios capítulos. En 2019 la Corte Suprema argentina ratificó la constitucionalidad de la ley de 2010 al fallar en una demanda contra la norma iniciada en 2011 por la minera canadiense Barrick Gold En aquella sentencia, el Supremo reafirmó que los glaciares y el ambiente periglacial son bienes de carácter público y que, en contextos de conflicto, los derechos colectivos como el acceso al agua prevalecen por sobre intereses individuales.

El abogado Viale, las organizaciones ambientales y los más de 870.000 personas que han firmado la demanda colectiva confían en esta jurisprudencia: “Frente a un intento de retroceso de esta magnitud, la única respuesta posible es más organización, más participación y más lucha colectiva”.