Trece jefes de la Oficina Antifrau cobran igual o más que un conseller del Govern

El director de la Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) cobró en el 2025 más que el presidente de la Generalitat. Otros doce mandos del organismo encargado de velar por la integridad pública rozan o superan los salarios de los consellers del Govern gracias a un sistema de complementos singular, heredado del Parlament, que Antifrau está a punto de extender a toda su plantilla.

Según cálculos de La Vanguardia a partir de documentación oficial e información obtenida tras un procedimiento de Transparencia iniciado hace siete meses, los pluses elevan en torno a un 25% el sueldo base de los jefes de área y de unidad con condición de funcionario.

En el procedimiento, la OAC solo ha facilitado de forma íntegra las retribuciones de sus cuatro máximos cargos. El director de la oficina hasta finales del 2025, el magistrado Miguel Ángel Gimeno, percibió en el 2025 un total de 163.644,28 euros brutos. Su directora adjunta, Olinda Anía, cobró 146.768,94 euros. El director de Prevención, Òscar Roca Safont, 152.688,12 euros, y el director de Análisis e Investigaciones, Manel Díaz Espiñeira, que dejó la OAC en abril, 142.655,08 euros. En el 2026, el sueldo del nuevo director, Josep Tomàs Salàs, es de 169.054,34.

A modo de comparación, el president Salvador Illa tenía asignada en el 2025 una retribución de 136.842,08 euros; el sueldo de un conseller era de 124.391 euros.

El organismo paga trienios siete veces superiores a los de la administración catalana

Los salarios elevados en Antifrau no se limitan a la dirección. En el siguiente escalón se sitúan ocho jefes de área responsables de administración, formación, asuntos jurídicos o análisis del gasto público. Cuatro de ellos rondan los 140.000 euros anuales, otros dos se sitúan alrededor de los 125.000 euros y otros dos superan los 115.000, según las estimaciones de este diario.

La estimación es necesaria porque la OAC se ha negado a facilitar determinadas partidas salariales de forma individualizada alegando motivos de protección de datos, pese a admitir que se trata de cargos públicos “que ocupan puestos de mando y de especial responsabilidad”.

Por debajo aparecen cuatro jefes de unidad cuyas nóminas oscilan entre los 100.000 y los 120.000 euros brutos anuales.

El elevado nivel retributivo se explica en primer lugar por el propio sueldo base asignado a estos cargos. Según las tablas salariales de Antifrau, era de 105.497,98 euros para un jefe de área en el 2025, cifra que este año se ha incrementado hasta los 107.080 euros.

La diferencia con el resto de la administración catalana es notable. Un funcionario de la Generalitat del subgrupo A1 con nivel 30 (el máximo nivel) percibe 82.657,48 euros brutos anuales sumando sueldo, complemento de destino y específico.

A esa base salarial del personal de la OAC se añaden distintos pluses. Uno es el denominado complemento de calidad, destinado a retribuir “el grado de interés, la iniciativa, el esfuerzo y la contribución a la mejora permanente del trabajo”.

La Oficina no ha querido facilitar el importe individualizado percibido por cada mando, aunque la información agregada permite estimar que los jefes de área cobraron de media unos 6.500 euros brutos anuales por este concepto en el 2025, mientras que los cuatro jefes de unidad ingresaron unos 5.400 ­euros.

Antifrau argumenta que desglosar individualmente este complemento podría revelar indirectamente información privada relacionada con bajas médicas o productividad laboral.

El principal factor que dispara las nóminas, no obstante, es el sistema de trienios. El personal funcionario de la OAC cobra por cada trienio consolidado en la institución un importe equivalente al 5% del sueldo base, un régimen heredado del Parlament y muy alejado de las cantidades que se pagan en la administración pública.

Actualmente, el trienio de un jefe de área de Antifrau asciende a 5.345,02 euros anuales, mientras que un funcionario A1 nivel 30 de la Generalitat percibe 706,60. Siete veces y media menos.

El salario del director fue en el 2025 de más de 163.000 euros brutos, y en el 2026 está por encima de 169.000

El efecto acumulativo es considerable. Cinco de los ocho jefes de área trabajan en la institución desde sus primeros años, lo que les ha permitido consolidar cinco o seis trienios bajo el sistema propio de la Oficina.

De los ocho, seis son funcionarios y se acogen a este régimen. Los otros dos perciben trienios según las cuantías ordinarias de la administración. Un jefe de área incorporado a la Oficina en el 2009 percibe más de 23.000 euros anuales solo por los seis trienios generados en Antifrau. Otro, del mismo nivel, está en 20.000 euros.

En contraste, una jefa que no es funcionaria cobra alrededor de 3.500 euros anuales por cinco trienios.

Los complementos no acaban ahí. Los empleados de la OAC con trayectoria previa en la función pública perciben cantidades adicionales por los trienios generados antes de incorporarse al organismo, pero se calculan según las condiciones de la administración de origen y no aplicando el 5%.

Antifrau tampoco ha facilitado de forma individualizada esta partida, alegando que proporcionaría información demasiado precisa sobre la trayectoria profesional de personas concretas. Según los datos agregados, son unos 3.000 euros adicionales de media.

El origen de este régimen especial se remonta a la creación de la Oficina Antifrau, en el 2008. La ley fundacional estableció que su personal funcionario estaría sujeto al Estatut del Règim i el Govern Interiors (ERGI), la normativa laboral del Parlament de Catalunya, con unas condiciones retributivas mucho más favorables que las del resto de administraciones.

La singularidad resulta especialmente llamativa porque la OAC ni siquiera es una institución estatutaria, a diferencia del Síndic de Greuges o la Sindicatura de Comptes. Durante la etapa de Rafael Ribó, el Síndic rechazó aplicar este modelo al considerarlo excesivo.

La entidad aduce que ha sido ella quien ha corregido el régimen heredado del Parlament

La brecha entre funcionarios y personal laboral ha provocado tensiones internas en Antifrau, ya que los privilegios vinculados al régimen ERGI solo benefician a los primeros. Meses antes de abandonar el cargo, a finales de julio del año pasado, Miguel Ángel Gimeno aprobó una resolución comprometiéndose a equiparar los pluses de antigüedad entre ambos colectivos, aunque esta medida quedó pendiente de la aprobación de los nuevos ­presupuestos de la Generalitat.

Preguntada por el impacto económico de esta equiparación salarial, la Oficina evitó facilitar una cifra concreta, aunque la situó en torno al 0,09% del actual gasto de personal, ya que no se aplicará de forma retroactiva. Sí admitió, no obstante, que la partida ya ha sido remitida al Departament d’Economia para su inclusión en el anteproyecto de ley de Presupuestos.

El presupuesto de la OAC para el 2025 fue de 6.957.216,56. Un 81,83% (5.693.111,23 millones) es gasto en personal. Tiene 70 trabajadores.

El presupuesto de Antifrau para el 2025 fue de 6.957.216,56: un 81,83% del gasto es en personal

La cuestión salarial ha perseguido a Antifrau desde hace años. El organismo llegó incluso a reclamar ante el Tribunal de Cuentas más de 205.000 euros a su exdirector Daniel de Alfonso (2011-2016) y a otros dos altos cargos por cobros indebidos vinculados a los trienios. Los tres habían estado percibiendo la totalidad de sus complementos de antigüedad aplicando el 5% sobre el sueldo base de la Oficina, incluidos los meritados antes de incorporarse al organismo.

Esta misma semana, el Tribunal ha dictaminado que De Alfonso debe devolver 142.484 ­euros más intereses, al considerar indebida parte de los pagos, aunque otra parte ha prescrito.

Gimeno llegó a la dirección de Antifrau en el 2016 con la intención de corregir los excesos de la etapa de De Alfonso, quien fue destituido por una grabación con el ministro del Interior Jorge Fernández Díaz vanagloriándose de actuaciones contra el independentismo catalán.

Fue entonces cuando la Sindicatura de Comptes comenzó a fiscalizar con mayor detalle el sistema retributivo de la Oficina. En un primer informe emitido en el 2018, la Sindicatura concluyó que los altos cargos no debían percibir complemento de calidad ni los trienios meritados desde su nombramiento. Dos años después, en un segundo informe más exhaustivo, la Sindicatura matizó parte de sus conclusiones y dictaminó que los trienios de los altos cargos debían abonarse conforme a los criterios ordinarios de su administración de origen y no aplicando el 5%.

La OAC defiende que fue la propia institución la que impulsó las reformas para limitar los aspectos más controvertidos del régimen heredado del Parlament. Lo hizo, además, contra el criterio inicial de la Sindicatura, que en el 2020 consideró que los funcionarios de la Oficina debían cobrar todos sus trienios al 5%, incluidos los generados antes de incorporarse al organismo, tal y como aplicaban entonces el Parlament y la propia Sindicatura de Comptes.

Antifrau modificó finalmente sus normas internas y fijó que solo se cobrarían al 5% los trienios generados en la Oficina Antifrau, mientras que los anteriores quedarían vinculados a las cuantías de la administración de origen.

En medio de una fuerte polémica por los privilegios de su personal, tanto el Parlament como la Sindicatura de Comptes acabaron reformando posteriormente sus sistemas retributivos en una línea similar. La OAC sostiene que fue pionera en esa corrección parcial del modelo. Sin embargo, incluso tras esas reformas, el organismo mantiene todavía unas condiciones salariales muy superiores a las del resto de la administración catalana.