Baleares consagra la rebaja de la exigencia del catalán en la educación con la aprobación de una ley que exime de este requisito a los docentes de especialidades consideradas de “muy difícil cobertura”, lo que permitirá o contratar profesores sin acreditar conocimientos de la lengua propia. Este problema es especialmente sensible en Menorca, Eivissa y Formentera, dando la complicación para cubrir algunas plazas docentes puede acabar siendo un coladero para que muchos profesores no tengan que acreditar conocimientos lingüísticos.
La propuesta aprobada por Marga Prohens por exigencia de Vox amplía además las exenciones lingüísticas total del catalán para determinadas categorías laborales básicas de la administración, como celadores, auxiliares o personal de mantenimiento. La ley también incluye cambios en el sistema de certificación lingüística. PP y Vox proponen rebajar de un 8 a un 7 la nota necesaria para obtener automáticamente los certificados B2 y C1 de catalán en ESO y Bachillerato, una medida que Vox defiende como una forma de flexibilizar el acceso a la función pública y evitar que el catalán actúe como “barrera” laboral.
Otra de las modificaciones más polémicas que incorpora la ley pactada por PP y Vox afecta directamente a los alumnos desplazados temporalmente a Baleares. Las enmiendas prevén ampliar las exenciones para que determinados estudiantes puedan quedar liberados de cursar o examinarse de catalán sin los límites temporales que existían hasta ahora. Sindicatos educativos y partidos de izquierdas han denunciado que esta reforma supone “el mayor retroceso lingüístico desde la etapa de José Ramón Bauzá.
En paralelo, PP y Vox también negociaron endurecer el acceso de los migrantes en situación irregular a determinadas ayudas públicas. La nueva normativa deja sin efecto el acceso automático a la llamada renta de emancipación a menores migrantes extranjeros cuando cumplan la mayoría de edad. A partir de ahora se les exigirá tres años de residencia o integración educativa. En paralelo, se han endurecido las condiciones para acceder ayudas sociales y, a partir de la aprobación de la norma, solo podrán recibir la Renta Social Garantizada las personas en situación de vulnerabilidad que acrediten residencia legal en las Islas en los últimos tres años. La renta estaba abierta ahora a personas vulnerables al margen de su tenían o no papeles.
El Govern balear deja sin ayudas sociales a los inmigrantes sin papeles
Todas estas medidas se han incorporado a una ley más amplia a través de enmiendas, lo que ha provocado una advertencia de los letrados, que avisan de una posible indefensión al resto de diputados porque no han podido presentar propuestas de modificación. Més y Més per Menorca se han negado a participar en las votaciones y han avisado de que presentarán un recurso de amparo al Tribunal Constitucional.
Este nueva pacto entre PP y Vox supone el fin tácito del acuerdo entre PP y Vox en Baleares, con las relaciones prácticamente rotas y con la imposibilidad de aprobar un nuevo presupuesto, que ya ha sido prorrogado este año. Las relaciones entre los dos partidos son estables, pero ambas formaciones dan por hecho que, a un año de las elecciones autonómicas, será imposible cerrar nuevos pactos.
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Buen análisis, ayuda a entender el contexto de la noticia.
Se agradece el rigor y las fuentes contrastadas.
Excelente trabajo de la redacción, como siempre.