Dejen de hacer chapuzas con la vivienda

El duro correctivo que el Consell de Garanties Estatutàries ha dado a la propuesta de ley catalana contra la compra especulativa de viviendas debería avergonzar a sus redactores jurídicos y a sus impulsores políticos, a saber PSC, ERC y Comuns. Pero antes de que alguien tenga la tentación de calificar a los nueve miembros de este Consell como una pandilla de reaccionarios que trabajan al dictado de oscuros intereses, debemos saber que cinco de ellos son doctores en Derecho, el resto son licenciados en esta materia, y todos tienen amplia experiencia jurídica y diversidad ideológica. También recordemos que seis de los nueve miembros fueron elegidos por una mayoría cualificada de 97 de los 135 diputados del Parlament y el Govern designó a los tres restantes.

Estos expertos han determinado por unanimidad que la mencionada ley vulnera cinco artículos de la Constitución, dos del Estatut de autonomía y dos del reglamento del Parlament. Estas ilegalidades afectan a derechos básicos como la propiedad, la herencia, la libertad de empresa y la seguridad jurídica. 

Además, desprecia a los Ayuntamientos que deberían aplicar la ley y a los que no se les quiso consultar como es preceptivo para evitar incómodas objeciones durante el derecho de participación institucional.

En definitiva, el texto legal es una gran chapuza que nunca debió aprobarse, pero que recibió el plácet político para facilitar el apoyo de los Comuns al presupuesto de la Generalitat. El PSC conocía los enormes agujeros legales de la ley e intuía que podría pasar lo que ha pasado, pero no impidió su tramitación para no enfadar a sus socios. Así que ahora podrán decirles que el freno a la ley no es culpa suya sino de unos juristas tiquismiquis.

La mala noticia es que nadie asumirá la responsabilidad de este disparate legal que nace con el erróneo planteamiento de legislar en contra de una parte de la sociedad y para tapar la inacción política en materia de vivienda durante quince años. La vía para resolver la crisis habitacional es un gran pacto de país sin exclusiones prejuicistas y, por tanto, donde también estén propietarios y los que saben construir pisos. La buena noticia es que hay tiempo para enmendar el despropósito.