El Gobierno y sus socios revisarán el reglamento para dar más encaje a los partidos minoritarios

La mayoría que sostuvo la investidura de Pedro Sánchez ha abierto este martes el camino para reformar las reglas para constituir grupo propio en el Congreso. Una de las piezas más sensibles del funcionamiento parlamentario. ERC, Junts, Podemos, Compromís y BNG han atado los apoyos necesarios que la Cámara tome en consideración una proposición destinada a flexibilizar los requisitos vigentes desde 1982, con el argumento de adaptar el reglamento a la “actual pluralidad política y territorial surgida de las urnas”.

La iniciativa, respaldada también por PSOE, Sumar y PNV frente al rechazo de PP y Vox, plantea rebajar del 5% al 3% el porcentaje mínimo de voto estatal necesario para constituir grupo parlamentario y reducir del 15% al 10% el umbral exigido en las circunscripciones en las que concurre una candidatura. 

La encargada de defender la propuesta ha sido la diputada de ERC Inés Granollers, que ha presentado la reforma como una medida orientada a reforzar la “calidad democrática” de la Cámara y la capacidad de representación y control de los grupos parlamentarios. A su juicio, el modelo vigente provoca que el acceso a grupo propio dependa en demasiadas ocasiones de la “discrecionalidad” de la Mesa del Congreso y de mayorías coyunturales. “Los derechos democráticos no pueden depender de acuerdos circunstanciales”, ha advertido antes de reivindicar que la modificación busca que “cada voto valga lo mismo”.

Otros parlamentos europeos, como los de Francia o Portugal, no exigen porcentajes mínimos para constituir grupo propio

Granollers ha defendido además que otros parlamentos europeos, como los de Francia o Portugal, no exigen porcentajes mínimos para constituir grupo propio y ha rechazado que la reforma suponga privilegio alguno. “Esto no va de privilegios; va de democracia”, ha resumido.

En una línea similar, la diputada de Compromís Águeda Micó ha sostenido que el Congreso continúa funcionando bajo parámetros “de un bipartidismo que ya no existe”. Mientras que, desde Podemos, Javier Sánchez Serna ha defendido que el cambio permitiría evitar el uso táctico del préstamo temporal de diputados entre partidos para garantizar la constitución de grupos propios y reduciría “la distancia entre la pluralidad del Parlamento y la pluralidad de la calle”.

“La plurinacionalidad nos fortalece a todos”, ha añadido el diputado de Sumar Alberto Ibáñez, que ha criticado “la vieja alternancia bipartidista” que inspiró la regulación actual porque, a su juicio, “empobrece los matices e invisibiliza la representatividad” de las formaciones minoritarias.

Desde el PNV, Mikel Legarda ha sostenido que la reforma permitirá “dar visibilidad a realidades subestatales regionales o nacionales” y evitará las “fórmulas complejas” a las que suelen verse abocadas las fuerzas pequeñas para poder constituir grupo propio. 

El PP tilda de “chantaje” una propuesta encaminada a “blindarse ante las próximas elecciones por la previsible pérdida de apoyo electoral” del bloque de la investidura

La respuesta más dura ha llegado desde la derecha más extrema. El diputado de Vox Ignacio Gil Lázaro ha denunciado las “mangarrufias” que, según ha afirmado, se han venido realizando durante años para conceder grupo parlamentario a partidos que no cumplían los requisitos reglamentarios. El PP ha compartido ese diagnóstico. José Antonio Bermúdez de Castro ha acusado a los socios del Ejecutivo de querer “adaptar las reglas del juego a sus intereses partidistas” y de intentar “blindarse ante las próximas elecciones por su previsible pérdida de apoyo electoral”. “Eso tiene un nombre: chantaje”, ha resumido.

Desde el PSOE, Joaquín Martínez Salmerón ha reivindicado la iniciativa como una mejora de la “calidad democrática de la Cámara” y de la “representación efectiva de millones de personas”, al considerar que los requisitos actuales ya no encajan con “la realidad política territorial de la España del siglo XXI”. El diputado socialista también ha replicado a Vox recordando que el PP recurrió igualmente en el pasado al préstamo temporal de diputados cuando lo necesitó.

Ese mecanismo ha sido precisamente uno de los elementos que han sobrevolado el debate parlamentario. Al inicio de esta legislatura, tanto ERC como Junts necesitaron recurrir a cesiones temporales de escaños para poder formar grupo propio. Cuatro diputados del PSC fueron prestados a Junts y dos de En Comú se integraron provisionalmente en ERC. Una vez que la Mesa del Congreso validó ambas operaciones gracias a la mayoría articulada por PSOE y Sumar junto a los independentistas, los parlamentarios regresaron a sus grupos de origen.

La posibilidad de disponer de grupo propio tiene importantes consecuencias políticas, económicas y organizativas. Garantiza voz diferenciada en los debates, presencia en órganos clave como la Junta de Portavoces o la Diputación Permanente, además de mayor capacidad de iniciativa parlamentaria y acceso a más recursos y subvenciones.

Los impulsores de la reforma sostienen que el reglamento del Congreso de 1982 ha quedado desfasado ante la evolución del sistema político y defienden que flexibilizar los requisitos permitirá reforzar el pluralismo parlamentario y trasladar con mayor fidelidad la diversidad expresada en las urnas. Sus detractores consideran, por el contrario, que el cambio responde a una nueva cesión de la mayoría gubernamental a sus aliados parlamentarios.