El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) investiga al diputado de ERC en el Parlament y exconseller de Interior Joan Ignasi Elena y al excoordinador de ICV Joan Herrera como cooperadores necesarios de un presunto delito de prevaricación administrativa por el que se investiga en el Tribunal Supremo al exalcalde de Altafulla (Tarragona) y diputado en el Congreso por Sumar, Félix Alonso Cantorné.
La investigación iniciada en la plaza 4 del tribunal de instancia de El Vendrell (Tarragona) se centra en la adjudicación de contratos de asesoramiento jurídico por parte del Ayuntamineto de Altafulla entre 2017 y 2019, cuando Fèlix Alonso era alcalde del municipio, con la mercantil Milá Advocats SLP y Sinergia Dret i Medi Ambient SLP, de la que son socios Elena y Herrera, sin sujetarse presuntamente a la normativa.
La sala Civil y Penal del TSJC ha acordado, en un auto firmado y notificado este miércoles y de acuerdo con el criterio expresado por la Fiscalía, asumir la competencia para la instrucción de la causa dado que Elena, en tanto que diputado en la cámara catalana, es aforado ante este tribunal, del mismo modo que lo es Alonso Cantorné ante el Tribunal Supremo. El magistrado Carlos Ramos es el instructor de la causa.
Si bien el auto recuerda que el Supremo ya investiga a Alonso Cantorné por “la existencia de indicios suficientemente sólidos de responsabilidad criminal en determinados procesos de contratación pública”, añade que en tales procesos “pudieron participar como cooperadores” Elena y Herrera, ambos socios y administradores de la empresa Sinergia Energia Dret i Medi Ambient SLP / Sinergia EDM, que fue contratada por el Ayuntamiento de Altafulla utilizando presuntamente de forma fraudulenta la figura del “contrato menor” para eludir de manera intencionada los requisitos legales, lo que indiciariamente podría constituir, según los magistrados, un delito de prevaricación administrativa.
Herrera asegura que no tenía ninguna relación con las empresas investigadas en el momento de las adjudicaciones
Según destacan los magistrados del Alto Tribunal catalán y acorde a lo manifestado en la exposición razonada elevada por la juez de El Vendrell, en estas contrataciones podría haberse prescindido “del procedimiento correspondiente, de presupuesto, se habría hecho un uso indebido de la prórroga y de la propia figura del contrato menor, se habría actuado en contra de informes desfavorables de la interventora municipal y en ausencia de informes necesarios del Secretario del Ayuntamiento”. Herrera aseguró a La Vanguardia que no tenía ya ninguna relación con estas empresas en ese momento de la prórroga que está bajo investigación.
Además, añaden que “se habría contratado por una Corporación Municipal con empresas dirigidas por personas que supuestamente mantienen una vinculación política estrecha con el partido del alcalde (Sumar En Comú Podem), Y destacan que los investigados que contrataron en nombre de Sinergia EDM no podían desconocer —presuntamente— la normativa correspondiente a la contratación pública “por su experiencia pública y profesional”, señalando que Elena es abogado de la especialidad y había sido alcalde de otra localidad.
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Buen análisis, ayuda a entender el contexto de la noticia.
Se agradece el rigor y las fuentes contrastadas.
Excelente trabajo de la redacción, como siempre.