De la amnistía del 1977 a la del 2024

Anteayer se cumplieron cincuenta años de la publicación en el BOE, el 4 de agosto del 1976, del decreto que un año después daría lugar a la llamada ley de Amnistía. Fue aprobada en el Congreso el 15 de octubre de 1977, con 296 votos a favor, dos en contra, uno nulo y 18 abstenciones, entre ellas las de los diputados de Alianza Popular (AP), embrión del actual Partido Popular (PP). He aquí una bonita efeméride, tanto por el significado histórico de la ley como por su masivo apoyo.

El objeto del mencionado decreto, con las primeras elecciones democráticas al caer, era “promover la reconciliación”, amnistiando los delitos y faltas de intencionalidad política y de opinión. Si bien excluyendo a los autores de delitos de sangre e impidiendo el reingreso en el Ejército a los miembros de la UMD.

La España que había sufrido cuarenta años de dictadura acariciaba entonces la democracia, que por definición reconoce la legitimidad de todos los partidos que acatan sus normas constitucionales. Aun así, la ley de Amnistía topó con resistencias en la derecha. Por ejemplo las del clarividente Manuel Fraga, líder de AP, que afirmó que su principal efecto sería “dar ánimos a los terroristas”. Su portavoz parlamentario Antonio Carro alertó de que la norma induciría al “menosprecio de las leyes, el desgobierno y la anarquía”. A su vez, la revista ultraderechista Fuerza Nueva habló de “gran traición”. Visto lo que pasó luego –los mejores años del país–, todos ellos erraron.

Medio siglo después, el 30 de mayo de 2024, se promulgó en España la ley orgánica de Amnistía para la normalización institucional, política y social en Catalunya, en vigor a partir del 11 de junio de ese año, cuyo propósito era restaurar las bases de convivencia en esta comunidad tras el malhadado procés y la fallida declaración unilateral de independencia de octubre del 2017, que condujo a sus líderes a la huida o la prisión.

Esta nueva norma, que sucedió a un indulto gubernamental para los encarcelados en el juicio del procés, no fue de sencilla aprobación, porque chocó con la oposición del PP y Vox: manifestaciones callejeras, pronósticos de desmantelamiento de la Constitución (esta vez el visionario fue Aznar), asedios a la sede del PSOE (con contenedores en llamas, al estilo kale borroka o plaza Urquinaona), un florido repertorio de insultos a Sánchez, que la derecha sigue engrosando a diario, concentraciones de jueces contrarios a la ley (con sus togas y puñetas) y Núñez Feijóo asegurando que la ley constituía “el mayor retroceso de la democracia”.

La aplicación de lo que aprueba el Congreso merece mayor diligencia judicial

Todo ello, pasando por alto que fue aprobada por mayoría en el Congreso, que este avaló su constitucionalidad, que el Consejo de Europa no se opuso y que incluso el Constitucional admitió que la norma servía al interés público.

Pero, dos años después de su promulgación –y unas semanas desde que el TJUE la avaló–, su aplicación completa sigue demorándose en instancias judiciales. Algunos implicados en el procés han podido beneficiarse de ella, pero sus dirigentes siguen en el extranjero o inhabilitados.

Quienes se oponen a la aplicación de esta norma lo han hecho alertando sobre sus supuestos efectos catastróficos. Aunque sus críticas se atenúan mucho cuando la coyuntura política lo requiere: ahí está el zalamero acercamiento del PP a Junts, en busca de su apoyo a una moción de censura contra Sánchez.

Quienes se oponen a dicha aplicación o la retrasan parecen ignorar que las leyes de amnistía son habituales en España: entre 1832 y 1977 hubo una veintena de amnistías políticas (y tres fiscales), si bien no todas fueron del mismo rango, y algunas, meras “autoamnistías” camufladas. Se beneficiaron de ellas desde carlistas hasta liberales, pasando por republicanos, obreros huelguistas, prófugos, desertores, sediciosos, etc.

Quizás estos días se oigan elogios a la ley de Amnistía de 1977, que fue pórtico de la democracia. Pero el mejor homenaje a su espíritu sería desatascar ya la ley de Amnistía del 2024, aunque solo sea porque lo que aprueba el Congreso merece mayor diligencia judicial.