La primera vez que un político fue condenado por tráfico de influencias en España ocurrió hace 31 años. El histórico alcalde socialista de l’Hospitalet de Llobregat, Juan Ignacio Pujana, fue sentenciado por presionar a funcionarios para adjudicar varios aparcamientos a la empresa de un amigo. Desde entonces se ha evidenciado lo difícil que es discernir ese delito. Hay que demostrar la presión sobre un cargo público por parte de alguien con autoridad para realizar esa coacción. Los expresidentes de gobierno tienen mucha capacidad de influencia cuando se retiran y por eso son codiciados como asesores. ¿Es éste el caso de José Luis Rodríguez Zapatero?
El juez ha recopilado indicios muy consistentes de un posible tráfico de influencias de Zapatero. Llama la atención en el auto el amplio entramado de empresas de su amigo empresario, que todo apunta a que no era trigo limpio, dado el afán de ocultación que suele acompañar a esas sociedades instrumentales. La lectura del auto ofrece una imagen de Zapatero distinta a la de un mero asesor, pero los indicios se tienen que probar. A la espera del desenlace, la consecuencia política es una pérdida de la inocencia en la izquierda, en especial de Pedro Sánchez ante su electorado. Es un punto de inflexión para el líder del PSOE. El caso Zapatero diluye la estrategia que hasta ahora sostenía el presidente de distinguir entre los investigados, de los que no tiene muchas dudas de que cayeron en la corrupción, y aquellos que está convencido que son objeto de una torticera persecución judicial. ¿Dónde sitúa a Zapatero?
En la Moncloa están convencidos de que llegarán más mazazos judiciales en los próximos meses
Ante Ábalos y Cerdán, el líder del PSOE dio credibilidad a la investigación policial y levantó un muro. Pese a que se trataba de dos cargos de mucha confianza en el partido, Sánchez logró encapsular hasta cierto punto su irradiación tóxica. Distinguió así entre esos casos y los que afectan a su familia, que atribuye a las maniobras de la derecha para abrir causas con la ayuda de algunos jueces, el famoso lawfare . El juicio a su hermano empezará en una semana. A David Sánchez se le acusa de tráfico de influencias por haberse beneficiado de un puesto de trabajo supuestamente creado para él. En la Moncloa están convencidos de su inocencia, pero también aventuran que será condenado.
Como tampoco albergan duda de que lo mismo pasará con Begoña Gómez. Asumen que se sentará en el banquillo, que habrá condena y que se llegará al Supremo. En lo que respecta a su ámbito familiar, el presidente logró la comprensión de buena parte de la militancia. El gran desengaño de Ábalos se transformó en indignación con Begoña Gómez. El golpe de Zapatero es demoledor.
Sánchez no lo ha incluido en el primer grupo y ha defendido su presunción de inocencia, pero tampoco ha recurrido al lawfare . Dicho de otra forma, el líder del PSOE considera que no tiene motivo para dudar del juez que investiga a Zapatero, pero sí cree que se hurga en las actividades del expresidente y no en las de otros porque Zapatero es quien más ha apoyado a este gobierno.
Sánchez dijo ayer que no adelantará las elecciones, pero espera más mazazos en el año que queda. En la Moncloa temen que la causa separada del caso Ábalos-Koldo por la que se ha abierto una investigación judicial sobre la financiación del PSOE acabe en la imputación del partido, aunque aseguran que no hay nada irregular en las cuentas. Pero esa sería una línea roja que podría hacer que se descolgaran los socios del Gobierno.
La gran pregunta será hasta dónde creerán los votantes en la tesis de la persecución político-judicial. Cuando se colma el vaso y los electores pierden la inocencia ante el que ha sido su referente político, rompen el contrato.

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Buen análisis, ayuda a entender el contexto de la noticia.
Se agradece el rigor y las fuentes contrastadas.
Excelente trabajo de la redacción, como siempre.