Los españoles, primero

María Guardiola hizo ayer su discurso de investidura como presidenta de Extremadura tras alcanzar un acuerdo con Vox después de meses de duras negociaciones. Un pacto que, por su contenido, ha condicionado el debate político a los pocos días del inicio de la campaña electoral en Andalucía y que ha sido criticado directamente por dos figuras destacadas de su propio partido: Isabel Díaz Ayuso y Juan Manuel Moreno, quienes no han tenido reparos en cuestionar el principio de “prioridad nacional”, recogido en el programa de gobierno.

De ahí que tras la polémica que ha suscitado el pacto, en sus primeras palabras, como presidenta quisiera dejar claro que el nuevo ejecutivo de coalición con Vox “jamás va a incumplir la ley”. Eso sí del polémico concepto ni una sola mención a lo largo de un discurso de 28 páginas. Una ausencia que abre la duda entre el olvido o el silencio deliberado.

La interpretación de la “prioridad nacional” causa fricciones entre PP y Vox

La interpretación de esta “prioridad nacional” está causando las primeras fricciones entre Vox y los populares que están haciendo equilibrios discursivos para justificar la inclusión de este precepto. Desde la dirección del PP han reconocido que era una concesión retórica a Vox. Sostienen que no tendría efectos prácticos reales, ya que en ningún caso se establecería una prioridad entre ciudadanos legales en función de su origen. Es más el secretario de organización, Miguel Tellado, presente en las negociaciones aseguró que se primarían criterios como la vinculación con el territorio. De hecho, en el texto del acuerdo aparece el “arraigo” a la comunidad y se alude a la “prioridad nacional” de forma genérica.

Pero Vox, consciente de esta incomodidad ha dado un paso más para obligar a Alberto Núñez Feijóo a pronunciarse en el Congreso sobre esta polémica “prioridad nacional” a través de una moción. Los ultras de Abascal van más allá que en el pacto de investidura a sabiendas que la iniciativa no tiene ningún efecto normativo, pero sí un elevado rendimiento político en el debate parlamentario en plena precampaña andaluza.

El PP ha respondido con una enmienda para introducir explícitamente el criterio de arraigo, en un intento de rebajar su carga ideológica. En este escenario, la moción, sin efectos jurídicos directos, se convierte en un nuevo campo de batalla discursivo que de forma indirecta, acaba dando oxígeno al PSOE, que observa como el enfrentamiento en la derecha monopoliza la agenda política y desplaza del foco las diferencias, más que evidentes, con su socio Sumar en cuestiones como las políticas de vivienda.