El temor al estallido social

El Gobierno ha salvado los muebles al cerrar un acuerdo in extremis con sus socios de investidura para frenar que se puedan producir desahucios como el que ha sufrido la octogenaria madrileña Maricarmen. A la espera que los dos decretos leyes aprobados ayer sean convalidados finalmente el viernes en el Congreso, el Ejecutivo parece haber disipado la amenaza de ruptura que pendía sobre la coalición. Esta es, sin duda, la lectura política más importante del acuerdo anunciado ayer. Un Gobierno que no puede aprobar sus cuentas y que es incapaz de poder presentar un acuerdo conjunto en una cuestión tan esencial como la vivienda perdía toda su credibilidad.

Otra cosa muy diferente es si estas medidas van a contribuir realmente a mejorar el problema endémico de la vivienda en España o son, en cambio, un parche para frenar el estallido social que se está larvando en buena parte de la sociedad española por el creciente malestar en este tema. La vivienda va a ser una de las cuestiones claves que va a influir en el resultado de las próximas elecciones generales en España. Al Gobierno se le acaba el tiempo para enviar un mensaje a su electorado de que las reformas que ha puesto en marcha van por el buen camino. Es cierta la afirmación del Ministerio de Vivienda que sus políticas han permitido aumentar el parque de vivienda social del 2,5% al 3,4% del total. Pero también es cierto que estos porcentajes están muy lejanos de la media europea, que está por encima del 8%. Por todo ello, estas mejoras no se aprecian en la opinión pública.

Sin embargo, es más fácil de explicar el relato que hace la oposición del PP cuando dice que en los últimos ocho años se ha hecho una política de vivienda errática “porque se han incrementado los precios más que nunca y ha disminuido la oferta más que nunca”. Este discurso cala con mayor facilidad. Y es que España tiene un problema de oferta, no de demanda. Y no son pocos los ayuntamientos que frenan la construcción de nuevas viviendas para evitar que las ya hechas pierdan su valor.

No es fácil la ecuación para el Gobierno, pero peor sería haber llegado hoy sin acuerdo en el Consejo de Ministros y con las calles cada día más alborotadas.