La sesión de control al Gobierno en el Congreso ha transcurrido este miércoles bajo una atmósfera de desgaste y excepcionalidad política marcada por la ausencia del presidente, Pedro Sánchez, desplazado a Roma para reunirse con el Papa León XIV, y por la entrada de agentes de la UCO en la sede federal del PSOE, en Ferraz por el caso Leire Díez. Todo ello apenas horas después de conocerse el aplazamiento de la citación judicial al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por el caso Plus Ultra, una demora de dos semanas que apunta a prolongar el bloqueo político y agranda la sensación de parálisis en el Ejecutivo. En ese contexto, el Gobierno ha intentado sostener su discurso de resistencia frente al creciente cerco judicial -“el camino no es rendirse, es pelear”, aseguraban ayer fuentes del Ejecutivo-, aunque el tono exhibido este miércoles en la Cámara Baja ha sido menos desafiante y mucho más contenido ante una ofensiva de la oposición que ha convertido la sesión en un monográfico sobre corrupción.
El encargado de asumir el grueso del desgaste ha sido el ministro de Economía y vicepresidente económico, Carlos Cuerpo. Con semblante serio y un tono deliberadamente sobrio, ha intentado contener los ataques del Partido Popular apelando a la “tolerancia cero” frente a cualquier comportamiento irregular, al “respeto a los procesos judiciales” y a la “presunción de inocencia”. También ha reivindicado la marcha de la economía española y el papel del Ejecutivo situando a España “en una posición de liderazgo en materia de crecimiento a nivel internacional”.
Pero el debate parlamentario hacía tiempo que había abandonado el terreno económico. Desde la primera intervención, la portavoz del PP, Ester Muñoz, se ha centrado en otros asuntos. “¿No se les cae la cara de vergüenza de tener que tragar con tanta corrupción?”. “No sabe lo difícil que es preguntarle”, le ha espetado a Cuerpo desde la tribuna, antes de añadir que “en estos momentos la UCO está registrando la sede del PSOE por financiación irregular”.
Los diputados populares han alterado sobre la marcha las preguntas que habían registrado previamente ante la Mesa del Congreso para adaptarlas a la evolución de los acontecimientos. El diputado del PP Jaime de Olano ha acusado al Ejecutivo de “callar”, de “no dar explicaciones”, de “no rendir cuentas” y de “no asumir responsabilidades”, mientras que el vicesecretario económico del partido, Juan Bravo, ha ido un paso más allá al reprochar a Cuerpo que permanezca “en silencio ante semejante estercolero de corrupción no es neutralidad, ni siquiera equidistancia, es complicidad”.
Llegado su turno, el ministro ha intentado inicialmente ceñirse al contenido original de las preguntas parlamentarias. “La pregunta original tenía que ver con si el Gobierno responde a las necesidades de los ciudadanos. Y sí, el Gobierno responde protegiéndoles ante shocks como la guerra de Irán y haciendo crecer la economía para así reducir las desigualdades”, ha replicado. Sin embargo, la imposibilidad de reconducir el debate hacia la agenda gubernamental ha terminado por evidenciar el clima político del momento. Tras varios intercambios broncos con la bancada popular, Cuerpo ha dado por concluida su intervención antes de agotar el tiempo reglamentario: “Este diálogo es absurdo. Doy la pregunta por contestada”.
En los pasillos del Congreso, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha aprovechado la jornada para insistir en su exigencia de elecciones anticipadas. “Estamos en una situación agónica, estamos poniendo en cuestión la decencia no solo del Gobierno o del Partido Socialista, sino que estamos empezando ya a tener riesgo de contagio”, ha advertido. “No queda más remedio que darle la palabra a los españoles de forma inmediata. No podemos más”.
También Vox ha endurecido su discurso. Su portavoz parlamentaria, Pepa Millán, ha sostenido que “la dimisión para este Gobierno sería una salida demasiado digna” y ha prometido trabajar para que el Ejecutivo “responda políticamente y penalmente por todo el daño hecho a los españoles”.
Pese a la presión creciente, en el entorno de Sánchez insisten en que la hoja de ruta no se moverá. El presidente mantiene intacta su intención de agotar la legislatura y descarta cualquier adelanto electoral. Pero el aplazamiento de la declaración de Zapatero, lejos de aliviar la situación, prolonga durante al menos dos semanas más una crisis política que ha empezado a impregnar toda la acción del Ejecutivo y que amenaza con convertir cada comparecencia parlamentaria en una nueva sesión sobre el caso Plus Ultra.
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Buen análisis, ayuda a entender el contexto de la noticia.
Se agradece el rigor y las fuentes contrastadas.
Excelente trabajo de la redacción, como siempre.