Elena Pita: “El negacionismo se cobra vidas humanas”

Elena Pita dirige desde enero de 2025 la Oficina Española de Cambio Climático, adscrita al Ministerio para la Transición Ecológica. Ingeniera agrónoma por la Universidad Politécnica de Madrid, dirigió antes la Fundación Biodiversidad. Pita reclama poner toda la atención en la prevención de los incendios forestales y en la necesidad de crear una cultura de la seguridad frente a las catástrofes del nuevo clima. A la vez recuerda que se necesita de manera urgente trasponer en el Congreso la directiva de comercio de emisiones para poder disponer de 6.800 millones de euros del Fondo Social Europeo que debe destinarse a los sectores más vulnerables.

¿Qué ha fallado para que se haya producido este año un balance tan negativo de incendios?

Los incendios son un reflejo de todo lo que tenemos que hacer para prepararnos ante un clima distinto. Estos incendios van a aumentar, en frecuencia y en duración, durante las temporadas de riesgo. Tenemos que enfocarnos no solo en la extinción, sino en la prevención, y muchísimo.

¿En qué áreas de prevención?

Necesitamos paisajes diversos, donde el material combustible [forestal] no sea tan continuo, donde haya campos de cultivo que se alternen con zonas de bosque y zonas más húmedas. Debemos proteger esas zonas de transición entre lo urbano y lo forestal. Cuanto más compacta sea la zona urbana, más fácil será protegerlas y más fácil será que estén bien preparadas y bien protegidas. Y hay una tercera área.

¿Cuál?

La de concienciar, educar. No tenemos una cultura del riesgo ajustada a la magnitud del reto que se nos está presentando. Lo vimos con la dana y lo hemos vuelto a ver con los incendios.

Carecemos de una cultura del riesgo al nivel de la magnitud del reto que tenemos delante

¿Hasta qué punto el negacionismo puede interferir o descentrar la acción?

La desinformación es un asunto clave en el ámbito del cambio climático; es algo que cuesta vidas porque distorsiona la percepción del riesgo y dificulta la respuesta. La información es tan importante como las infraestructuras a la hora de adaptarse al cambio climático. No confiar en la información basada en la ciencia pone en peligro vidas humanas. La información veraz, para nosotros es la primera línea de defensa.

¿Están penetrando en España los mensajes negacionistas?

La sociedad española, por ahora, reconoce el problema del cambio climático y reconoce que tiene un origen humano y que lo considera un problema grave. Pero este mensaje puede empezar a calar en ciertos sectores de la población porque cada vez es más fácil tener acceso a bulos y más difícil combatirlos.

¿La solución es el pacto de Estado para la emergencia climática que propone el Gobierno?

La propuesta contiene toda la complejidad que requiere un problema muy transversal como este. La emergencia climática debe abordarse tanto desde la generación del conocimiento como atacando las causas, la mitigación, o la adaptación a sus consecuencias, tanto en los entornos naturales como en los entornos urbanos y con todas las herramientas a nuestro alcance, incluyendo la comunicación y la concienciación. Debemos dotarnos de una cultura del riesgo, internalizar el tipo de fenómenos al que nos enfrentamos, pues van a aumentar en su frecuencia y en su magnitud y tenemos que estar preparados.

¿El Partido Popular es un partido negacionista del cambio climático?

Tendríamos que preguntarles a ellos, y la verdad es que creo que no se atreverían a reconocerse como negacionistas del cambio climático. La ciencia es clara y nos da un diagnóstico ya cada vez más afinado del origen antropogénico del cambio climático y también nos propone muchas líneas de actualización y muchas soluciones. Otra cosa es que haya políticas que no sean coherentes al no reconocer la complejidad, la urgencia y la importancia de este problema. Yo creo que hay que ser muy responsables y muy leales; y de ahí surge la idea del pacto de Estado. Un reto como el cambio climático, que implica una transformación estructural del modo de producir y de consumir, requiere una colaboración de todos los actores sociales y de todas las administraciones en sus distintos niveles de competencia. Una de las cuestiones que vimos en nuestra evaluación de los factores de riesgo del cambio climático que hicimos el año es que también vimos factores que amplifican o que reducen estos impactos del cambio climático. Y la ordenación del territorio es una, como la gestión del paisaje, del agua o de los entornos naturales. Y muchas cuestiones son competencia de los gobiernos regionales y locales. Entonces, es fundamental esa colaboración.

Las emisiones de gases que calientan la atmósfera han bajado en España hasta un 5,9% hasta 2024 respecto a 1990 pero deben bajar un 32% según lo planificado para 2030... Estamos lejos de cumplir la meta...

España es un buen ejemplo de cómo se pueden reducir las emisiones con una apuesta de crecimiento económico. Gracias al despliegue de renovables, se han producido avances estructurales muy importantes. La transición energética es un cambio muy importante del modelo de producción y consumo que ha permitido una importante disminución.

En reducción de emisiones el reto es el transporte y la edificación 

Pero queda mucho por hacer.

Los retos más importantes que tenemos pendientes tienen que ver con el transporte y con la edificación. La Ley Europea del Clima nos dice que tenemos que reducir las emisiones un 90% para 2040, es decir, casi todas las emisiones. Aquí va a ser clave el papel de los mercados de carbono. Son el instrumento con el que hemos conseguido, a través de poner un precio al CO2, descarbonizar los sectores a los que se aplicaba.

Ahora el comercio de derechos de emisiones se debe ampliar a nuevos sectores, al transporte por carretera o la edificación [ETS2]; pero la trasposición de la directiva está bloqueada en el Congreso por falta de apoyos parlamentarios.

Sí, bloqueada en el Congreso. Y creo que es un asunto clave porque todos perdemos con esta situación, ya que es una regulación que afecta a muchas instalaciones industriales y energéticas, a operadores aéreos, a navieras, a distribuidores de combustibles. Esa trasposición se importante y debe aprobarse cuanto antes.

¿Sigue siendo válido el sistema de comercio de emisiones en Europa?

Yo creo que el régimen europeo de comercio de emisiones es realmente la política clave de la descarbonización de la Unión Europea, porque ha permitido, a través de poner un precio al carbono, que se aplique el principio de 'quien contamina paga' y que se incentive el uso de tecnologías limpias. 

La Comisión Europea ha propuesto una reforma del sistema de comercio de emisiones  (ETS, por sus siglas en inglés), en la que se suaviza y se hace más lenta la trayectoria de reducción anual de los derechos asignados en la década posterior al 2030, con el fin de proteger la competitividad industrial.

Estaba estaba prevista desde su diseño una revisión de este régimen de comercio de emisiones, que es el que acaba de publicar la Comisión Europea. Es un documento técnicamente muy complejo que estamos analizando, pero yo creo la Comisión ha hecho un buen trabajo; recoge algunas de las cuestiones que España había defendido pero en otras  tendremos que seguir peleando durante la negociación [falta el debate en el Europarlamento].

En la propuesta de revisión del régimen de comercio de emisiones, la posición de España es que se debe mantener la ambición climática, porque el objetivo general es una reducción del 90% de las emisiones en 2040

Pero se ha propuesto una flexibilización, que las reducciones de los derechos de emisión que se van asignando bajen el ritmo...

Eso es lo que estamos analizando, saber cuál es el efecto de esa reducción del ritmo. Estamos analizando cómo afecta eso a la ambición climática. Este es un aspecto central. Hay cuestiones que tienen que ver con la posibilidad de compra de créditos de carbono o a cómo afecta esta reducción de créditos a los ingresos que se obtienen de la subasta de derechos de emisión, o a cómo se van a distribuir entre los distintos estados. Por otra parte, hay también una serie de fondos que tratan de impulsar la descarbonización en la industria, que son complementarios al esquema de comercio de emisiones y que se financian en parte con estos ingresos. Y hay que ver también cómo asegurarnos de que sean complementarios, de que se financien realmente proyectos excelentes. La posición de España es que debe reforzar esta herramienta y de mantener la ambición climática, porque el objetivo general es la neutralidad climática en 2050 y un 90% de reducción de las emisiones en 2040.

Volvamos a la trasposición de la directiva en España. ¿Existe el riesgo de que esa falta de trasposición de la directiva en el Congreso frene la llegada de los recursos europeos del Fondo Social para el Clima? Son fondos para los colectivos más vulnerables.

Se va a fijar una señal de precio única a través del combustible en el transporte y en la edificación; y como sabemos que hay colectivos más vulnerables, se diseñó el Fondo Social para el Clima para compensar esta realidad porque la transición ecológica debe ser justa y equitativa y no afectar desproporcionadamente a estos colectivos...

Se necesita de manera urgente trasponer en el Congreso la directiva de comercio de emisiones para poder disponer de 6.800 millones de euros del Fondo Social Europeo

Por eso, es más perentorio que se apruebe antes la trasposición de la directiva para poner en marcha estos fondos...

Sí, para tener acceso a esos recursos del Fondo Social se requiere esa transposición. Este es un motivo más para llamar a la responsabilidad de quienes tienen que aprobarlo. Los recursos europeos que están en juego son más de 6.800 millones de euros para el periodo 2026-2032. Es un argumento más para apelar a la responsabilidad de quienes tienen que aprobar esta transposición en el Congreso.

Otro foco de emisiones hasta ahora no muy tenidas en cuenta son las del metano (en energía, agricultura, ganadería...). Europa pide a España un plan para atajarlas.

Nuestro compromiso aquí es firme. Estamos desplegando las obligaciones previstas en la normativa europea, que establece medidas muy concretas para el sector energético: detección y reparación de fugas, limitación del venteo y la quema en antorcha, obligaciones para importadores y planes específicos donde así lo exige el reglamento.