¿España es corrupta?

Si repasamos la hemeroteca de los últimos tres años, veremos que la actual legislatura se está librando más en los juzgados que en el Congreso de los Diputados. Los casos judicializados con políticos implicados recaen sobre los dos principales partidos en España, con la diferencia de que la responsabilidad se mide de forma distinta si se está en la oposición o en el gobierno. Tener la responsabilidad de gobernar hace más grave cualquier acusación, como vimos con la moción de censura al presidente Mariano Rajoy o vemos ahora con la imputación al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

¿España es un país corrupto? Según el último informe de la entidad Transparency Internacional de 2025, publicado el pasado mes de febrero y que analiza anualmente el índice de percepción de la corrupción en 182 países del mundo, España ocupa el puesto 49. Vista así, esta posición no sería del todo mala, pero ha empeorado. En solo un año, España ha descendido tres posiciones y ha perdido un punto de valoración, del 56 al 55 sobre 100. Es un aprobado raspado y 10 puntos menos que hace 13 años cuando la nota era de 65. La tendencia no es buena tampoco en el ranking europeo donde España está en la posición 17 de los 27 países de la UE.

¿Qué se pide para reconducir la situación? Reformas profundas en transparencia porque se detecta “un estancamiento en la aplicación efectiva de los estándares anticorrupción y una erosión de los mecanismos de rendición de cuentas”. Pero para impulsar estas reformas como el Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción presentado el año pasado, debe haber consenso y en España cada vez es más infrecuente ver que los partidos se pongan de acuerdo. Y cuando lo hacen, pueden acabar pagando justos por pecadores

La experiencia acumulada hasta ahora nos dice que cada reforma aprobada para luchar contra la corrupción se ha traducido en mayor burocracia, más lentitud de las administraciones y una tendencia a la parálisis. ¿Y de qué han servido todas estas medidas si siguen apareciendo casos? A la vista está. No han frenado el mal uso del sector público y sí han perjudicado a los ciudadanos. Así que bienvenidas sean las reformas para evitar la corrupción, pero estudien bien antes qué van a hacer para que no salgan perdiendo los de siempre, los que pagan y no tienen culpa.